INVESTIGACIÓN
La red corrupta de un teniente coronel condecorado: fondos públicos de la Guardia Civil desviados a su bolsillo
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La presunta trama corrupta orquestada en el seno de la Guardia Civil por un teniente coronel perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención se aprovechó, mediante una red de empresarios afines, de las debilidades internas de la burocracia del Instituto Armado para desviar al bolsillo del uniformado fondos públicos de obras en cuarteles, con fuertes sobrecostes, contratos fraccionados sistemáticamente y facturas hinchadas artificialmente. El teniente coronel adquirió posteriormente viviendas ruinosas para reformarlas con las mismas mercantiles contratistas y venderlas posteriormente. La presunta red fue desarticulada gracias a las sospechas iniciales de un sargento primero de la Guardia Civil, que detectó una llamativa divergencia entre los trabajos facturados y el estado de las obras ejecutadas, y la confesión posterior del albañil que subcontrataba el principal empresario investigado, que confirmó la amistad de más de tres décadas entre el adjudicatario y el teniente coronel Miguel Ángel E. T.
El Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de València halló “indicios sólidos de corrupción interna” y transfirió las diligencias a Asuntos Internos, el servicio que se encargó de seguir con las pesquisas sobre la presunta red codo con codo con la Fiscalía Anticorrupción.
El uniformado, jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, usó el “vector crítico de vulnerabilidad institucional” que supone el ámbito de la contratación pública, “especialmente susceptible a prácticas corruptas”, según indica un informe de Asuntos Internos del que ha informado elDiario.es. Miguel Ángel E. T. vio una ventana de oportunidad en el “ecosistema de gestión centralizado” de los adelantos de caja fija, bajo su control como jefe de la UGE, maximizando así la “promiscuidad” en las funciones administrativas y creando “redes de confianza que, torticeramente usadas, permitieron el encubrimiento de irregularidades”, afirma Asuntos Internos.
El teniente coronel investigado, doctor en Derecho con una tesis sobre las sanciones privativas de libertad en la Administración militar (especialmente en el Instituto Armado) fue condecorado en 2013, cuando era comandante, con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
Los investigadores contaron con el auxilio judicial de la Agencia Valenciana Antifraude, que elaboró informes periciales sobre los tremendos sobrecostes en las obras ejecutadas en varios cuarteles (en algunos casos de hasta un 348%) y que detectaron incluso “puertas inexistentes”, entre otros desmanes.
Una empresa adjudicataria sin empleados
Una de las principales empresas implicadas en la trama (Destino Empresarial SL, vinculada al investigado Carlos G. M., que servía de “vehículo” de los trapicheos de su amigo teniente coronel) declaraba apenas un empleado, según consta en sus últimas cuentas depositadas ante el Registro Mercantil, a pesar de ser receptora de numerosos contratos públicos adjudicados directamente por Miguel Ángel E. T. como jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil.
Carlos G. M. recibió el 82% de los ingresos totales de dos de sus empresas“exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado. Desde 2008, ingresó 952.664,89 euros en adjudicaciones públicas de la Guardia Civil.
La causa, a cargo de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, ha logrado acreditar que el teniente coronel adquirió tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, reformadas por los mismos empresarios a los que adjudicaba contratos para obras en cuarteles.
Un empresario con dos pistolas ilegales
Por otro lado, en el registro de la vivienda de uno de los empresarios imputados, los investigadores hallaron una pistola Star del calibre nueve milímetros largo y una semiautomática Smith&Wesson de nueve milímetros Parabellum, así como munición, ambas sin licencia alguna.
El empresario, tal como informó este diario, alcanzó un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal y aceptó una pena de seis meses de prisión.