Zaplana y Rus aguardan la respuesta a sus recursos y Oltra, la fecha de su juicio
El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, ambos con el PP, aguardan el pronunciamiento del Supremo sobre sus respectivas condenas por corrupción mientras la exvicepresidenta de la Generalitat y candidata a la alcaldía de València Mónica Oltra (Compromís) espera la fecha para su juicio por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales.
La posible entrada en prisión del que fue president del Consell y máximo responsable del PP en la Comunitat podría ser una de las noticias del curso judicial que comienza este mes, prácticamente dos años después de la condena a 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Zaplana también deberá hacer frente a las multas que se le impusieron en este proceso, por un importe superior a los 25 millones de euros, en el que fue condenado junto a los empresarios Vicente y José Cotino; su ex jefe de gabinete, Juan Francisco García, y su amigo Joaquín Barceló.
El expresident y exministro disfruta de la libertad que le concedió la Audiencia Provincial de Valencia en noviembre de 2024, ya que no se apreció riesgo de fuga, y el Supremo estudia el recurso a su condena desde marzo de 2025.
Todavía anterior es la sentencia impuesta al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, de noviembre de 2023, cuando la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia le condenó a cinco años de cárcel en una de las piezas del denominado caso Imelsa, la referida a los trabajadores zombis, que cobraban sin trabajar.
Esa condena incluía el pago, de forma solidaria con otros condenados, en concepto de responsabilidad civil 356.554 euros a la empresa la empresa pública de la Generalitat Ciegsa y 57.325 a la empresa pública de la Diputación Divalterra (sucesora de Imelsa).
Oltra
La exvicepresidenta del Consell y candidata de Compromís a la alcaldía de València deberá afrontar en los próximos meses el juicio oral al que la abocó la Audiencia Provincial, en contra del criterio del juez instructor y de la Fiscalía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella.
Fueron las acusaciones, tanto la particular como las populares, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-te, las que recurrieron hasta en dos ocasiones el archivo de la causa y las que han obtenido un pronunciamiento favorable por parte de la Audiencia Provincial, que ha propiciado que este sumario llegue finalmente a juicio.
Junto con otras doce personas, entre las que se encuentran varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad, Mónica Oltra deberá afrontar un proceso por delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
Francis Puig
También se encuentra en el paso previo a la apertura de juicio oral la causa abierta en Instrucción 4 de Valencia contra Francis Puig, el hermano del expresident Ximo Puig, y el empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por el supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano.
La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia rechazó el pasado mes de abril los recursos interpuestos por ambos, de modo que ambos deberán ir a juicio por estafa y falsedad.
La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han presentado ya sus escritos de acusación en los que reclaman penas de entre 3 y 4 años de prisión para ambos.
Azud, 38 procesados a la espera de juicio
La parte de la actualidad dedicada a las macrocausas de corrupción, habituales desde hace años en la Comunitat Valenciana, tendrá un nuevo serial con el juicio del caso Azud, una de las tramas más extensas en el tiempo y también en el espectro político, por abarcar tanto a políticos del PP como del PSPV-PSOE.
El pasado jueves la jueza de Instrucción 13 de València puso fin a diez años de investigación con el procesamiento de 38 personas, entre ellas varios dirigentes políticos del PP y PSOE, como el que fue vicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau; el concejal y exdiputado Jorge Bellver; el cuñado de la exalcaldesa, el abogado José Corbín, acusados todos ellos de haber cobrado comisiones ilícitas o percibido regalos de lujo por sus gestiones.
También se sentarán en el banquillo de los acusados el exportavoz del grupo municipal socialista y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; la exalcaldesa de Xixona con el PP Rosa María Verdú, así como varios funcionarios, empresarios de la construcción y abogados.
Además, el pasado mes de mayo el Tribunal de Instancia de Valencia decretó la apertura de juicio oral por un delito de odio contra la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, para quien la Fiscalía reclama una condena de 3 años de prisión por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de Twitter (actualmente X), entre 2020 y 2024.
También se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción las denuncias presentadas por el PSPV y Compromís por diversos contratos suscritos por el concejal de Vox y ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas.
En una fase más incipiente se encuentra la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación de personal, según denunció Compromís.
Y en Castellón, está pendiente de señalamiento un nuevo juicio contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP.
El origen de esta investigación se remonta cinco años atrás, cuando supuestamente Fabra maniobró para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado a 4 años de prisión y al pago de 1,3 millones de euros por varios delitos fiscales.