El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha anunciado este martes que llevará a Fiscalía el comportamiento de los alcaldes y representantes públicos que no facilitan la información que les solicita, al igual que hacen instituciones homólogas en otras comunidades autónomas.
“No es posible que crean que tienen el privilegio de que la información es suya. Recurriremos y buscaremos la inhabilitación”, ha aseverado en la comisión de peticiones de Les Corts. Luna ha puesto como ejemplo una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Ávila que condena a un alcalde a más de un año de inhabilitación por no responder a un requerimiento.
Como balance de la memoria de 2018, ya presentada, el Síndic ha alertado sobre la situación de los jóvenes extutelados por la Generalitat, lamentando que “cuando cumplen 18 años, suelen recibir el regalo de ponerles en la calle”. “Hasta los 18 están atendidos y alimentados, y después les dicen: 'tú vida es tuya, arréglate como puedas”, ha subrayado, con lo que cree que “queda mucho por hacer”.
También ha advertido que la Comunitat sigue “sin una estrategia valenciana de infancia y adolescencia”, a pesar de que la Conselleria de Igualdad se comprometió en 2017 a implantarla tras abrirle una queja de oficio. “Faltan protocolos para la atención de los menores a todos los niveles”, ha aseverado, ya que la declaración de riesgo corresponde a los ayuntamientos y la de desamparo a la Generalitat.
Otra cuestión que “preocupa especialmente” al Síndic son las reclamaciones por ayudas de dependencia o 'Renta valenciana de inclusión', ya que “el funcionamiento se ha complicado de tal manera que no se sabe qué institución es la responsable: si la Conselleria de Igualdad o los ayuntamientos”.
El órgano consultivo “se enfrenta a una situación en la que Igualdad delega actuaciones en los ayuntamientos y estos dicen que no medios suficientes”. “No sabemos de quién es la culpa, pero sí que hay ciudadanos que tienen derecho a recibir las ayudas en seis meses y pasan dos años”, ha recalcado Luna.
Ha puesto como ejemplo una “noticia tremenda” en Alicante que publica 'Información': “A un ciudadano que acude ahora a los servicios sociales por cualquier problema le dan cita para noviembre porque el Ayuntamiento tuvo que despedir a 70 personas cuando acabó 2019”. Esto refleja, a su juicio, que las ayudas de la Generalitat “llegan cuando prácticamente ha pasado la mitad del año”.
En el mismo ámbito, ha denunciado los retrasos “inaceptables” en las declaraciones de discapacidad, “cercanos a dos años en muchos casos, con todo lo que supone para los ciudadanos que no pueden acceder a instituciones y ayudas” sin este reconocimiento. Ha puntualizado, tanto en este caso como en dependencia, que no pretende entrar en una “guerra de cifras” con el departamento de Mónica Oltra.