El Puerto de Valencia se enfrenta a una multa de hasta un millón de euros por irregularidades en el contrato de su canal de denuncias
LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
Los problemas no dejan de crecer en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que dirige la presidenta Mar Chao. En este caso, viene motivado por un expediente abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, que podría finalizar en una sanción administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.
Según ha averiguado elDiario.es, a raíz de una denuncia anónima, la AIPI abrió una investigación preliminar que ha concluido en la apertura de un expediente y su traslado al departamento de procedimiento sancionador por posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Si la conducta se calificara finalmente como una infracción muy grave, tal y como pone de relieve la denuncia, la multa podría situarse entre 600.001 y 1.000.000 euros, al tratarse de una entidad pública equiparada a una persona jurídica.
La denuncia cuestiona la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que habría delegado en una empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.
Según la denuncia, la APV habría actuado de forma contraria a la Ley 2/2023, hasta el punto de que su conducta podría constituir una infracción administrativa grave o muy grave, especialmente en lo relativo a la independencia, imparcialidad y gestión adecuada de los expedientes del buzón interno.
El núcleo del problema se sitúa en el contrato que la APV formalizó en mayo de 2023 con la empresa Asesores Forenses y Financieros, S.L. (GPartners) por importe de 74.959 euros (IVA incluido) y por un plazo de tres años para gestionar el canal interno de denuncias. La ley permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.
Para la AIPI, el contenido del contrato y de su pliego técnico se excede en las competencias atribuidas a la empresa, ya que incluye servicios de análisis de las denuncias, determinación de si existen evidencias razonables, recomendación del alcance de las investigaciones internas e incluso la emisión de informes motivados y servicios de investigación. En la práctica, esto habría convertido al proveedor externo en un actor central en la instrucción de los expedientes, desdibujando el papel del responsable interno del sistema y comprometiendo la independencia que exige la Ley 2/2023.
La AIPI concluye que se ha incumplido la Ley 2/2023 en lo relativo a la configuración del sistema interno de información, el papel del responsable del sistema y los límites a la externalización de la gestión del canal. Jurídicamente, encuadra los hechos en el régimen de infracciones previsto en el artículo 63.1.g de la ley que considera infracción muy grave cuando se incumple de forma sustantiva la obligación de disponer de un sistema interno de información conforme a los requisitos legales.
Del informe a la posible sanción
Con la fase de comprobación ya cerrada, la AIPI ha finalizado las actuaciones del expediente y lo ha remitido al procedimiento sancionador, al apreciar que los hechos podrían ser constitutivos de infracción administrativa. Esto significa que, a partir de ahora, se abrirá un expediente específicamente sancionador en el que se valorará si la Autoridad Portuaria de Valencia es responsable y qué tipo de infracción (leve, grave o muy grave) se le imputa finalmente.
Por su parte, fuente de la APV han confirmado que “a raíz de una denuncia anónima presentada ante la AIPI ésta, en el marco de sus competencias y en fase de comprobación, solicitó información en relación al funcionamiento del Canal de Denuncias de la APV. Por Resolución de 14 de abril de 2026 se declaró concluida la fase de comprobación e instrucción, sin que conste el inicio de procedimiento sancionador alguno”, una situación que se da porque aún no hay pronunciamiento de este departamento al respecto.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo público estatal, de carácter independiente, creado a raíz de la Ley 2/2023 para proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y luchar contra la corrupción en el sector público y privado. Entre sus funciones están gestionar el canal externo de comunicaciones, adoptar medidas de protección frente a represalias y tramitar procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en dicha ley, entre ellas la de no constituir los canales éticos en las empresas u organismos o, constituidos, que estos no funcionen conforme a ley.