Denuncian a la Fiscalía proyectos de fotovoltaicas con irregularidades y que el Consell incumple su propia ley

La negativa de la Generalitat a ejecutar los avales de aquellos proyectos de fotovoltaicas que han sido desestimados por causas imputables al promotor tiene efectos perversos en el mercado de las renovables. Produce un bloqueo de la red, ya que el espacio de acceso está retenido por empresarios incumplidores; auspicia la proliferación de solicitudes 'fake' que degradan la competencia y retrasa la implantación de proyectos solventes. Diversas entidades medioambientalistas y de defensa del territorio, agrupadas en la plataforma Ubiracional, han tomado cartas en el asunto para intentar que el sector de las renovables no acabe inmerso en un “problema especulativo”, con la irrupción de “empresas creadas ad hoc”, nacidas para lograr las licencias, que luego intentar revender y dar pelotazos. La plataforma Ubiracional trasladaron estas inquietudes al Síndic de Greuges, al que remitieron un escrito con una radiografía de las perversiones del sector y la posición de la Generalitat, que se ha abstenido de ejecutar las garantías depositadas por promotores cuyos proyectos han sido desestimados.

Al mismo tiempo, han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente las irregularidades que han detectado en planes como el macroproyecto Godelletas, de Renovalia, cuyo aval ascendía a 38 millones de euros. Trasladan al fiscal que con la ley en la mano entienden que deberían haberse ejecutado esas garantías. Otro de los proyectos denunciados en la Fiscalía es el llamado Segorbe Sol, de Verdenes Solar 5 SL, ubicado dentro del parque natural de la Serra Calderona, con una potencia de 49 MW y que comprende una superficie de 143 hectáreas, situadas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del citado parque natural.

Informe ambiental desfavorable

La citada plataforma Ubiracional ha llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente una memoria amplia en la que denuncia todas las irregularidades que observa en el citado proyecto Godelletas, que contaba con informes desfavorables de estas plantas. Un asunto que, paralelamente, se judicializó. En el caso de Segorbe Sol, la denuncia sigue tramitándose. Desde la entidad que la impulsa trasladan a este diario que el informe técnico-jurídico elaborado por el Seprona destaca que determinadas modificaciones del proyecto no habían sido sometidas a información pública. El Seprona ha recabado información adicional a la Conselleria de Medio Ambiente.

Ubiracional entiende que la Generalitat debería haberse incautado de los avales de los proyectos que no cumplen requisitos por culpa del promotor. Plantean, además, que el dinero de los avales sea destinado al desarrollo de zonas de interior y a combatir la despoblación, una posición que ha sido trasladada al Síndic de Greuges, Ángel Luna. Denuncian, además, que en algunos expedientes se ha dificultado el acceso a la información y la documentación, se ha actuado con “hermetismo”, y se ha tenido que recurrir a presentar las citadas denuncias ante el defensor del pueblo valenciano y ante Transparencia, antes conselleria y ahora Secretaría Autonómica.

El ex director general guarda silencio

Lamentan, asimismo, que el ex director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, competente en la concesión de permisos de planes eólicos y de fotovoltaicas hasta el pasado 3 de julio, no les respondió a los recursos de alzada que le plantearon, solicitando la ejecución de las garantías, ni a las alegaciones que presentaron respecto a proyectos que consideran irregulares. Una queja que ha sido trasladada al Síndic.

Las entidades ecologistas y de defensa del territorio remitieron un pormenorizado escrito de denuncia a finales de 2025 en el que se adjunta precisamente una relación de esos casos en los que se ha recurrido en alzada la no incautación de avales y no han obtenido respuesta. Se traslada al Síndic que la Conselleria de Medio Ambiente no ha dado respuestas, pero tampoco información en primera instancia. Explican en su escrito que la “devolución de las garantías” produce un “agravio a las arcas públicas” y otro “comparativo” a los “promotores que ejercen con buenas prácticas”.

Recomiendan buenas prácticas a la Generalitat

En el escrito al Síndic, las entidades medioambientalistas aportan la literatura jurídica aplicable al sector de las energías renovables e incluso una recomendación de buenas prácticas para la Administración que incluye la elaboración de un registro público de permisos caducados, de garantías ejecutadas o del destino de los fondos incautados. El texto de denuncia incluye un último apartado de conclusión o síntesis en el que se subraya que la “ejecución de las garantías económicas en casos de proyectos eólicos y fotovoltaicos especulativos que no se realicen por causas imputables al promotor está respaldada por el art. 1 del RDL 23/2020 y por el art. 23.6 del RD 1183/2020, que vinculan el mantenimiento de permisos al cumplimiento de hitos y prevén la caducidad con ejecución de garantías”.

“Ejecutar las garantías protege la capacidad de la red, la eficiencia de costes del sistema eléctrico a los consumidores, evita el acaparamiento especulativo y es proporcional si la Administración documenta adecuadamente la imputabilidad y respeta las garantías procesales del promotor”, añade el escrito. Y concluye: “Además, acoplada a medidas de transparencia y destino claro de las cantidades, constituye una herramienta legítima y eficaz para impulsar proyectos renovables verosímiles”.