“En España existen distintos estados de bienestar y una política de solidaridad territorial muy confusa”
“En España existen distintos estados de bienestar y una política de solidaridad territorial muy confusa. Hay diferencias de ingresos por habitante superiores al 60% y no es posible creer que en esas condiciones las oportunidades de acceso a los servicios públicos son similares”. Es el diagnóstico del director del IVIE y presidente de la comisión de expertos per a la reforma de la financiación, Francisco Pérez, expuesto este martes en la jornada de trabajo sobre reforma del sistema de financiación del Senado.
Pérez considera que una distribución desigual de recursos vulnera el principio constitucional de igualdad entre españoles. “Cada ejercicio que permanecemos así [sin una reforma del sistema de financiación], mantenemos cuestionado el compromiso de la Constitución Española de que el lugar de residencia no condicione el acceso de los españoles a recursos”. Una de las consecuencias de este reparto desigual de recursos es la dificultad para “desplegar políticas de desarrollo regional con una potencia parecida” en casa comunidad autónoma, una cuestión importante en el momento en el que se habla de reconstrucción. Ello explica algunos conflictos territoriales existentes, razonaba el economista.
El experto constata que las diferencias entra autonomías “no se deriva de la diferencia de capacidad fiscal, ni de renta, sino al diseño de los modelos de financiación”; por un lado, “la dualidad foral”, por otro “el complejo sistema de reparto de fondos” en las autonomías de régimen común y su aportación a los fondos comunes. “El patrón de solidaridad interterritorial es muy confuso. Hay comunidades con saldos fiscales positivos entre las que tienen un mayor nivel de renta por habitante, mientras otras los tienen negativos. Y la Comunitat Valenciana tiene un nivel de renta 13 puntos por debajo de la media y sin embargo, saldo territorial negativo”. En otras palabras: hay comunidades ricas que aportan como si fueran pobres y comunidades pobres que lo hacen como las ricas. Las diferencias de recursos llegan al 30% entre la comunidad más rica -Cantabria- y la más pobre -la Comunitat Valenciana-.
Las diferencias en recursos también son diferencias en gasto social. Según estima Pérez, hay diferencias entre las comunidades que más gastan y las que menos de hasta el 80% en educación y del 400% en servicios sociales. “Hay tal heterogeneidad que las consecuencias son muy graves. Para cubrir los servicios públicos fundamentales las comunidades con menos recursos tienen que hacer un esfuerzo mayor”, señalaba. Una cuestión que también se aplica al déficit, dado que si el esfuerzo es mayor para servicios sociales básicos, queda menos para otras políticas y lleva las autonomías a endeudarse. “Las autonomías con menos recursos se endeudan más pero no para gastar más. Las regiones que tienen un nivel de renta bajo se encuentran con recursos inferiores a la media. Son pobres , pero su capacidad de desplegar políticas de desarrollo, recuperación, es menor”, indicaba.
Para resolver los problemas relacionados con la financiación autonómica -un sistema que tiende al statu quo, afirmaba- el experto propone que las comunidades forales “participen de la solidaridad necesaria para poder igualar los servicios públicos fundamentales”, que el reparto de recursos del modelo de financiación “se base en los indicadores de necesidad: población y su composición por edades”; “el fin del statu quo, con criterios que no cuestionen el nivel absoluto de ingresos de las comunidades mejor financiadas, pero que acaben con las ventajas”; que la nivelación de recursos entre autonomías “respete el criterio de ordinalidad” y, “dada la gravedad del problema” de la reforma del sistema de financiación, si esta se retrasa, “se inyecten recursos adicionales a las peor financiadas porque son las más limitadas”.
Consenso entre ponentes
Los expertos que han participado en la jornada, -procedentes de Fedea y la Fundación Internacional Olof Palme con la colaboración del Cercle d’Economia, ESADE-EcPol, el IVIE, RIFDE y la Universidad de Oviedo- han acordado algunos puntos básicos para la reforma del sistema de financiación. El objetivo central ha de ser “avanzar con la gradualidad necesaria hacia un modelo más sencillo y transparente que los ciudadanos puedan valorar”, caracterizado por un reparto más equitativo de recursos entre todas las administraciones implicadas que garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de “razonable igualdad” y “una mayor responsabilidad fiscal que ayude a alinear los incentivos de nuestros gestores públicos con los intereses de los ciudadanos a los que representan, obligándoles a considerar los costes, y no sólo los beneficios, de sus actuaciones”. Los expertos consideran probable que la reforma del sistema de financiación se aplace como consecuencia de la crisis sanitaria, pero reclaman que no se “aparque” porque “afecta a la capacidad de respuesta ante la crisis de las distintas administraciones”. En su opinión, sería necesario realizar al menos “una reforma parcial de urgencia que vaya avanzando en las líneas propuestas y refuerce, en particular, los recursos de las comunidades peor financiadas en la actualidad”.