El juicio por Grand Coral de Banco de Valencia comienza con conformidad de varios acusados
El juicio por el proyecto de Banco de Valencia en México, la operación Grand Coral, que causó un perjuicio estimado de 750 millones de euros, ha comenzado este lunes con la conformidad de varios acusados, entre ellos el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra y los empresarios Ferri Guardiola y Baldó Llorens.
A la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) han acudido hoy la mayoría de los 48 acusados, a los que la Fiscalía Anticorrupción atribuía inicialmente delitos de apropiación indebida y blanqueo.
Sin embargo, el ministerio público ha alcanzado acuerdos de conformidad con Parra, Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens (propietarios de la cadena Sandos), y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo; y por dilaciones indebidas ha retirado los cargos contra otros cuatro acusados.
La investigación de Grand Coral se inició a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales de 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009 que pudieron ocasionar un “menoscabo patrimonial” al tener que provisionar “una parte muy importante” de estos préstamos.
El auto de procesamiento, que data de 2018 -la instrucción comenzó en 2015-, señalaba delitos de administración desleal y blanqueo por parte de los procesados, que habrían causado un presunto perjuicio de 750 millones de euros.
Los administradores de las entidades, como “financiadores”, favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, a Ferri y Baldó, promotores de un proyecto que requirió de inversiones muy diversas y de “enorme magnitud económica”.
Entre las operaciones sospechosas se sitúan el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, que se saldó con una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita que se indemnice a Bankia -hoy CaixaBank- con 156,5 millones de euros, y detalla el modus operandi de la trama, en la que Juan Poch localizaba y concertaba opciones o promesas de compraventa sobre terrenos en México a precios reducidos.
Posteriormente, Poch enajenaba estos derechos de compra o participaciones al Grupo Grand Coral a precios enormemente inflados mediante comisiones de gestión ficticias, opciones de compra o prima de emisión.
Para lo cual, según el escrito, se empleó un entramado de sociedades matriz en Holanda (Sugar Toys/Riviera Maya Investments BV, Portuna BV, Varamitra, Inquam Denmark BV) que controlaban las filiales operativas mexicanas.
Además, para el desvío y reparto de plusvalías ilícitas se usaron cuentas y sociedades en Suiza, Panamá, Andorra (Andbank, BPA) y Anguilla.
De este modo, para el ministerio público Bancaja y Banco de Valencia actuaron de facto como socios capitalistas asumiendo todo el riesgo financiero mediante créditos abusivos, con falta de tasaciones reales, concesión de préstamos de libre disposición para pagar propios intereses y sobreprecio en las compras.
La Fiscalía sitúa el quebranto patrimonial y económico provocado a Bancaja y Banco de Valencia en el 100 % de la inversión y financiación otorgada, valorado en un total aproximado de 750 millones de euros; los préstamos concedidos acumulados al Grupo Grand Coral superaron los 1.768 millones de dólares estadounidenses.