La jueza procesa al teniente coronel acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil
La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. El auto, dictado por la jueza Elisa Fort, considera que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, orquestó una presunta “red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública” del Instituto Armado.
La resolución alude a la “adjudicación reiterada” a firmas vinculadas al empresario Carlos G. M. (con quien el teniente coronel mantenía una relación de amistad); al “fraccionamiento indebido” de facturación para eludir controles administrativos; a la emisión de facturas con “importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados”, y la inclusión de partidas “no realizadas o sobredimensionadas”.
La instructora reseña los informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que cuantificaron sobrecostes de hasta un 188,15% y que descarta que se trate de meras desviaciones técnicas o errores contables aislados. Antifraude, según recuerda la jueza, concluyó que se trataría de una “dinámica reiterada y estructural”.
“Las facturas objeto de análisis presentan de propósito deficiencias en la descripción y una vaguedad e indeterminación de los trabajos a realizar, así como el lugar concreto donde efectivamente se desarrollan los trabajos”, afirma la jueza.
Además, las empresas adjudicatarias eran “recurrentes”, con “vinculación personal” con Miguel Ángel E. T., “participando durante los contratos adjudicados de obra pública, en la construcción y acondicionamiento de viviendas particulares de investigado”, apostilla el auto.
El auto destaca el uso de los fondos supuestamente desviados para la adquisición y reforma de tres viviendas del teniente coronel en la localidad de Siete Aguas.
La jueza ha procesado al teniente coronel, a su esposa, a José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y a siete administradores de empresas, entre otros.
El principal procesado declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes en las obras analizados por Antifraude. Por su parte, Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el teniente coronel interventor lideraba una presunta trama de “corrupción sistémica”, tal como informó este diario.