El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha defendido en la tarde de esta marte en la reunión de la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una enmienda al Proyecto de Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (procedente del Real Decreto-Ley 20/2020) mediante la que se acuerde eliminar de la obligación de acreditación del requisito de domicilio en España y la existencia de unidad de convivencia con la aportación de los interesados de certificados de empadronamiento individuales y colectivos expedidos por los ayuntamientos, al poderlos obtener de forma telemática el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El alcalde, que ha participado en calidad de vocal en representación del Grupo Popular, quiere evitar esta gestión que en la práctica satura las oficinas municipales “y que añade trámites innecesarios a los solicitantes al poder verificar la residencia la propia Administración del Estado”, denuncia.
Barcala solicita con esta enmienda la modificación del trámite de obtención y presentación de los certificados de empadronamiento, sustituyéndolo, al igual que sucede con la información tributaria, con su obtención y verificación telemática por la propia Administración del Estado a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), con la sola autorización del solicitante de la prestación.
El alcalde recuerda que la obligación de solicitar este certificado “origina perjuicios a las Administraciones Locales con costes innecesarios de tiempo y recursos humanos, así como al ciudadano que ha de desplazarse presencialmente para su obtención, hecho de particular relevancia en momentos en los que la atención al público presencial está restringida por motivos de seguridad sanitaria y se ha de realizar con cita previa”.
“Además -señala Luis Barcala- no es la primera vez que se producen colapsos en la gestión cuando en pleno confinamiento se exigió expedir certificados de empadronamiento para otorgar moratorias a las hipotecas y ayudas al alquiler, cuando las oficinas municipales estaban cerradas al público”. También recuerda el alcalde, como autor de la alegación, que esta obligación ya se ha suprimido en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado como documento probatorio del domicilio y residencia.
Asimismo, Barcala se ha referido a la segunda enmienda al proyecto de ley presentada por el grupo popular en la FEMP para que contemple la suficiencia de recursos transferibles a las Entidades Locales para la gestión del Ingreso Mínimo Vital. El alcalde ha señalado que la competencia para gestionar esta prestación no contributiva corresponde al INSS y que de encomendarse su gestión o delegarse las competencias en los Ayuntamientos, “no puede suponerles un mayor gasto por lo que debería ir acompañada de la correspondiente financiación para poder incorporar los medios humanos y materiales necesarios para su correcta gestión”.