STEPV hace un llamamiento al profesorado a no autocensurarse ante la “policía ideológica” del Consell y exige la retirada de las multas a docentes
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El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha expresado su firme rechazo a las medidas introducidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos por el Gobierno de la Generalitat de Pérez Llorca, que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, al respecto de convertir a la Inspección Educativa en “policía educativa” en las aulas. El portavoz de la organización, Marc Candela, ha criticado la implantación de lo que define como una “policía ideológica” en el sistema educativo autonómico. A su juicio, esta norma “intenta continuar desprestigiando y criminalizando al profesorado porque se supone que no tenemos otra faena que hacer que adoctrinar”.
En relación con el discurso que atribuye sesgo ideológico a los docentes, Candela ha tirado de ironía para señalar la contradicción de los argumentos políticos: “La asignatura de religión no adoctrina, el profesorado sí”. No obstante, el representante sindical ha advertido sobre las consecuencias operativas que este tipo de legislación puede provocar en el día a día de los centros. “El peligro de esta norma es que dejemos de hacer las actividades y las acciones que solemos hacer en los centros educativos. No podemos permitir esa autocensura”, ha enfatizado.
Frente a estas restricciones, STEPV defiende la vigencia del marco legislativo general para mantener la impartición de contenidos transversales y éticos en las aulas. “Debemos continuar haciendo acciones para promocionar nuestra lengua, para promocionar la igualdad, el feminismo, hablar del colectivo LGTBI, de los derechos humanos, de las guerras, de Palestina, que es lo que al final pretenden evitar”, ha aseverado Candela. El portavoz ha instado a la comunidad educativa a no frenar su actividad “por miedo a ser reprimidos” y ha recordado la cobertura legal existente: “No podemos permitir que este Gobierno que tenemos de PP y Vox -que no forma parte del Consell- nos imponga lo que podemos hacer y lo que no, porque nos avala la ley educativa. No permitamos la autocensura y continuemos trabajando en difundir valores, derechos humanos y la lengua entre el alumnado”.
Rechazo a las sanciones a docentes
Además, el sindicato ha hecho público el malestar del profesorado por las sanciones administrativas impuestas por la Delegación del Gobierno a varios docentes y a un alumno a raíz de las movilizaciones de la pasada huelga educativa. El propio Candela ha reconocido que ha recibido una multa por su participación en una concentración frente a la que ya ha presentado las correspondientes alegaciones, al argumentar que el acto “era una rueda de prensa” y que “no existe el motivo por el que me han denunciado”.
El portavoz de STEPV ha expresado que mo le preocupa su multa en particular, sino las que han recibido otros docentes, “a quienes estamos asesorando y ayudando a presentar alegaciones”. En este sentido, ha calificado la actuación policial como un ataque coordinado. “Todo esto lo enmarcamos en una campaña de represión contra el profesorado, en este caso por parte de la Policía Nacional, que no vamos a tolerar”, ha afirmado.
La central sindical prevé solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno la anulación de todos los expedientes sancionadores abiertos. “Vamos a pedirle que retire las multas, porque no tienen ningún sentido”, ha insistido Candela, quien ha remarcado además que “el único incidente que se produjo fue el empujón a una compañera jubilada por parte de un agente de policía”.
Calendario de protestas al inicio del curso
Ante esta situación, la organización sindical ya trabaja en la reactivación del conflicto educativo de cara al arranque del año académico. Candela ha anunciado que las protestas continuarán el próximo mes con marchas simultáneas en València, Castellón y Alicante el 12 de septiembre: “Hay que reactivar las movilizaciones e incorporar estas cuestiones de las que acabamos de hablar a la plataforma reivindicativa”. STEPV considera fundamental mantener la unidad de la comunidad educativa ante las administraciones para garantizar los derechos laborales y los proyectos pedagógicos. “Hay que mantener la presión al Gobierno autonómico”, ha concluido.