Pegasus: Si hay jueces que valorar

El 2 de mayo de 2022, el Gobierno de España, a través de una declaración del ministro Bolaños, comunicó a la opinión pública, con la seguridad propia de un hecho consumado, que el teléfono del presidente Pedro Sánchez había sido infectado con el software espía Pegasus mediante una “intrusión ilícita y externa”. La fuente de esa afirmación era, y sigue siendo hoy, una sola: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Han transcurrido más de cuatro años. Tratándose de un tema de seguridad nacional carecía de sentido pedir que un laboratorio forense independiente examinara el dispositivo, pero si lo era que alguna autoridad extranjera administrativa o científica confirmara la metodología usada (cosa que argumenté en mi comparecencia en el Parlamento Europeo en Noviembre de 2022). El propio organismo que hizo la afirmación original ha reconocido después, en sede judicial, que le resulta “técnicamente imposible” decir nada concluyente sobre lo ocurrido. Entre esos dos extremos —la certeza de 2022 y la incertidumbre reconocida en 2025— ha transcurrido algo más que tiempo procesal: han transcurrido consecuencias reales para las instituciones democráticas españolas, que conviene enumerar con la misma frialdad con la que se presentó, en su día, el propio caso.

La entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue cesada ocho días después del anuncio. Es la única consecuencia institucional tangible que el caso ha producido hasta la fecha, y se adoptó sobre la base de una información que, según sabemos ahora, ni siquiera el propio organismo que la generó puede sostener con certeza técnica plena. Un cese de esta naturaleza —de la máxima responsable de un servicio de inteligencia del Estado— no es un trámite menor: es una decisión de calado institucional, tomada al calor de una afirmación cuya solidez no ha podido confirmarse ni desmentirse desde entonces.

El caso coincidió, además, con el agravamiento de una crisis diplomática ya existente con Marruecos, y ha alimentado desde entonces —a través de fuentes periodísticas y de inteligencia no identificadas y de conclusiones “presuntas” recogidas por el propio Parlamento Europeo— una atribución de responsabilidad a ese país que nunca ha sido confirmada oficialmente por ningún canal verificable. Una democracia no debería construir su relación con un país vecino sobre una atribución de espionaje que ni siquiera sus propios servicios pueden sostener con la certeza que en su momento se transmitió a la ciudadanía.

Y hay una tercera consecuencia, más difusa pero no menos real: el caso Sánchez se ha convertido, en el debate público español, en el contrapeso retórico casi automático frente a cualquier mención del Catalangate — “también el CNI espió, también el Gobierno fue víctima”. Ese uso del caso, para equilibrar responsabilidades políticas, presupone una certeza sobre los hechos que, a día de hoy, no existe. Si la afirmación original no puede sostenerse con el rigor que su propio uso público exige, tampoco puede sostenerse el argumento político que sobre ella se ha construido durante cuatro años.

Frente a esta secuencia de consecuencias asentadas sobre una certeza no verificada, merece la pena destacar, con el mismo rigor, la actitud que ha mantenido el instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, hoy, años después decidiendo sobre casos mas complejos, que afectan a nuestra democracia. A diferencia del anuncio gubernamental de 2022, la instrucción judicial nunca ha dado por cerrado el caso con la misma seguridad. El juez decretó el sobreseimiento provisional en 2022 ante la falta de cooperación de Israel —sin forzar una conclusión que los hechos no permitían—. Cuando en 2024 llegaron nuevos datos desde Francia, no se conformó con el primer informe del CCN-CERT: exigió una comparación exhaustiva, y ante la demora del propio CNI en entregarlo, hizo constar esa demora en un auto y amplió el plazo de instrucción en lugar de cerrar la causa por defecto. Cuando el informe finalmente llegó y resultó impreciso, el juez no lo dio por bueno sin más: lo hizo constar literalmente —“no aporta ninguna novedad”, “técnicamente imposible afirmar nada”— (valoración que desde mi modestia técnica soporto plenamente) y, en lugar de archivar, pidió interrogar directamente al CEO de NSO Group (la ingeniería autora y comercializadora de Pegasus) remitiendo una nueva comisión rogatoria a Israel.

Esta forma de proceder contrasta, de manera notable, con la premura del anuncio político original. Donde el Gobierno ofreció certeza inmediata, el juez ha exigido, sistemáticamente, prueba verificable — y allí donde esa prueba no ha llegado con la solidez requerida, lo ha dejado consignado con precisión en lugar de darlo por sentado. Es, en cierto sentido, la prudencia judicial operando como el contrapeso que la comunicación política de 2022 no ofreció: mientras el Ejecutivo transmitía una seguridad que los hechos no sostenían, la instrucción judicial ha ido, paso a paso, exigiendo exactamente el nivel de verificación que a la ciudadanía se le presentó ya como innecesario, porque el caso se anunció como resuelto desde el primer día.

Nada de lo anterior permite concluir que la infección no ocurriera, ni que el Gobierno actuara de mala fe al anunciarla. Lo que sí permite concluir, con la información disponible hoy, es que una democracia ha adoptado decisiones de consecuencia real —el cese de una alta funcionaria, el agravamiento de una crisis diplomática, un argumento político sostenido durante cuatro años— sobre la base de una certeza institucional que el propio organismo que la produjo ya no puede sostener con el rigor con el que en su día se presentó. Que sea precisamente la prudencia de un juzgado, y no la comunicación pública del Estado, la que haya mantenido abierta la pregunta durante todo este tiempo, dice tanto sobre el valor de la independencia judicial como sobre el coste de haber dado por cerrado, en 2022, algo que en realidad nunca llegó a demostrarse.