Un total de 427 sanciones fueron impuestas a agentes de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana entre 2018 y 2021, según el Ministerio del Interior. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Alicante formuló una solicitud de transparencia para obtener los expedientes disciplinarios ante el “excesivo rigor” con que se sanciona a los agentes valencianos. Alicante es la primera provincia con más sanciones, con 193 expedientes instruidos; seguida de Valencia, con 176, y Castellón con 68.
“De no ser por la efectividad de nuestros servicios jurídicos que, en la gran mayoría de los casos logran finalmente revertir las consecuencias de esos expedientes, provocarían graves perjuicios a nuestros afiliados y afiliadas”, sostiene la AUGC.
“Queda patente”, agrega la asociación, el “uso arbitrario y la dureza con la que la cúpula de mando somete a los agentes”. La gran mayoría de estos expedientes, según la AUGC, recaen en la escala básica de cabos y guardias, “frente a conductas que, si bien en ocasiones pudieran ser reprochables, no son merecedoras del castigo impuesto”.
Además, el mayor rigor disciplinario “vulnera el principio de legalidad y tipicidad, según se reconoce en las diversas sentencias del Tribunal Militar Central que a diario son notificadas” a los servicios jurídicos de la AUGC, que considera que queda demostrado con los datos oficiales de sanciones: “273 de esos expedientes se instruyeron por faltas graves o muy graves, frente a los 164 que lo fueron por faltas leves”, explica.
La asociación recuerda, tal como informó este diario, la llamativa diferencia entre las sanciones impuestas en la Policía Nacional y el instituto armado. En la Policía Nacional hubo 1.659 sanciones entre 2006 y 2015 mientras que en la Guardia Civil la cifra de sanciones por faltas graves o muy graves se dispara hasta las 4.794, según un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco). El organismo pidió revisar el régimen disciplinario de la Guardia Civil para reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad.
Código Penal Militar por cuestiones laborales
La AUGC critica que los agentes carecen del derecho de sindicación y se les aplica “con excesiva dureza” el régimen disciplinario. “Incluso en casos más graves pueden llegar a ser privados de libertad en aplicación del Código Penal Militar por cuestiones meramente laborales”, agrega.
La asociación sostiene que los agentes del instituto armado son “el patito feo” de las Fuerzas de Seguridad del Estado, “ya que a día de hoy carecen de turnos de trabajo rotatorios que permitan una mejor conciliación familiar, trabajan más horas que cualquier otro cuerpo policial, incluso hasta 150 horas más que los agentes de Policía Nacional, y carecen de complementos por turnicidad y territorialidad”.