El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, se niega a hacer público el contrato de asistencia jurídica que ha firmado con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como representante municipal, eso sí, con una compatibilidad aprobada por el pleno que le permite realizar alguna actividad privada, pero de forma “marginal”.
Como avanzó elDiario.es, Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó un contrato como asesor jurídico del COGITI especializado en temas urbanísticos. Una vinculación laboral que han reconocido oficialmente tanto el grupo municipal Vox como la entidad colegial, aunque ambas partes han insistido en que está amparada por la mencionada compatibilidad.
Las dudas legales, sin embargo, son inevitables habida cuenta de que Gosálbez participa y vota en las comisiones de Urbanismo como representante de Vox, al tiempo que asesora a miembros del Colegio de Ingenieros, que pueden ser potenciales contratistas del Ayuntamiento.
Precisamente, por este motivo Compromís per València ha denunciado que Gosálbez, miembro del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, oculta “deliberadamente” lo que cobra del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales alegando “secreto profesional”, tal y como esgrime el propio edil de extrema derecha en una respuesta por nota interior a la coalición valencianista.
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha lamentado este nuevo caso de “opacidad municipal”, que pone en cuestión “las prácticas del gobierno de Catalá, empezando por la propia alcaldesa, de la que todavía no sabemos cuánto cobra de la Universidad Internacional de València (VIU); el concejal José Marí Olano, a quien han tenido que apartar de la mesa de contratación por incompatibilidades manifiestas; y ahora el caso de Gosálbez, que ante las preguntas de Compromís se niega a facilitar una información básica de transparencia”.
Papi Robles ha criticado que ya “empieza a ser habitual y también escandalosa” la forma en que el Gobierno de Catalá mezcla intereses privados con los públicos sin dar ninguna explicación. “Creen que pueden hacer lo que les da la gana desde el gobierno, pero cuando se trabaja con el sector privado hay que ser muy escrupuloso en todo lo que es público. Han elegido gobernar de manera opaca y con intereses que desconocemos qué esconden”, ha añadido la portavoz del segundo partido de la ciudad. “Un gobierno debe estar con dedicación plena a la ciudad, trabajando a tiempo completo, con una única prioridad exclusiva, que es lo que necesita una ciudad como València y lo que los vecinos y vecinas de la ciudad se merecen”.
Cabe recordar que el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, solicitó en diciembre de 2023 que el Pleno le autorizara, por un lado, a tener dedicación exclusiva como concejal y, al mismo tiempo, a compatibilizar el cargo con el ejercicio de su profesión como abogado. Desde Compromís han insistido en que el Pleno aprobó la compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter “marginal”, tanto en el aspecto funcional, en relación con el horario dedicado, como en la percepción económica que percibiera.
Sin embargo, como informó este diario, Gosálbez mantiene un contrato de asesoría jurídica del que pueden beneficiarse los miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de València, sin que el citado concejal haya informado de ello a la Secretaría del Pleno municipal, según argumentaron desde Vox, porque no está obligado a hacerlo.
Ante esta situación, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha pedido directamente a Gosálbez que haga público el contenido del contrato con el fin de disipar cualquier duda sobre si sigue cumpliendo los requisitos que el Pleno municipal impuso para aprobar la compatibilidad entre su dedicación exclusiva y el ejercicio marginal de la abogacía, a lo que el concejal de Vox se ha negado amparándose en un supuesto secreto profesional.
Para Puchades, “la actitud de Gosálbez deja clara su intención de eludir y negar cualquier posibilidad de transparencia sobre su actividad profesional, que puede afectar a su trabajo como concejal del gobierno municipal. Ya advertimos del difícil encaje entre la actividad como abogado y la de concejal, ya que podía interferir claramente tanto en el horario dedicado como en las materias que le afectan como miembro del gobierno y, en concreto, de la Comisión de Urbanismo”.
Según el concejal de Compromís, “ampararse en un supuesto secreto profesional es tomarle el pelo a la ciudadanía, utilizando una institución fundamental para garantizar las relaciones entre un cliente y su abogado, pero lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer no tiene nada que ver con lo que Gosálbez hable con sus clientes, sino con cuánto tiempo le dedica y, sobre todo, cuál es la percepción económica que recibe”. Para Puchades, “el hecho de que Gosálbez haya firmado un contrato ya evidencia que se ha comprometido a una actividad estable, constante y mantenida en el tiempo, a cambio de una remuneración que también sería estable y constante, lo que desvirtúa claramente que pueda tratarse de una actividad ‘marginal’, como él mismo declaró en su solicitud de compatibilidad”.
En este sentido, Puchades ha recordado que el Tribunal Supremo ha sostenido que para que la actividad privada que se pretende compatibilizar con la pública merezca el calificativo de marginal, “debe acreditarse por quien está obligado a ello su efectiva realidad en el aspecto funcional, el horario y el económico”. Para Puchades, es evidente que desde diciembre de 2023 las condiciones han cambiado y es Gosálbez quien debe probar que su trabajo como abogado no tiene carácter marginal.
Puchades ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo para que la alcaldesa subsane la negativa de Gosálbez y le requiera para que aporte la información y, en caso de que no lo haga, el grupo Compromís solicitará un informe a la Secretaría del Pleno sobre el objeto de la información solicitada.