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“No te dejan más remedio que mentir”: la misión imposible de alquilar piso si tienes animales

Gabriela tiene 32 años, dos gatos y es mánager de ventas en Madrid. En su periplo buscando piso en la capital que les acepte su estrategia siempre ha sido clara: “No he tenido problemas porque mentimos: siempre decimos que no tenemos mascota”, cuenta. “En mi edificio se supone que no dejan [tener animales] en ningún piso, pero todo el mundo tiene perro o gato”, relata. Laura, de 24, trabaja en una de las Big Four y hace hincapié en lo difícil que es conseguirlo: “La inmensa mayoría de pisos no admiten perro”. Su anterior casera se negó a admitir a su querido Rocky en el contrato, pero pasados unos días vio en una foto que era un perro salchicha, como el suyo, y cedió. “Si no, probablemente no nos lo hubiese alquilado”. Este año se cambió de piso y no mencionó la existencia de su amigo peludo: “Tal y como está la situación, no dije nada al buscar. Y como el casero no está muy pendiente tampoco, preferí callármelo”, añade.

La situación de Laura y Gabriela no es atípica ni tampoco una cuestión de mala suerte, sino el reflejo de un gigantesco escollo para quienes conviven con gatos y perros, que no son precisamente pocos. Un estudio del Gobierno estima que en nuestro país hay más de 15 millones de animales de compañía, un 14% más que en 2021, de los que la mitad son perros (7,5 millones), casi un 40% gatos (5,6 millones) y el resto otras especies como conejos, aves, reptiles o tortugas. Hay estimaciones todavía más elevadas, como el informe Pet-money: la economía de las mascotas y su impacto en el hogar español, elaborado por EAE Business School, que calculan 30 millones de mascotas en España, con una boyante economía alrededor que crece al 8,3% cada año y genera 75.000 empleos. 

Desde 2019, hay más hogares con animales que con niños menores de 15 años en España. La cifra de bebés es once veces menor a la animal, ya que se contabilizan 1,3 millones de niños de 0 a 3 años. Las familias con animales suponen más de la mitad del total: el 52%, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Unos números que chocan frontalmente con la disponibilidad en el mercado de alquiler.

Alrededor del 90% de la oferta inmobiliaria en alquiler excluye a los animales

Aproximadamente nueve de cada 10 viviendas en alquiler en España vetan la tenencia de animales domésticos (aunque la cifra varía en función de la fuente consultada). Según Fotocasa, un 12% de la oferta inmobiliaria española en alquiler acepta mascotas de forma explícita en los anuncios. “El mercado del arrendamiento residencial ha mostrado históricamente una notable rigidez para absorber la realidad sociodemográfica, donde cerca de la mitad de las familias conviven con un perro o un gato y se han enfrentado a una oferta formal casi testimonial” reconoce María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que de todos modos aprecia un avance cuantitativo muy significativo, ya que en 2022 solo el 4% de los anuncios admitía animales.

Los datos actualizados de la plataforma digital de alquiler de viviendas de media y larga estancia Spotahome muestran una cifra menor: según sus registros, solo el 8,63% de la oferta de alquileres admite animales de compañía, frente al 6,58% registrado en 2025, y el 99% de los inquilinos cree que tendría problemas para encontrar alternativa habitacional de este tipo. Cada mes, entre 10.000 y 20.000 usuarios utilizan su filtro específico para buscar viviendas que los permitan, y siete de cada 10 consideran injusta y aleatoria la exclusión por este motivo.

El mercado del arrendamiento residencial ha mostrado históricamente una notable rigidez para absorber la realidad sociodemográfica, donde cerca de la mitad de las familias conviven con un perro o un gato y se han enfrentado a una oferta formal casi testimonial

Pero además, el ligero aumento de pisos que admiten mascotas no es homogéneo, sino que impera la polarización territorial. Según Fotocasa, las grandes urbes han flexibilizado ampliamente sus criterios, mientras que hay amplias zonas del interior y norte peninsular donde encontrar una vivienda de alquiler que admita animales continúa siendo misión imposible. “Polos como Zaragoza, Barcelona, Almería o Madrid han dado un salto cualitativo muy importante superando con creces la media, pero hay provincias donde la oferta explícita sigue en el 0%”, apunta María Matos.

Para muestra, otro botón: haciendo una búsqueda rápida en Idealista, de las 8.215 viviendas en alquiler anunciadas en Madrid, 1.341 admiten animales, por encima de la media estatal. En Barcelona, 723 de las 2.307. En València, son 266 de las 2.043 anunciadas. Sin embargo, de las 242 ofertadas en Santiago de Compostela en el portal inmobiliario, solamente 12 pasan este filtro. De las 112 de Pamplona, únicamente seis. Y en Oviedo, solo 16 casas de 500 permiten animales.

Ante la escasez de oferta, muchos inquilinos mienten

Diferentes testimonios apuntan a que, ante la desesperación y la falta de oferta que cubra la demanda, gran parte de los inquilinos acaban por ignorar esta cláusula. 

A la misma conclusión llega la campaña MiCasaEsTuCasa de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), que busca visibilizar la enorme contradicción actual. Advierten que ocultar es la solución adoptada por miles de familias, que asumen un estrés sostenido en el tiempo y riesgo de rescisión del contrato. “En cuanto dices que convives con un animal, el 99% de las puertas se cierran”, dice Javier, una de las fuentes que usaron para esta investigación. 

