Cuando el monte ya arde

Está siendo un verano terrible. El fuego vuelve a recorrer la geografía española y también buena parte del mundo, y ahora mismo lo tenemos demasiado cerca, en la Vall d’Uixó y en la Serra d’Espadà. Cambian los lugares, la intensidad y las circunstancias, pero se repite una sensación difícil de esquivar: volvemos a hablar del monte cuando ya está ardiendo, cuando el humo se ve desde kilómetros y cuando la única prioridad posible es proteger vidas, viviendas y territorio.

En esos momentos, los bomberos forestales se convierten, con toda justicia, en los héroes de cada jornada. Avanzan hacia donde los demás se alejan y trabajan en condiciones que muchas veces resultan difíciles de imaginar desde la distancia. También lo hacen la UME, agentes medioambientales, pilotos, técnicos, fuerzas de seguridad, servicios sanitarios y tantas personas que forman parte de unos operativos cada vez más preparados para enfrentarse a incendios también cada vez más extremos.

Sin embargo, reconocer su trabajo no debería impedirnos mirar un poco más atrás. No unas horas antes del incendio, sino meses e incluso años. Porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar ante la emergencia, pero seguimos teniendo enormes dificultades para anticiparnos a ella. Quizá esa sea, en el fondo, nuestra manera de llegar siempre tarde.

La política presupuestaria explica bastante bien esta contradicción. Destinar recursos a la extinción resulta indiscutible porque el peligro está delante, es visible y exige una respuesta inmediata. Mucho más difícil es defender una inversión preventiva cuyos resultados no podrán mostrarse al final del ejercicio ni cabrán fácilmente en una fotografía. La prevención requiere continuidad, conocimiento y una mirada que vaya más allá del verano siguiente y, por supuesto, de la próxima convocatoria electoral.

Hace algunos años, durante los gobiernos del Botànic, una consellera se atrevió a plantear que el presupuesto destinado a la prevención debía ser equiparable al de la extinción. La propuesta no encontró precisamente un “bravo” sino tantas resistencias que prácticamente la tildaron de utópica e inviable. Más allá de nombres y partidos, aquel episodio reflejó una cultura política muy arraigada: aceptamos sin demasiadas dudas el enorme coste de combatir un incendio, pero nos cuesta muchísimo más asumir el coste de gestionar el territorio antes de que aparezca la primera llama.

Y no se trata de enfrentar prevención y extinción, como si una tuviera que crecer a costa de la otra. Las dos son imprescindibles. La cuestión es por qué una continúa recibiendo la épica, la atención y, con frecuencia, el peso político, mientras la otra permanece en un segundo plano pese a que todos afirmamos que es fundamental.

A esa falta de perspectiva se suma una idea tan extendida como desafortunada: que los montes están sucios y hay que limpiarlos. Se repite cada verano con una seguridad sorprendente, como si el monte fuera un solar abandonado o un jardín al que no ha acudido el jardinero durante el invierno. Pero el monte no está sucio. El monte se gestiona.

Gestionarlo significa conocer cada territorio y actuar de acuerdo con sus características. Significa realizar trabajos forestales, recuperar aprovechamientos, favorecer la ganadería extensiva allí donde sea posible, utilizar la biomasa, mantener caminos y áreas estratégicas y conservar un mosaico de usos que dificulte la propagación de los grandes incendios. No consiste en retirar indiscriminadamente la vegetación, ni puede reducirse a una campaña de desbroce antes del verano. Es una labor constante y mucho más compleja que ese aparentemente sencillo “hay que limpiar el monte”.

También convendría recordar un dato que poca gente conoce: más del 65 % del terreno forestal se encuentra en manos privadas. Hablamos del monte como un patrimonio común —y ambientalmente lo es—, pero una parte mayoritaria pertenece a personas que, en muchos casos, no obtienen ningún rendimiento de esas propiedades y difícilmente pueden asumir por sí solas el coste de mantenerlas.

También convendría recordar un dato que poca gente conoce: más del 65 % del terreno forestal se encuentra en manos privadas

Si consideramos estratégica la gestión de ese territorio, ¿por qué no llegan con mayor facilidad las ayudas? ¿Por qué no existen políticas públicas más ambiciosas, estables y accesibles que acompañen a los propietarios? No parece razonable reclamarles que realicen una tarea de interés general mientras se les deja prácticamente solos ante la burocracia, los costes y la ausencia de rentabilidad. La prevención también consiste en conseguir que cuidar el monte sea viable.

Tampoco ayuda que esta política pierda peso dentro de la propia Administración. Después de contar durante las dos legislaturas anteriores con una Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, resulta difícil entender que una materia tan decisiva haya quedado con los actuales gestores entremezclada e indefinida. Las estructuras administrativas no apagan incendios por sí mismas, pero sí revelan las prioridades de un gobierno. Si la prevención es verdaderamente estratégica, debería reconocerse también en el organigrama, en los equipos y en los presupuestos. Y sin trampas ni solo arreglo de caminos.

Porque tampoco podemos continuar tratando el cambio climático como una cuestión de fe o una simple disputa ideológica. Los periodos de riesgo son más largos, las temperaturas extremas se repiten y los incendios adquieren comportamientos que ponen al límite cualquier capacidad de extinción. Y resulta especialmente preocupante que quienes niegan o relativizan esa realidad tengan ahora responsabilidades directas sobre la prevención de incendios en la Generalitat Valenciana. Se puede discutir sobre las medidas, los tiempos o los presupuestos, pero es difícil diseñar una política eficaz si se niega el escenario en el que debe aplicarse.

Nadie puede prometer que dejarán de producirse incendios. Sería tan ingenuo como irresponsable. El fuego ha formado parte históricamente de nuestros paisajes y seguirá formando parte de ellos. Lo que sí podemos decidir es cómo queremos convivir con esa realidad y qué capacidad tendrá el territorio para resistirla. No aspiramos a un monte en el que nunca ocurra nada, sino a reducir la frecuencia, la extensión y la violencia de los grandes incendios, que ya no pueden ser controlados únicamente con más medios de extinción.

Si de verdad hemos aprendido algo, esa convicción debería empezar a notarse también en los presupuestos

La buena noticia es que no partimos de cero. Sabemos que una gestión forestal continuada reduce riesgos; que ayudar a los propietarios facilita el cuidado del territorio; que la ganadería extensiva y los aprovechamientos forestales pueden construir paisajes más resistentes; que los parques naturales necesitan equipos técnicos estables, y que las políticas de prevención no pueden aparecer y desaparecer al ritmo de las legislaturas. No nos faltan diagnósticos ni conocimiento.

Si de verdad hemos aprendido algo, esa convicción debería empezar a notarse también en los presupuestos. Solo entonces podremos decir que no nos limitamos a reaccionar mejor cada verano, sino que estamos aprendiendo, por fin, a llegar antes.