Qué pasó con el incendio de la torre de València: el edificio renace tras diez muertos y cero responsables
Es 22 de febrero de 2024 en València. La vivienda número 86 de un edificio de 14 plantas en el barrio residencial de Campanar está vacía. Su morador está trabajando fuera de la ciudad. Según el sumario judicial, una chispa en la trasera de la nevera ha podido saltar y generar un incendio fortuito que avanza silencioso hasta llegar a la terraza de ese piso de alquiler.
El toldo se prende y desencadena el mayor incendio conocido en un edificio de apartamentos en España por culpa de una fachada construida con material inflamable, con el trágico antecedente de la torre Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017. El mismo informe policial del sumario que habla de accidente fortuito admite que pudo haber otro origen, como un cortocircuito, y que “no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso, por no encontrar todo el cableado”. Pueden ser varias cosas, pero lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 tiene claro es que nadie ha tenido la culpa ni del incendio, ni de la construcción con material inflamable ni de los errores que se produjeron en el salvamento.
A la media hora de detectarse el fuego, azuzado por vientos inusuales de 60 km/h y por los 20 grados que hace en pleno invierno, las llamas le dan la vuelta al edificio como una culebra mortal y entra en todas y cada una de las 138 viviendas (menos un par de ellas, que quedan milagrosamente intactas), arrasando todo a su paso. Entre lo calcinado, la vida de 10 personas que, en lugar de escapar como hacen decenas de vecinos alertados por el portero, Julián, o por la intuición, han hecho caso a los bomberos, que siguen el protocolo habitual de confinar hasta la extinción.
Una extinción que será imposible y que dejará atrapados a dos bebés con sus jóvenes padres; a la adolescente Alina, que falleció mientras hablaba por teléfono con su padre, desesperado a los pies del edificio; o a Carmen, una jubilada de banca de 67 años que se había apuntado a la universidad de mayores aprovechando su recién estrenado tiempo libre. De los diez fallecidos, nueve mueren, incomprensiblemente, en la segunda torre, la más alejada del piso donde se inició el fuego.
Dos años y medio después, los habitantes de esta doble torre del barrio de Campanar, comunicadas por dentro, siguen viviendo en pisos de alquiler o con familiares y amigos, a la espera de estrenar sus casas a final de año. Afortunadamente no hubo que demoler y las aseguradoras, las administraciones públicas y los vecinos han remado a favor, explica Enrique Salvador, presidente de la asociación de vecinos Aproicam, creada tras el incendio: “Nos dieron la licencia para reconstruir en unos meses, cuando habitualmente tarda tres años”, cuenta aliviado desde dentro del edificio, en una visita de obra junto a elDiario.es y varios propietarios. Uno de ellos es Óscar Romero, que vivía en el ático y, al ver las llamas, cogió a sus dos gatos y bajó: “No pensé que iba a ser tan grave, pero afortunadamente bajé por si acaso. A mí nadie me avisó”. Ahora vive de alquiler cerca de unos amigos en el barrio de Ruzafa: “Me han ayudado porque las siguientes semanas me tenían que llevar, estaba ido. De hecho, todos hemos recibido ayuda psicológica”.
La parte económica para los afectados sí ha funcionado. Las aseguradoras se han hecho cargo de toda la renovación sin poner pegas (más de 20 millones de euros), de manera que podrán entrar a vivir sin pagar nada. Además, todos los vecinos han recibido ayudas de la Generalitat de 1.000 euros mensuales para alquiler más 100 euros por cada miembro de la unidad familiar, cuenta el presidente de la asociación. En el primer momento, la alcaldesa de València utilizó unos pisos VPO para personas vulnerables para realojarlos. Allí quedan hoy un par de familias.
