De cerrar la Agencia del Cambio Climático a urbanizar en zonas inundables: las políticas negacionistas del PP y Vox pese a la dana
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Ni la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 233 fallecidos ni la reciente Adam que dejó otros cuatro en el litoral de Valencia y Alicante parecen haber modificado las políticas negacionistas con el cambio climático impulsadas por el Gobierno valenciano, con Carlos Mazón primero como presidente y con Juan Francisco Pérez Llorca en la actualidad. Ambos han asumido así el discurso y los postulados de Vox contra todo lo relacionado con la agenda verde para lograr sacar adelante apoyo los presupuestos autonómicos.
El carrusel de medidas y de modificaciones legislativas tanto urbanísticas como ambientales dirigidas a facilitar la actividad económica, el turismo y la construcción incluso en suelo protegido o inundable ha sido frenético en los últimos tres años.
Una de las primeras medidas que adoptó el Ejecutivo de Mazón pocos meses antes de la dana de hace dos años fue la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias creada a nivel normativo por el Gobierno del Botánico a la espera de dotarla de estructura y contenido como herramienta para hacer frente a catástrofes como incendios o inundaciones.
El mismo día de la trágica riada cuyo impacto, según los expertos, se vio amplificado en un 20% por el cambio climático, populares y ultras pactaron reducir el límite de distancia para poder construir hoteles en la costa, pasando de los 500 metros aprobados por el anterior ejecutivo de izquierdas a 200 metros. El pacto se ratificó semanas después en las Corts.
Además, se aprobaron diversas modificaciones de la Ley de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana encaminadas a eliminar tasas e impuestos verdes vinculados a las emisiones contaminantes. En concreto, se anunció la supresión de tres tributos sobre las emisiones de CO2 de vehículos, emisión de gases contaminantes y grandes establecimientos comerciales. Solo a la energía nuclear se le perdonan 14 millones en tributos.
También se aprobó la eliminación de la Agencia del Cambio Climático creada por el Gobierno del Botánico cuyo objetivo era entre otros, establecer fórmulas de mitigación y adaptación, algo clave para prevenir episodios como las últimas danas. El organismo debía proponer y evaluar las políticas climáticas y de los planes de acción sectoriales, así como analizar periódicamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y los mercados de carbono; la vulnerabilidad de los recursos y los sistemas naturales, los sectores económicos y los territorios a los impactos del cambio climático y evaluar el grado de implantación de las políticas en materia de cambio climático.
Ley de Huerta, del Suelo o de Costa: más facilidades para urbanizar
En febrero de 2025, con la zona cero de la dana aún en plena recuperación, el Consell aprobó el decreto ley por el que se modificó la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València. El nuevo texto legal suprimió los mecanismos más proteccionistas que incluía la normativa original aprobada por la izquierda con la excusa de la dana, en concreto, el Consell de l'Horta y el carácter vinculante de los informes sobre los proyectos a ejecutar.
La asociación Per l'Horta denuncia que la reforma de la ley comporta la desprotección de la tercera parte de la huerta protegida durante el Gobierno del Botánico por la Ley de l'Horta de València: “Pretende facilitar la urbanización de un total de 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida repartidas en quince pueblos”.
También la nueva Ley Valenciana del Suelo que se tramita por la vía de urgencia permite, entre otras cuestiones, implantar en suelo no urbanizable común determinados usos industriales, productivos, terciarios, turísticos y de servicios mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC) cuando no estén expresamente prohibidos por el planeamiento y concurran las condiciones legales. Las mismas actividades se podrán implantar aunque el suelo esté protegido, aunque cumpliendo determinados condicionantes.
En cuanto a la nueva Ley Valenciana de Costas, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el Gobierno de forma que tumba los preceptos clave con los que la Generalitat pretendía amparar la conservación de las históricas edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuyas órdenes de derribo acumulaban resoluciones judiciales firmes y se encontraban pendientes de ejecución.
Además, ha declarado inconstitucional y nula de pleno derecho la disposición adicional cuarta. Dicho apartado permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados dentro del dominio público. Los magistrados argumentan que esta facultad invade las competencias exclusivas del Estado, al que compete en exclusiva determinar qué superficies forman parte de dicho dominio, así como decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
Planes urbanísticos en zonas inundables
Entidades ecologistas y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) surgidos tras la dana del 29 de octubre de 2024 han denunciado que tras el paso de Adam y dos años más tarde de la riada que dejó 233 fallecidos, hay veinte macroproyectos de construcción en cinco millones de metros cuadrados en l'Horta Sud y la Hoya de Buñol al tiempo que han pedido una prórroga inmediata hasta que existan estudios hidrogeológicos independientes, evaluación de la capacidad de carga de los servicios y una participación ciudadana vinculante.
Por ejemplo, según han afirmado, en municipios como Albal, Picanya, Silla, Torrent y Cheste se prevén ampliaciones del suelo logístico e industrial. En Massanassa (l'Horta Sud), denuncian una nueva zona residencial y una nueva fábrica y en Alaquàs un nuevo centro logístico inaugurado este 2026. Todo ello, para los CLER, supone más presiones sobre el territorio, un sellado del suelo que perderá de capacidad de absorción. En esta misma línea, ponen en el foco nuevas promociones de vivienda en Picassent o en Xirivella. En este segundo caso, el Gobierno valenciano prevé autorizar 4.000 viviendas en la huerta protegida de Xirivella que se inundó en la dana.
Los CLER cuestionan también el Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción del barrio de La Torre (Valencia), que incluye la construcción de 1.206 viviendas de protección pública y 7.000 metros cuadrados de equipamiento público y un nuevo centro de salud. Según explican, aunque las administraciones defienden que los edificios se elevarán y se prescindirá de aparcamientos subterráneos para adaptarlos al riesgo de inundaciones, la construcción de más de 1.200 viviendas en una zona cero de la dana supone una ocupación de suelo en un área hidrológicamente crítica, contradiciendo las recomendaciones de no urbanizar espacios.