El juez tarda dos años en tramitar el recurso contra el cierre del primer espionaje con Pegasus a diputados de ERC
Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.
El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.
En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.
En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.
La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.
Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.
El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.
La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.
Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.
A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.
Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.
El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.
En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.
El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.
Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.
Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.
El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.