La parte judicial, sin embargo, no ha sido ni fluida ni reparadora. La causa se abrió el día siguiente al incendio para entender qué pasó y por qué murió gente que tuvo tiempo para salvarse. Se abrió casi tan rápido como se cerró: el juez instructor la archivó por primera vez a los 17 días del siniestro, con el edificio aún humeante y sus moradores saliendo del shock. Lo justificó en un informe policial que descartaba la “etiología criminal o delictiva” del fuego. Pero tampoco encontró motivos suficientes para investigar al constructor o fabricante de los paneles (condenado en Italia por un incendio con la misma fachada) o la operación de salvamento, cuestionada porque el incendio se detecta a las 17.30 horas y a las 21 horas hay gente que está viva y va a morir por falta de rescate, como la joven Alina. Desde entonces, la causa se ha ido reabriendo por los intentos de las familias de las víctimas y sus abogados, pero ha acabado archivada. La única esperanza que les queda es una última apelación presentada por el abogado de siete familias de fallecidos ante la Audiencia Provincial, el órgano judicial superior.
“¿Qué tipo de nevera es esa que salta una chispa y genera un incendio? La realidad es que no se hicieron informes exhaustivos ni se investigó bien ese electrodoméstico, ni se contactó con el fabricante ni con institutos tecnológicos”, denuncia el letrado de estos familiares, Ignacio Grau. “Sobre la extinción del incendio, lo mismo, los informes dicen que no es objeto de su competencia, y ya está. La realidad es que quien hizo caso a los bomberos murió y quien desobedeció a los bomberos, se salvó”.
El bombero de València Tino Yanguas, delegado del sindicato SPPLB, relata que todos los compañeros que acudieron a extinguir ese día han necesitado ayuda psicológica. Algunos estuvieron ingresados graves. “El fuego se apoderó de nosotros, hicimos lo que dice el protocolo, confinar a la gente hasta la extinción, nunca sacar por la escalera y los rellanos porque hay humo y te puedes intoxicar, y nuestros mandos tampoco dieron una orden diferente”. Los audios de la familia que murió al completo muestran que querían irse pero obedecieron la orden de no bajar a la calle, lo que les costó la vida.
“Soy una de las últimas cuatro personas que salieron vivas del edificio, junto a mi mujer y dos vecinos”, cuenta Rai, trabajador en el puerto de València, mientras visita emocionado su nuevo piso. “Conseguimos bajar al zaguán y los bomberos no nos dejaban salir. Los cristales empezaron a explotar, estaba todo lleno de humo. Cogí a mi mujer y le dije, salimos como sea. Gracias a eso salvamos la vida”, recuerda mientras visita emocionado el piso que dejó aquel 22 de febrero con toda su vida dentro y que hoy es diáfano. “En principio volveremos cuando se pueda, aunque no sé qué sentiré”.
En el salvamento hubo otro punto negro del que nunca se informó públicamente y que fue revelado durante la instrucción judicial. El primer camión de Bomberos de València que llegó –responsabilidad del Ayuntamiento– fue uno cuya escalera estaba dando fallos semanas antes sin que se arreglara, cuenta Yanguas. Al llegar a Campanar ese día, falló de nuevo. Por eso la pareja cercada por las llamas en un balcón, cuyo rescate fue televisado en directo, casi muere. Se utilizó una escalera más baja, la única disponible en ese momento, que refrescó con agua hasta que se pudo desbloquear la grúa principal para sacarlos del balcón.
Fallos en los camiones de bomberos
“Pero vamos, que de diez vehículos que tenemos ahora, hay siete con algún problema o fallo”, relata el bombero Yanguas, que no ve que haya habido grandes mejoras a raíz del suceso. Desde el gobierno de València justifican que “en cualquier organización con una flota de más de 120 vehículos es normal que algunos se encuentren temporalmente inmovilizados” y aseguran que han aumentado la inversión en mantenimiento hasta los 480.000 euros anuales.
Ese día, los propios bomberos tuvieron que ir avisando para que se incorporaran compañeros, “nosotros íbamos llamando”, asegura Yanguas. Hasta que se unieron los bomberos provinciales. Al mando de estos, José Miguel Basset, que ocho meses más tarde sería el director de la emergencia de la dana, la persona que puso pegas a mandar el SMS y que renunció a ayuda que llegaba de otras comunidades autónomas.
