La consellera Mireia Mollà quiere que la ley valenciana de cambio climático impida obras con impacto ambiental irreversible
“Quizá en 2007 no había herramientas adecuadas (...) Ahora no podemos decir que no podemos evaluar la reversibilidad”. En el velado mensaje que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica enviaba a la Autoridad Portuaria de Valencia al comentar uno de los principios que quiere incluir en el diseño de las políticas públicas: que ninguna actuación tenga carácter irreversible.
La consellera Mireia Mollà avanzó este martes en la presentación del mayor estudio de las últimas décadas sobre el cambio climático en el Mediterráneo algunos rasgos del borrador de la ley que prepara su departamento, alineada con los objetivos europeos de conseguir cero emisiones y una economía descarbonizada en 2050. El texto quiere ser una norma transversal, que pivote sobre cuatro ejes: energía, movilidad, territorio y fiscalidad verde. Y también una norma que tenga en cuenta la reversibilidad de las actuaciones, para poder “restaurar” un daño si este se comete.
El concepto de reversibilidad o restauración está relacionado con los modelos predictivos como los del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático, que coordina la vicepresidencia cuarta del Gobierno central. El llamado PIMA permite anticipar escenarios futuros utilizando recursos económicos procedentes de las subastas de derechos de emisión, realizadas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión, canalizándolos hacia proyectos de adaptación, y varía en función de su ámbito (costas, parques naturales, ecosistemas...). Así, que unas obras se iniciaron en 2007 con una normativa que ha evolucionado no supone una excusa para replantear su impacto ambiental.
A falta de pasar por el último informe jurídico antes de llegar al Pleno del Consell, la norma asegura que la declaración de emergencia climática se tenga en cuenta en el diseño, desarrollo y aplicación de las diferentes políticas públicas sectoriales. El impacto ambiental debe estar en todas las normas, subrayó la consellera durante la presentación, donde señaló: “Preferiría no ser un Gobierno autonómico condenado por tomar decisiones irreversibles”. Se refería a la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de l'Albufera y la ampliación del Puerto de València.
La consellera aboga por que la emergencia climática se traslade a la emergencia legislativa y las cuestiones urgentes no se dilaten con los procesos burocráticos. Mientras, advirtió, van llegando sentencias en otros países, como a la de la petrolera Shell por no controlar las emisiones, al Gobierno francés por inacción ante el cambio climático, al Gobierno británico por la ampliación del aeropuerto de Heathrow (Londres) o al Gobierno alemán por no tener objetivos de mitigación pasado 2030.
Comparecencia del presidente de Puertos del Estado
Por otra parte, la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transporte de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles solicitar la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, para tratar la ampliación norte del Puerto de València.
La petición se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos menos el socialista, que se ha abstenido, alegando que Toledo tiene dos comparecencias pendientes en el Congreso de los Diputados y que es ahí donde debería dar explicaciones.