Urbanismo se desentiende de las obras ilegales en alojamientos turísticos de València y remite a los vecinos al juzgado

“Estamos perplejos por la respuesta que nos ha dado el Ayuntamiento. Lo que ha pasado aquí es que han dado unos permisos de obras en base a unos proyectos que incumplen la Ley de Propiedad Horizontal al alterar zonas comunes sin permiso de cada comunidad y la respuesta municipal ha sido que tenemos que recurrir en el juzgado al tratarse de un asunto civil. Es indignante, nos han vendido para que unos especuladores hagan su negocio”.

Así de indignado se ha mostrado uno de los residentes que asistió este lunes a la reunión convocada por el concejal de Urbanismo, Juan Giner, con los afectados por las polémicas obras de alojamientos turísticos que una empresa con inversores del este, cuya representación legal ostenta un asesor del PP en el Senado, desarrolla en los bajos de sus tres edificios. La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Unos 16 vecinos y vecinas, incluidos representantes de la asociación vecinal del barrio y los administradores de las tres comunidades afectadas, asistieron al encuentro celebrado este lunes. Por parte del Ayuntamiento asistieron, además de Giner, otros seis altos funcionarios entre secretarios y jefes de servicio de las áreas de licencias y urbanismo.

Todos los residentes consultados por elDiario.es han coincidido en destacar que a pesar del buen trato y de la información facilitado por los responsables municipales, no se les ha aportado ninguna solución a las quejas planteadas, principalmente las obras no autorizadas por las comunidades sitas en las calles de Encarna Albarracín, de Carlos Cortina 5 y de Carlos Cortina 2.

En los dos primeros casos alteración de fachadas de zonas comunes mediante la apertura de ventanales y apertura de agujeros de forma indiscriminada en el techo del garaje para realizar canalizaciones y en el tercero la eliminación mediante taladro hidráulico de revestimiento de columnas de carga. Además, en el caso de los residentes de Encarna Albarracín han recordado que tienen recogido en los estatutos la prohibición de actividades turísticas tanto en plantas bajas como en el resto del edificio.

“Giner nos ha explicado que el Ayuntamiento solo puede revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos municipales y que de momento no pueden parar las obras porque todo lo que están haciendo se ajusta a los proyectos presentados y que en todo caso, el tema de la Ley de Propiedad Horizontal y de los estatutos son temas civiles por lo que debemos de recurrirlos en el juzgado. Es indignante porque el proyecto se presenta al Ayuntamiento y es el Ayuntamiento el que lo valida, pero dicen que no les corresponde a ellos verificar si la comunidad ha autorizado las obras”, lamentaron.

Los residentes también se preguntaron por qué no es de aplicación la nueva normativa aprobada el pasado mes de mayo que restringe la actividad turística en bajos comerciales a un máximo de un 15% por manzana (porcentaje que en todos los casos llega al 100%) a lo que el concejal, siempre según los vecinos, explicó que la empresa solicitó el permiso de obras presentando una declaración responsable un día antes de que se aprobara: “Nos parece muy llamativo que pidieran las licencias justo un día antes de que se aprobara una ley que les hubiera permitido desarrollar el proyecto turístico”, comentaron.

Colaboración municipal

Por su parte, Giner dio cuenta de las inspecciones realizadas y destacó que todas las actuaciones se han realizado para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la sujeción de las obras al proyecto autorizado, dentro de las competencias municipales y con plena seguridad jurídica.

“Comprendemos la preocupación de los vecinos, por eso he querido atenderles y explicarles, de la mano de los técnicos, las actuaciones que se han llevado a cabo y nos hemos puesto a su disposición para colaborar, dentro del ámbito de nuestras competencias, en todo aquello que necesiten”, defendió Giner.

El concejal recordó que el gobierno municipal ya ha demostrado en ocasiones anteriores que está del lado de los vecinos en actuaciones como la paralización del macrohotel de las Naves de Guala o la actuación en la colmena de Ruzafa.

“Lamentablemente estamos ante los últimos coletazos de la barra libre que permitió la izquierda para la proliferación de alojamientos turísticos en los bajos. Si el gobierno anterior no hubiera dado barra libre, la reunión que hemos mantenido hoy no hubiera sido necesaria”, dijo el concejal.

Por último, Giner recordó que la regulación urbanística vigente para el terciario hotelero blinda el uso residencial del 98 % de las viviendas y limita al 15 % el máximo de nuevos alojamientos turísticos en bajos, siempre que el barrio o distrito en el que se implanten no haya superado ninguno de los tres umbrales de saturación.

El PSPV critica el abandono de Catalá

La concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía denunció que el gobierno de María José Catalá se ha desentendido del problema de las comunidades de vecinos de Benicalap que sufren la presión de una empresa que pretende desarrollar varios proyectos hoteleros y de apartamentos turísticos. Valía criticó que, lejos de proteger a las familias y defender la convivencia en los barrios, el Ayuntamiento les ha trasladado que deben resolver por su cuenta una situación ante la que se sienten completamente desamparadas.

“El gobierno de María José Catalá ha citado hoy a los vecinos y vecinas de los edificios de Benicalap, donde inversores extranjeros pretenden llenarles los bajos de apartamentos turísticos y habitaciones de hotel, para decirles que se tienen que apañar, que para ellos todo está bien y que no tienen nada ni que decir ni que hacer ante esta situación que viven estas familias que, como es natural, la viven con total impotencia, viendo como su ayuntamiento no les protege, no les ampara y una vez más se pone de parte de quien está tensionando y destrozando la convivencia en nuestros barrios”, indicó.