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Compromís ha preparado un recurso contencioso-administrativo que presentará al TSJCV contra el decreto de admisión escolar del Gobierno de Mazón. Lo ha anunciado en Alicante el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví acompañado por el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, el portavoz de Educación en las Corts, Gerard Fullana y las regidoras de Alicante y de Elche, Sara Llobell y Esther Díez.
Hay que recordar que el decreto de admisión es muy importante porque regula las pautas que tienen que seguir las familias para matricular los hijos e hijas al sistema educativo valenciano.
“El nuevo decreto es ilegal y segregador. Tenemos razones de peso para acompañar a la comunidad educativa valenciana y luchar para derogar una normativa que promueve escuelas y alumnos de primera y de segunda, como si la educación fuera una competición. Visto que no se ha escuchado a la comunidad educativa valenciana y que Mazón ha promovido una normativa que mercantiliza la educación y que denigra la red de la enseñanza pública en pro del negocio de la concertada, en Compromís no nos mantenemos de brazos cruzados. Recurrimos a los tribunales para paralizar una actuación que tiene demasiado de conveniencia ideológica propia de la extrema derecha y nada para asegurar una red de centros educativos donde todos tengan los recursos que haga falta para asegurar una calidad educativa óptima y una buena atención personalizada al alumnado”, ha explicado Baldoví.
Por su parte, el diputado provincial Ximo Perles, ha hecho énfasis en que “iniciamos esta lucha en los tribunales, después de corroborar que el Gobierno de Mazón no ha querido escuchar ni a profesorado ni a familias. El recurso está basado en argumentos que demuestran que esta nueva normativa promueve la desigualdad y hace que los centros elijan familias y no al revés. Es ilegal porque contradice el artículo 84 de la Lomloe; otorga un punto discrecional para que los centros concertados puedan seleccionar el alumnado que quieran; fomenta el distrito único segregador para que no haya diversidad de alumnado en las aulas; y relaja la prohibición de que los centros concertados cobren a las familias cuotas ilegales”.
En cuanto a la relajación del nuevo decreto respecto al cobro de cuotas por parte de los centros concertados a las familias, el diputado Gerard Fullana ha detallado que “los centros concertados tienen que garantizar la gratuidad universal de la enseñanza, como cualquier centro público. La Consellería ahora permite que los centros concertados puedan exigir aportaciones de las familias en concepto de matrícula o reserva de plaza y exigir también que las familias paguen por material y equipación escolar. Esto es muy grave”.
“Por lo tanto, el PP ha impuesto unos cambios con los cuales están diametralmente en desacuerdo la Confederación Gonzalo Anaya, que es la principal plataforma que aglutina las familias; los principales sindicatos de la enseñanza; y el mismo Consejo Escolar Valenciano, donde una amplia mayoría de representantes se mostraron en contra y recibieron como respuesta su cese por parte del conseller de Educación, con el nombramiento de nuevos miembros en este máximo órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza”, ha explicado el portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Gerard Fullana.
Según Fullana, “además, la consellería de Educación trabaja en la más absoluta opacidad y con tempos que están alterando el funcionamiento normalizado de gestiones tan importantes que tienen que hacer miles de familias como es matricular a los hijos e hijas en las escuelas. Por un lado, no sabemos absolutamente nada del arreglo escolar, o sea la planificación de unidades educativas para el curso que viene, que se ha hecho siempre al más de marzo. Tememos que esa opacidad lleve relacionada la eliminación de unidades en la red educativa pública y esto tiene como consecuencia más alumnas por clase y el recorte de profesorado para el curso que viene. Por otro lado, a Mazón y a su conseller de Educación les importa bien poco el caos que se genera en los centros educativos y las incertidumbres de las familias y pasan la tramitación de la admisión al mes de junio, sin ser conscientes de lo que esto supone ni para los centros educativos ni para las familias, cuando el proceso se tiene que iniciar entre abril y mayo”.
En cuanto al modelo mercantilista de la educación que fomenta el nuevo decreto, los representantes de Compromís ha comentado que “la administración tiene que garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una óptima calidad educativa. En este modelo, la Consellería deja de garantizar la excelencia de todos los centros y de dotarlos de los recursos necesarios para que así sea. Fomenta la competitividad y una suerte de rankings innecesarios entre escuelas”.
Las regidoras de Compromís en los ayuntamientos de Alicante y Elche, Sara Llobell y Esther Díez, han destacado que “el distrito único segregador promueve la cronificación de guetos y que se creen barriadas y no barrios en ciudades como Alicante y Elche. No todos los niños y las niñas de nuestras ciudades tienen así igualdad de oportunidades para su futuro y todavía menos quienes llevan la mochila llena de vulnerabilidades socioeconómicas o necesidades educativas especiales”.
La regidora de Compromís en Elche ha recordado que el actual secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, impulsó el distrito único siendo regidor del ramo en Elche, “donde se generaron centros de primera y de segunda. Centros saturados por la alta demanda y centros desocupados que coincidían en muchas ocasiones con colegios de barrios vulnerables. Se registraron numerosas quejas de padres que se vieron desplazados de sus barrios y obligados a llevar a sus hijos e hijas a la otra punta de la ciudad. Y hablamos de padres y madres que habían solicitado varios centros entre sus preferencias. De hecho, cuando recuperamos la zonificación escolar en 2016, subió 10 puntos la adjudicación del centro escogido en primera opción”.
Díez ha destacado además sobre “la importancia de arraigar a los niños y niñas en sus barrios, fomentando la movilidad sostenible y también la participación en la propia comunidad. Hay proyectos como el bicibus, los caminos escolares seguros o los entornos seguros de los coles que ponen a los niños y la niñas en el centro y esto está perdiéndose con los gobiernos de la derecha y la ultraderecha”.
En este sentido, Llobel ha indicado que “la ciudad de Alicante es muy desigual en cuanto a barrios. La educación pública tiene que garantizar el acceso en una educación igualitaria. Pedimos al Consell retirar este decreto, la eliminación del cual ya pidió la comunidad educativa hace 10 años. Los centros escolares están actualmente abandonados por el actual equipo de gobierno de Alicante. Está favoreciéndose un modelo de negocio, no la libertad de nadie. Las madres de, por ejemplo, barrios como por ejemplo Carolinas no podrán tener las mismas opciones que las madres de barrios como la playa de San Juan a la hora de elegir centro. El distrito único segrega alumnado por motivos de renta y creará problemas de movilidad a primera hora del día”.
“Con este decreto de admisión, la Consellería está fomentando la matriculación en la red de centros concertados, cuando esta red tendría que ser un servicio subsidiario de la escuela pública, estar allá donde no llega la pública. Está marginando la red de centros educativos públicos, que suponen más del 70% del sistema educativo valenciano. En consecuencia, esta normativa marca un paso real hacia los recortes de recursos y personal en la escuela pública valenciana”, ha valorado Sara Llobell.