Marzà reclama en Bruselas activar la cláusula de salvaguardia ante el aumento del 117% de las importaciones de pequeños cítricos de Sudáfrica
Vicent Marzà, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para reclamar la activación de la cláusula bilateral de salvaguardia prevista en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países de la SADC, ante el fuerte incremento de las importaciones de pequeños cítrico procedentes de Sudáfrica.
Esta iniciativa llega para denunciar una evolución especialmente preocupante de la entrada de estos productos en los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña europea. Y es que el aumento de las importaciones comunitarias de pequeños cítricos sudafricanos ha pasado, de 78.170 toneladas en la campaña 2020/21 a 169.904 toneladas en la 2025/26, (hasta el mes de julio) según datos oficiales del Ministerio de Agricultura español.
Esto supone un incremento del 117%, en solo cinco campañas y consecuencias muy graves para los productores y productoras valencianos como la presión sobre los precios en origen y la dificultad para comercializar las variedad más tempranas.
El impacto se produce, además, en un sector que hace años que pierde capacidad productiva. La Comunitat Valenciana ha perdido 16.334 hectáreas de mandarino desde 2015, una muestra del retroceso de la citricultura y de las dificultades para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.
“El problema es que la Unión Europea está abriendo cada vez más su mercado sin evaluar qué pasa cuando varios acuerdos comerciales presionan al mismo tiempo un sector tan sensible como el citrícola.
No podemos continuar firmando acuerdos con Sudáfrica, Egipto o Mercosur y preguntando después a nuestros labradores y labradoras que asuman solos las consecuencias, ignorando el efecto que todos estos acuerdos en conjunto tienen sobre nuestros productores“ afirma el eurodiputado.
El artículo 34 del Acuerdo UE-SADC prevé la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia cuando el aumento de las importaciones provoco o amenazo de provocar perjuicios graves a los sectores productivos, perturbaciones económicas o alteraciones en los mercados de productos agrícolas, que, según los datos oficiales, es el escenario actual.
Entre las medidas previstas se encuentran la suspensión de nuevas reducciones arancelarias, el incremento de los derechos de aduana o el establecimiento de contingentes arancelarios. Así como adoptar medidas provisionales cuando cualquier demora pueda causar daños difíciles de reparar. Estas medidas pueden mantenerse durante un máximo de 180 días en el caso de la Unión Europea.
Por eso Marzà pregunta a la Comisión si considera necesario activar este mecanismo ante la evolución de las importaciones sudafricanas, qué actuaciones y qué calendario prevé para evaluar la situación y si está dispuesta a adoptar medidas provisionales urgentes mientras se tramita el procedimiento.
“Las cláusulas de salvaguardia de los acuerdos comerciales están para proteger los productores cuando el funcionamiento del mercado amenaza su actividad. Si los datos muestran un crecimiento tan importante de las importaciones y el sector está perdiendo capacidad productiva, la Comisión tiene que evaluar la situación y actuar sin esperar que desaparezcan más explotaciones” defiende Marzà.
La pregunta parlamentaria se enmarca en un ciclo de movilizaciones del sector agrario que ha recorrido España y Europa desde principios de 2024. Las organizaciones agrarias y las cooperativas valencianas protagonizaron entonces un calendario conjunto de protestas en Alicante, Castelló y València para denunciar la falta de rentabilidad, la presión de los costes, la entrada de productos de terceros países y la ausencia de reciprocidad en los acuerdos comerciales. Por otro lado, la inclusión de los cítricos entre los productos contemplados en el mecanismo de salvaguardia agrícola del acuerdo con Mercosur demuestra, además, que la misma Unión Europea reconoce la necesidad de vigilar el impacto de las importaciones sobre determinadas producciones europeas.
El rechazo en el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, los recortes de la Política Agraria Común, la burocracia y la falta de soluciones para el campo han estado entre los principales motivos de las protestas. Para Marzà, el problema no se limita al volumen de producto que entra en el mercado, sino también en el momento en que lo hace.
“La estacionalidad es fundamental para nuestros productores y productoras. Si las importaciones coinciden con el inicio de la campaña valenciana y llegan en cantidades que presionan los precios en origen, se está perjudicando precisamente aquellos que generan ocupación, actividad económica y mantienen vivo nuestro territorio. Los acuerdos comerciales no pueden ignorar los calendarios agrícolas ni las consecuencias que tienen sobre las explotaciones” concluye.