Pérez Llorca convierte a la Inspección en 'policía educativa' para supervisar la “neutralidad ideológica” en los centros valencianos
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La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una profunda modificación en las competencias de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana. La ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la “neutralidad ideológica” en el conjunto del sistema educativo y habilitar vías de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con ello, la Inspección se convierte en una especie de “policía educativa”.
La medida, pactada tras el proceso de negociación presupuestaria entre el Gobierno autonómico del popular Pérez Llorca y Vox, incorpora un nuevo apartado al articulado que regula la función inspectora. A partir de la entrada en vigor del texto, los inspectores deberán supervisar que “las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. El texto legal añade la obligación de garantizar el respeto al pluralismo, a la libertad de conciencia de las familias y a los derechos derivados de la libertad lingüística.
Canales de denuncia y plazos de actuación
El texto, en su artículo 20 bis, encomienda a la Conselleria de Educación la apertura de canales de comunicación accesibles. Esta vía permitirá a cualquier miembro de la comunidad educativa poner en conocimiento de la Administración hechos que puedan vulnerar la normativa o los derechos del alumnado.
Tras la recepción de una comunicación, la Inspección dispondrá de un plazo orientativo de diez días hábiles para realizar una valoración inicial del contenido. Con este análisis, el cuerpo inspector determinará la procedencia de emprender actuaciones específicas o derivar el caso al órgano competente. La norma descarta la apertura de expedientes motivados por meras “discrepancias pedagógicas ordinarias” o reclamaciones académicas con cauces ya reglamentados.
Sin embargo, ante la presencia de indicios de incumplimientos de especial relevancia o que afecten a derechos fundamentales, la regulación faculta a los técnicos para ejecutar actuaciones prioritarias. Entre estas medidas se incluyen la realización de visitas presenciales a los centros escolares y la celebración de entrevistas formales con las partes implicadas.
El texto legal estipula que este procedimiento respetará los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción, confidencialidad, presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación y mínima interferencia” en la actividad escolar. Asimismo, la Inspección podrá proponer la adopción de medidas provisionales de urgencia si se aprecia un perjuicio grave e inmediato para los estudiantes.
Oposición frontal y recursos en los tribunales
La publicación de la normativa ha desatado una contundente respuesta política por parte del diputado de Compromís en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, para quien la reforma permite la creación de una “policía política” orientada a la persecución del profesorado y al recorte de la libertad de cátedra.
“Se concreta en el Diario Oficial lo que ya se apuntaba durante la aprobación de los presupuestos, y es que el Partido Popular se pliega a Vox y crea una policía política en la inspección para perseguir a docentes de forma absolutamente antidemocrática”, ha manifestado el parlamentario autonómico. Fullana considera que el establecimiento de expedientes activados por denuncias externas busca “instaurar el miedo” mediante un “proceso inquisidor sin precedentes en la democracia valenciana”, al tiempo que ha anunciado el estudio de acciones jurídicas para frenar la aplicación de esta reforma normativa.
A este debate se ha sumado también el exsecretario autonómico de Educación, el socialista Miguel Soler, quien ha cargado con dureza contra la reforma aprobada por la Generalitat. Soler sostiene que la neutralidad ideológica en los centros públicos ya consta en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación desde 1985 y que la Inspección ya disponía de herramientas para actuar ante casos reales de propaganda partidista. A su juicio, la norma no cubre ningún vacío legal, sino que “da cobertura al discurso de Vox” para convertir la desconfianza hacia los docentes en un criterio de actuación administrativa y articular “un pin parental a lo bestia” que sitúa bajo sospecha áreas clave como la coeducación, el pluralismo lingüístico o los programas LGTBI.
El exresponsable educativo advierte además del severo “efecto intimidatorio” que proyecta la medida sobre el día a día de las aulas. Según denuncia, la ambigüedad en la definición de adoctrinamiento terminará por empujar al profesorado hacia la autocensura, la cancelación de debates y el rechazo a actividades complementarias por temor a sufrir denuncias infundadas. “No se puede defender la autoridad docente mientras se debilita la confianza de la sociedad en quienes enseñan; la escuela necesita profesionales libres y no comisarios ideológicos”, recalca Soler, quien insta a la derogación de unos artículos que, a su parecer, traicionan los principios democráticos del sistema educativo.