Lecciones de la dana en salud mental: “Los afectados no necesitan un psiquiatra, necesitan una comunidad fuerte que los proteja”
Cuando se acerca un episodio de lluvias, el hijo adolescente de Elisabet le pide que no vaya a trabajar. Desde el 29 de octubre de 2024 estuvo aislada 4 días al conseguir subir a un camión en la V30, en la salida de Paiporta. Ahora en su familia “asocian que llueve con no salir de casa, no hay colegio, los papis no van a trabajar... y no se puede vivir en esa tesitura”, explica ante un auditorio repleto de asistentes, entre los que hay alcaldes, responsables de emergencias y otros agentes institucionales.
La salud mental de las personas que vivieron la dana o perdieron a algún familiar o allegado ha quedado fuertemente dañada. Al margen de los diagnósticos individuales, en la llamada 'zona cero', los ciudadanos ya no ven llover como antes. Algunos —especialmente niños y adolescentes— tienen miedo de lo que pueda suceder; otros rememoran la tragedia. Pero la dana del 29 de octubre de 2024 no solo ha provocado episodios de nerviosismo y temor en las comarcas afectadas; el duelo y el trauma colectivo han empapado a toda la sociedad valenciana, y la rabia y la frustración por la inacción han abierto paso a la desconfianza.
Así lo han puesto de manifiesto las representantes de las asociaciones de víctimas y damnificados en un encuentro con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y la comisionada para la Salud Mental del Gobierno, Belén González, en el marco de la conferencia internacional de la OCDE sobre catástrofes climáticas. En diálogo, moderado por el director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, la presidenta de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Elisabet González, y la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, han recalcado las heridas aún pendientes de cicatrizar en las comarcas afectadas, heridas que cierran más fácilmente cuando hay un proceso de escucha. Cuando se sienten arropadas y cuando participan de las decisiones. “¿Cómo estamos? Algo mejor porque en algunos espacios se nos da voz”, explica Álvarez, a veintitrés días del segundo aniversario de la catástrofe. “Una alerta naranja en la zona cero era sinónimo de miedo”, añade Gradolí.
“El problema que tenemos a día de hoy es que no confiamos en quien está gestionando la emergencia”, señala González Peralta, que abre un asunto clave en la conversación: la falta de confianza en las instituciones tras el desastre. “El problema es que las competencias no pueden estar en manos de incompetentes; es imposible que haya una confianza”, insiste la representante. La cuestión ha ido planeando en varias sesiones de la conferencia internacional, donde diversos actores locales la ponen de relieve. También la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la comisionada para la Salud Mental lo ven así. “La salud mental de la población que ha sufrido (...) solo se garantiza si somos capaces de dar una respuesta completa. (...) Que tengamos un territorio protegido, resiliente y consciente de la vulnerabilidad, que no ponga en peligro la vida de la gente teniendo casas donde no puede haber casas, la tranquilidad de que sus instituciones van a actuar a tiempo y que tengan suficiente información para saber qué hacen cuando suena una alerta”, señala Bernabé.
La comisonada de Salud Mental del Gobierno apunta: “Algo que ha dañado mucho en este proceso tiene que ver con las narrativas que se han contado y las historias que se han querido silenciar”. “Lo que tiene sentido en circunstnacias catastróficas tiene que ver con lo estructural y lo colectivo”, prosigue González, psiquiatra con un máster en feminismos, que aboga por la intervención comunitaria en detrimento de la patologización. La responsable del comisionado ha desgranado algunas actuaciones puestas en marcha a través de las unidades de emergencia, recursos que primaban situar el foco en lo colectivo. “La comunidad demostró una fortaleza espectacular”, ha apuntado esta psiquiatra especialista en feminismo, al mando del comisionado en Salud Mental desde 2024.
Los afectados, explica González, “no necesitan un psiquiatra o un psicólogo, necesitan una comunidad fuerte que los proteja”. Durante los meses de intervención, que se prorrogarán hasta septiembre de 2027, los especialistas abogaron por tejer lazos comunitarios en lugar de buscar diagnósticos individuales. Un episodio de más de 230 victimas mortales “afecta como una onda expansiva a quienes habian perdido una persona, sus casas, sus bienes, el territorio donde uno ha construido una biografia, y eso no se reconstruye en la consulta uno a uno”, relata la profesional, que insiste en que los recursos de la comunidad ya estaban ahí. Solo tenía que ir alguien a activarlos. “Lo que hemos hecho es recuperar el tejido comunitario que da respuesta y acompaña”, destaca.
La escucha desde las instituciones ha sido un aspecto esencial, destacan las víctimas, que recordaban la prohibición de ir a Feria Valencia, donde se practicaban las autopsias a los fallecidos, en busca de sus familiares, una decisión comunicada por la entonces consellera Nuria Montes. “Tuvimos que mascar todo ese dolor solas”, ha denunciado Álvarez. De esa denuncia se ha aprendido mucho. Según ha trasladado Bernabé, los protocolos de las oficinas de atención a las víctimas han de cambiar, como la tramitación de las indemnizaciones. Las unidades especializadas en crisis han tomado nota de las surgerencias de las víctimas y ahora las aplican en otros escenarios catastróficos, como han sido los últimos grandes incendios, ha apuntado González. Tratan de hacer realidad una de las peticiones de las asociaciones de víctimas: que no vuelva a suceder.