Blocus: València no es un botín
Detrás de cada escaparate de València hay mucho más que mercancía. Hay negocios que suben la persiana cada mañana, familias que dependen de la caja del día y trabajadores para quienes una jornada perdida es un problema real. Todo ese esfuerzo puede venirse abajo en los pocos segundos que alguien tarda en romper un cristal. Y los daños no se barren con los cristales: se quedan en las reparaciones, en las pérdidas y en la incertidumbre de quien tiene que volver a abrir al día siguiente. Conviene recordarlo ahora que circulan llamamientos bajo el nombre de Blocus.
Blocus deriva de la palabra bloquer, «bloqueo», en francés, es la etiqueta que comparten varios perfiles digitales dedicados a difundir convocatorias juveniles. Funcionan con vídeos, carteles y mensajes en redes sociales que derivan a grupos de mensajería, donde se reparten lugares de encuentro, horarios y propuestas de actuación. No consta una dirección única para todo el fenómeno, pero no hace falta una estructura jerárquica para que algunos mensajes inquieten. El problema empieza cuando la conversación deja de expresar descontento y pasa a presentar el saqueo, los destrozos o las agresiones como algo aceptable. Investigar esas conductas es necesario; extender la sospecha a toda una generación sería injusto.
En València, esa inquietud llega en una fecha especialmente sensible. El 31 de octubre está convocada la manifestación del segundo aniversario de la DANA, que reunirá a quienes quieren recordar a las víctimas y exigir responsabilidades. Los llamamientos atribuidos a Blocus apuntan a ese mismo día y a la misma hora, aunque en puntos distintos de la ciudad. Conviene decirlo sin rodeos: son convocatorias independientes, con promotores, participantes y fines que nada tienen que ver entre sí. Ni una es respuesta a la otra, ni la marcha de las víctimas tiene por qué cargar con lo que otros puedan hacer.
Lo que sí debe tenerse en cuenta es la aritmética. Que ambas coincidan en fecha y hora multiplica el número de personas que estarán en la calle al mismo tiempo: más desplazamientos, más presión sobre el transporte y los accesos, más puntos que vigilar y menos margen para que los servicios de emergencia lleguen a tiempo si algo se tuerce. El riesgo no nace de ninguna relación entre las dos movilizaciones, porque no la hay, sino de la escala. Cuanta más gente se mueve a la vez por la ciudad, más difícil resulta prevenir, detectar y contener cualquier incidente, y más graves pueden ser sus consecuencias. Esa es la variable que deben valorar quienes diseñan el dispositivo.
Esa preocupación ya no es una hipótesis en València. La Policía Nacional detuvo el miércoles 28 de octubre a un joven de 17 años como presunto creador y administrador de dos canales de mensajería bajo el nombre «Blocus Vlc», abiertos a comienzos de esa misma semana. Según la Jefatura Superior de Policía, desde ellos fijaba la fecha y la hora de los asaltos, señalaba comercios del centro de la ciudad, daba indicaciones sobre cómo actuar y animaba a difundir los grupos para sumar participantes; incluso se llegó a plantear provocar incendios para distraer a los agentes. Uno de los canales superó los 400 usuarios. Ambos han sido cerrados, la Fiscalía de Menores ha acordado su internamiento cautelar y la investigación continúa. Se le atribuyen delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos y delitos contra el patrimonio, además de pertenencia a grupo organizado. Es menor de edad y le ampara la presunción de inocencia, pero el caso demuestra que una convocatoria nacida en un grupo de mensajería puede tener un recorrido muy real.
A esa detención se suma el recurso de los Mossos d’Esquadra al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para pedir la retirada de canales que incitan a delinquir. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuenta con una unidad especializada en contenidos ilícitos en internet. Ambas actuaciones dan peso institucional a la preocupación policial y dejan claro que difundir estos llamamientos tiene consecuencias. Pero tampoco conviene sobredimensionarlas: no convierten a Blocus en una organización terrorista ni prueban que detrás de todos los perfiles que usan ese nombre haya una red coordinada. La respuesta debe ajustarse a las evidencias: ni banalizarlas ni inflarlas.
En las zonas donde se identifique un riesgo, anticiparse puede ser tan sencillo como retirar temporalmente del escaparate los objetos valiosos y fáciles de llevar, reducir el efectivo en caja y comprobar cierres, alarmas y cámaras. Son precauciones proporcionadas, no una invitación a bajar la persiana sin motivo ni a vivir pendientes de cada rumor. También conviene explicar al personal cómo actuar y mantener despejadas las salidas: con tanta gente en la calle, ninguna medida de protección debe acabar dificultando la evacuación de trabajadores o clientes.
Si pese a todo se produce un ataque, la protección de las personas debe prevalecer sobre la de la mercancía. No enfrentarse a los agresores, no perseguirlos y no exponerse para conseguir una grabación son decisiones que pueden evitar que un daño material acabe en tragedia. Lo prioritario es ponerse a salvo y llamar al 112 desde un lugar seguro. Después habrá tiempo para conservar las imágenes de las cámaras, documentar los desperfectos y denunciar, procurando no alterar posibles pruebas.
València tiene que poder vivir esa jornada sin verse obligada a elegir entre recordar a sus víctimas, mantener abiertos sus negocios y disfrutar de sus calles. Prevenir consiste precisamente en hacer compatibles esos derechos. Detrás de cada escaparate hay una historia de trabajo que merece protección, igual que detrás de cada pancarta hay personas que merecen ser escuchadas. Ninguna protesta da derecho a destruir lo primero, y ninguna amenaza debería silenciar lo segundo. València no es un botín: es una ciudad que tiene derecho a seguir viviendo sin miedo.