La escuela no necesita comisarios ideológicos
El 11 de agosto entró en vigor en la Comunitat Valenciana una norma que merece una respuesta democrática firme. Escondida entre las numerosas modificaciones de una ley de medidas fiscales y administrativas, la reforma encarga a la Inspección Educativa vigilar que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan al margen de «cualquier tipo de adoctrinamiento». Al mismo tiempo, establece que los equipos directivos, el profesorado y los consejos escolares deben velar por la «neutralidad ideológica» de los contenidos, las actividades, los libros de texto y las intervenciones de personas externas. Además, abre un canal para comunicar a la Administración posibles casos de adoctrinamiento, que la Inspección deberá valorar en un plazo orientativo de diez días hábiles. Así se crea un mecanismo específico para trasladar al ámbito educativo una sospecha ideológica que puede afectar a cualquier actividad, material o decisión pedagógica.
Hay una realidad que desmonta esta propaganda. La neutralidad ideológica de los centros públicos no la ha descubierto ahora el Consell. Está recogida en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación desde 1985. La Inspección ya podía supervisar la práctica docente, los proyectos educativos, los materiales y el cumplimiento de las leyes. Si un docente realizara propaganda partidista o tratara de imponer una determinada creencia, existían instrumentos suficientes para investigar los hechos y actuar. No había ningún vacío legal que cubrir. Lo que hace esta reforma es dar cobertura al discurso de Vox y convertir la desconfianza hacia el profesorado en un criterio de actuación administrativa.
Tampoco hace falta adivinar qué entiende Vox por adoctrinamiento. Sus representantes valencianos han utilizado esa palabra para atacar los programas de diversidad sexual y LGTBI, la coeducación y las políticas lingüísticas. En Baleares, el acuerdo entre el PP y Vox anunció el refuerzo de la inspección para impedir lo que llamaron «intromisiones ideológicas». Ahora el PP valenciano convierte ese marco político de la extrema derecha en una norma que condicionará la actuación de la Administración educativa.
La educación se sostiene sobre una relación de confianza. La sociedad confía al profesorado la formación de sus hijos e hijas y reconoce su preparación, su responsabilidad y su criterio profesional. Esa confianza no excluye la evaluación, la supervisión ni la rendición de cuentas. Exige que los docentes sean tratados como profesionales y no como sospechosos permanentes. El Consell debería reforzar el diálogo entre las familias y los centros y ayudar a resolver los conflictos. La nueva regulación invierte esa lógica porque sitúa cualquier desacuerdo con un contenido o una actividad en un marco de vigilancia ideológica. El daño no recae únicamente sobre el profesorado. También erosiona su prestigio social y la confianza de las familias en los centros.
Estamos, en términos políticos, ante un pin parental a lo bestia. El llamado pin parental pretendía permitir que algunas familias vetaran la participación de sus hijos en determinadas actividades. Este mecanismo llega mucho más lejos. No reconoce formalmente un derecho de veto, pero permite que una comunicación sobre un contenido, un material o una decisión pedagógica active una valoración de la Inspección. Se crea así una poderosa herramienta de presión sobre el conjunto de la actividad educativa. Para condicionar lo que sucede en las aulas no siempre hace falta prohibir. A veces basta con sembrar la posibilidad de una acusación.
El problema no es defender una escuela objetiva, crítica y plural. Esa debe ser la exigencia de cualquier demócrata. El problema es que la ley no define qué entiende por «adoctrinamiento ideológico» ni aclara dónde termina una discrepancia pedagógica y comienza una infracción. La norma afirma que las discrepancias pedagógicas ordinarias no darán lugar, con carácter general, a actuaciones inspectoras específicas y establece una presunción de corrección en la actuación de los profesionales. Son cautelas necesarias, pero no resuelven la ambigüedad del concepto ni eliminan el margen de interpretación. La escuela democrática, además, no es indiferente ante los derechos humanos. La Constitución y la legislación educativa establecen que la educación ha de promover los principios democráticos de convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad, la prevención de la violencia de género, la ciudadanía activa, la sostenibilidad y la pluralidad lingüística. Enseñar estos contenidos de manera rigurosa, crítica y adecuada a la edad no es adoctrinar. Es cumplir la Constitución, el currículo y la función democrática de la escuela.
El daño de esta norma puede producirse incluso sin que llegue a imponerse una sola sanción. Un docente puede comenzar a autocensurarse si sabe que una explicación, una lectura o un debate pueden dar lugar a una acusación. Se evitan asuntos complejos, se empobrecen los materiales, se cancelan actividades y se renuncia a contar con especialistas o entidades sociales. La Inspección corre el riesgo de dejar de ser percibida como un servicio que acompaña, asesora, supervisa y garantiza derechos para convertirse en una amenaza. El resultado no será una educación más neutral, sino una escuela más pobre, más temerosa y más obediente.
La reforma plantea, además, dudas jurídicas que deben examinarse con rigor. La indeterminación del concepto de adoctrinamiento y su posible utilización pueden afectar a la seguridad jurídica, la libertad de cátedra, la autonomía pedagógica, los fines constitucionales de la educación y la compatibilidad con la legislación básica estatal. Si una instrucción o una sanción convierte una diferencia ideológica en una infracción profesional, deberá ser recurrida con toda firmeza.
Pero no hay que esperar a que se produzca el primer abuso para actuar. Estos artículos deben ser derogados. El problema no reside únicamente en la manera en que puedan aplicarse, sino también en el mensaje que transmiten. El Gobierno valenciano ha decidido incorporar la desconfianza política hacia el profesorado a una norma educativa. Ningún protocolo posterior podrá borrar ese origen ni neutralizar por completo el efecto intimidatorio que ya proyecta.
La escuela pública no pertenece a un gobierno, a un partido ni a una confesión. Es de toda la ciudadanía y se rige por los valores democráticos y los principios constitucionales. Su neutralidad sirve para impedir la imposición de una doctrina oficial, no para silenciar el conocimiento, los derechos o la diversidad. Utilizarla como coartada para vigilar al profesorado traiciona su verdadero sentido.
Nuestros centros necesitan confianza, recursos, convivencia, inclusión y apoyo profesional. El Consell hace grandes declaraciones en defensa de la autoridad del profesorado, pero sus actuaciones las desmienten. Durante la reciente huelga educativa descalificó sus reivindicaciones y menospreció las razones de su protesta. Ahora aprueba una norma que vuelve a cuestionar su criterio profesional. No se puede defender la autoridad docente mientras se debilita la confianza de la sociedad en quienes enseñan. Esta forma continuada de actuar demuestra una falta absoluta de confianza y un desprecio permanente por su labor. La escuela necesita profesionales libres, rigurosos y comprometidos con su alumnado. No necesita comisarios ideológicos.