El pasado 3 de enero, después de que la mesa de edad del Ayuntamiento de Orihuela no permitiera la votación de la moción de censura planteada por el grupo municipal popular y dos ediles independientes (CLr), el President de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que el PP denunciaría por “prevaricación” a quienes impidieron el cambio de gobierno -actualmente lo forman Els Verds y el PSPV- por ir “en contra” del informe del secretario municipal que apuntaba que la moción era “valida”.
Posteriormente fue la edil socialista Carolina Gracia, miembro de la mesa de edad 'amenazada' por Fabra, quien anunció que iniciaría acciones judiciales contra el Jefe del Consell si éste no rectificaba sus declaraciones. Pues bien, este martes concluía el acto de conciliación previo a la demanda sin acuerdo entre las partes.
El juzgado de primera instancia número 19 de Valencia ha acogido acto de conciliación, al que ha acudido Gracia y el letrado del President, quien ha defendido que las declaraciones de Fabra “en modo alguno” podían ser consideradas injuriosas o calumniosas, que se realizaron “en clave política”, así como que “faltan elementos constitutivos de delito” al estar fundamentadas en un informe jurídico del secretario municipal.
Así, al no alcanzar un acuerdo, la edil socialista seguirá adelante en su decisión de demandar al jefe del Consell. Los socialistas, en palabras de José Manuel Orengo, secretario de Relaciones Institucionales del PSPV, calificó las declaraciones de Fabra de “obscenas”, además de añadir que estaban “cansados de tanta amenaza” del PP, que “intenta subvertir la legalidad con este tipo de intimidaciones”.