La huelga educativa valenciana deja hasta el momento 14 sanciones a docentes y más de 8.000 euros en multas
El conflicto educativo valenciana, que vivió un mes de huelga con movilizaciones multitudinarias a finales del curso pasado, suma un nuevo episodio de tensión. La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) ha denunciado lo que considera un ejercicio de “represión administrativa y policial” contra el profesorado participante en las movilizaciones y jornadas de huelga desarrolladas en mayo y junio pasado.
Según el balance difundido por la coordinadora, hasta la fecha constan un total de 14 sanciones administrativas incoadas por la Delegación del Gobierno y que están dirigidas a docentes que participaron en las protestas desarrolladas con motivo de la huelga indefinida (doce de ellas a título individual y dos al STEPV, uno de los sindicatos convocantes). Las sanciones van desde los 601 hasta los 800 euros y el importe acumulado de estas penalizaciones asciende a 8.600 euros, derivados de actuaciones policiales en concentraciones previamente notificadas y en piquetes informativos. Desde el colectivo señalan que estas multas buscan “desincentivar la lucha e infundir temor” entre el cuerpo docente para dificultar el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga.
Uno de los afectados, según recoge la agencia EFE es David Esteve, profesor de Biología y Geología en la provincia de Alicante, que ha recibido una notificación de acuerdo de iniciación de expediente sancionador por una “infracción grave” que conllevaría una multa de 800 euros incoada por la Delegación del Gobierno. El sindicato al que pertenece Esteve, CSO, (Consejo Sindical Obrero) ha decidido no pagar su multa por considerarla un “acto político para tratar de amedrentar movilizaciones futuras” y van a recurrirla “al no haber cometido una infracción (no haber incitado a nada ni cortado ninguna calle)”.
La CADPV suma a estas sanciones la actitud de la Conselleria de Educación y del Ejecutivo autonómico, a quien reprocha su “falta de voluntad negociadora”. Asimismo, la organización denuncia la fijación de unos servicios mínimos que califica de “abusivos” —medida que ya motivó la presentación de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por parte de las centrales sindicales— y el intento de implantar mecanismos de control del debate pedagógico a través de la modificación del Decreto 80/2017 sobre convivencia en los centros educativos.
Para amortiguar el impacto económico de las penalizaciones, las asambleas mantendrán activa la caja de resistencia y canalizarán el asesoramiento de los servicios jurídicos sindicales con el objetivo de evitar que ningún participante asuma los costes de manera individual.
Un conflicto en las aulas
Las sanciones se circunscriben en el ciclo de protestas que ha tensionado el ámbito educativo valenciano. La comunidad escolar, por medio de los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, ANPE y CSIF -aunque estos dos últimos acabaron por descolgarse antes de la convocatoria de huelga y movilizaciones-, convocó a final del pasado curso diversos paros y huelgas para mostrar su rechazo a las líneas maestras de la administración autonómica en materia educativa.
A pesar de la desconvocatoria de los paros el pasado 12 de junio, cinco semanas después de que comenzara la huelga indefinida, los sindicatos convocantes consideran que no se han producido avances suficientes en las reivindicaciones del profesorado: subida de salarios, bajada de ratios, mejora de infraestructuras, aumento de plantillas, mejoras en inclusión y Formación Profesional, reducción de la carga burocrática y recuperar el peso del valenciano en la educación pública valenciana. Apenas se produjeron algunos acuerdos parciales en temas como la burocracia o con determinadas plataformas (CSIF y ANPE) en la cuestión retributiva.
No obstante, el desgaste derivado de las movilizaciones y de las sanciones notificadas, no ha provocado que los docentes bajen la guardia y la CADPV ha advertido de que el inicio del próximo curso escolar no implicará una vuelta a la normalidad mientras persistan los agravios en la enseñanza pública, por lo que prevé la continuidad de las medidas de presión. En esta misma línea se expresaron el pasado mes de junio los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, quienes ya advirtieron que, de no haber avances significativos en las negociaciones con la conselleria, se retomarían las movilizaciones en septiembre, coincidiendo con el comienzo de curso.