La sensación con la justicia y las administraciones públicas que tienen quienes han perdido amigos y familiares quedó patente en una rueda de prensa que dieron en marzo de este año: “No hemos tenido ni apoyo político, ni judicial, ni fiscal. Se han muerto diez personas como si se hubieran quemado diez televisores”, decía uno de los allegados. Enrique Sanfélix, padre de la joven Alina, lo tiene claro: “La causa fue accidental, pero antes del incendio se tomaron medidas no correctas [no revisar edificios peligrosos como ese] y durante el incendio, también”, contaba en la única entrevista que a dado, en À Punt. Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana –las administraciones competentes en edificación y salvamento– se han centrado en las ayudas logísticas, pero no se han reunido con los familiares de las víctimas, confirma Grau, ni han abierto ninguna investigación interna.
El protocolo no se ha actualizado
Aunque tras el incendio se anunció que se adaptarían los protocolos para fachadas ventiladas como esta y que se haría un recuento y control para evitar algo parecido, el Ayuntamiento de València no ha trasladado ningún nuevo protocolo de actuación para sofocar incendios de este tipo. “Tras el incendio de Campanar se reforzó la formación específica de mandos y efectivos”, dicen fuentes oficiales del consistorio. “En realidad, nos dieron una charla de lo que pasó en Campanar de un par de horas, sin hacer hincapié a lo que pasó dentro, sino en la fachada. Y luego un curso interno de tres horas sobre fachadas de este tipo. Pero no hay ningún nuevo plan o protocolo o, al menos, no nos lo han trasladado”, confirma Yanguas y otros compañeros bomberos.
Este tipo de revestimento que actuó como “gasolina sólida” –porque tenía una gran cantidad de proporción de plástico– era legal en el momento de la construcción de estas torres residenciales, finalizadas en 2009 tras un embrollo financiero y cambio de propietarios en plena crisis del ladrillo. Sin embargo, la normativa cambió y hoy está prohibido por su peligrosidad. Frente al edificio de Campanar, hay otro gemelo de la misma constructora y con la misma fachada. “El Ayuntamiento no avisó a nadie de que tenían este problema, ni hizo un listado, como tampoco la comunidad autónoma. Pedí que se citara a los técnicos, pero nada”, lamenta el abogado de siete de las víctimas, que recuerda que en Italia acaban de ser condenados a tres años de cárcel nueve responsables de Alucoil, la misma fabricante de paneles, por un incendio similar en Milán, con la salvedad de que allí no hubo ninguna víctima mortal y aquí ha habido diez. En Madrid ardió en 2020 un edificio con el mismo revestimiento que el de València. En Cartagena hubo otro grave incendio en un hospital en 2025 cuya fachada se había recubierto con los mismos materiales.
El Ayuntamiento de València admite que ese registro de fachadas no existía antes del incendio, pero asegura que pidió a los Bomberos que elaborara “un inventario propio de edificios con características exteriores semejantes”. Aunque estas fuentes oficiales no han dado una cifra, el bombero Yanguas lo cifra en “unos doce” en la ciudad. El equipo de la alcaldesa precisa que es responsabilidad de las comunidades de vecinos cambiar las fachadas y que ellos aplican una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones.
Enrique, impulsor de la asociación de Campanar, está contento con el avance de la reconstrucción, con el empuje de todos, hasta que se habla de las familias de los fallecidos, que no se dan por vencidas hasta que no haya verdad, justicia y reparación: “Aquí hay más de quinientos vecinos. Hemos conseguido sacar este edificio adelante y le hemos puesto medidas antiincendio extraordinarias, porque psicológicamente va a ser duro volver. Hay quienes podemos mirar adelante, pensamos en nuestro piso, nuestra nueva vida, y quien no va poder mirar al futuro, porque han perdido a seres queridos y sienten que nadie es responsable, que no se ha hecho justicia”.
Dos años y medio después del peor incendio de un bloque de edificios, diez familias ven renacer las dos torres, ahora ya con medidas de seguridad, mientras siguen preguntándose por qué se construyó con materiales inflamables, por qué nadie les avisó o lo corrigió y por qué nadie supo salvar a sus hermanos, padres, madres o hijos, que esperaron a unos bomberos que no tenían un protocolo para este caso y que nunca pudieron llegar a rescatarlos.