“No te dejan más remedio que mentir”, cuenta Cristina, de 35 años, que trabaja como médico de urgencias y ha vivido en tres ciudades distintas de Galicia, actualmente en Santiago de Compostela. A lo largo de los años ha tenido diferentes conejos, a los que considera como miembros de la familia. “Mi contrato actual especifica que no puedo tener animales, pero si hago caso de eso acabo viviendo en la calle. No hay vivienda para nosotros. Por supuesto, cuido muchísimo de los pisos en los que vivo, los devuelvo en perfectas condiciones, y si hubiese cualquier destrozo, me haría cargo económicamente o no pondría ninguna traba a que el día de mañana mi arrendador se quede con la fianza”. Y señala que muchos caseros aprovechan el pretexto de los animales para intentar “colar” reformas y arreglos que nada tienen que ver con el desgaste por el uso de la vivienda ni mucho menos, con los animales.

Mi contrato actual especifica que no puedo tener animales, pero si hago caso de eso acabo viviendo en la calle. No hay vivienda para nosotros

Juan y Carmela empezaron a vivir juntos en 2025, también en la capital gallega. Ella ya tenía un gato, tranquilo y mayor, y adoptaron a otro pequeñito. “Buscamos durante casi tres meses y llamamos a decenas que no nos llegaron ni a enseñar”, cuenta la pareja, que cree que la situación de escasez para las familias con animales ha empeorado desde entonces. Cuando encontraron su piso actual, la inmobiliaria no especificó nada sobre los animales, pero a la hora de firmar el contrato —el típico modelo estándar sacado de internet, precisa ella— se toparon con la cláusula. Decidieron callarse y firmar. “El dueño vive en Suiza y nos enteramos de que los anteriores inquilinos también tuvieron perro. Nuestro edificio está lleno de animales, de hecho”, explican. 

Ella lleva unas cuantas mudanzas a sus espaldas y relata que salvo un piso en estado lamentable y una casa antigua en el monte, el resto de viviendas de alquiler en las que vivió con su gato, lo prohibía. “Tuve un casero que ni siquiera respetaba los derechos de los inquilinos y aparecía en casa. Mi compañera y yo teníamos que esconder al gato y era una situación que me generaba mucho estrés”, recuerda Carmela. Juan añade que la mayoría de sus amigos con perro también optan por callarse y reponer sofás o muebles si se produce algún destrozo.

“Llevo de alquiler doce años, y siempre me han dicho de primeras que no aceptan animales. Hace poco un señor que tenía un montón de pisos nos iba a pedir las nóminas, y cuando le conté que teníamos dos gatos, cortó totalmente la posibilidad de alquilar”, señala Juan. A su juicio, quienes viven de alquiler afrontan una situación de desesperanza y desigualdad con respecto a quienes tienen propiedad adquirida o de su familia. La situación salpica a todo tipo de perfiles. Hace poco, un joven con discapacidad visual llamado Samuel expuso en redes sociales y en televisión que a él y a su novia, también con discapacidad visual, les habían rechazado el alquiler de un piso en Cáceres por haberles concedido un perro guía de la ONCE.

Otros testimonios apuntan a que algunos caseros ceden por un animal específico, que no se extendería a nuevas incorporaciones. “Nos llamó la atención ver que en el contrato aparece Aria, mi border collie, y su DNI animal”, relata Susana. “Si decidiéramos tener otro animal, tendríamos que hacer la consulta, no podríamos incluirlo automáticamente”, precisa. Jose y Oliver, que viven en la tensionada Palma, pactaron con su arrendador que cuando se muriese Carol, la perrita mayor de Oliver con la que se mudaron, no tendrían más animales.

Tuve un casero que ni siquiera respetaba los derechos de los inquilinos y aparecía en casa. Mi compañera y yo teníamos que esconder al gato y era una situación que me generaba mucho estrés

¿Es legal la prohibición de animales en un piso de alquiler?

La respuesta corta es sí: la legislación actual permite que propietarios e inquilinos acuerden este tipo de restricciones, siempre que respeten los límites legales. Tampoco existe un derecho general a tener animales en cualquier vivienda arrendada.

Maridalia Rodríguez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y experta en derecho inmobiliario aclara que las cláusulas que limitan la convivencia con animales no son inconstitucionales. “La Ley de Arrendamientos Urbanos somete el alquiler de vivienda a lo pactado por las partes y no reconoce un derecho general a tener mascotas ni prohíbe pactar su exclusión”, explica. Señala que aunque la Constitución atribuye a la propiedad una función social y protege la intimidad personal y familiar, así como el derecho a una vivienda digna, estos preceptos no determinan por sí solos la nulidad de una cláusula contractual. 

A su juicio, el criterio debería ser la responsabilidad, y no la exclusión preventiva. “Se trata de proteger al propietario frente a posibles daños en la vivienda y a los vecinos frente a molestias concretas, en lugar de presumir que cualquier animal los causará. De esta manera se alcanzaría una solución más equilibrada para todas las partes”, añade.

La Ley de Bienestar Animal tampoco ha cambiado la interpretación judicial sobre la validez de estas prohibiciones: modificó la consideración jurídica de los animales —reconocidos como seres vivos dotados de sensibilidad, aunque el régimen de los bienes sigue aplicándoseles cuando resulta compatible con su naturaleza— y reforzó su protección y los deberes de cuidado de quienes los tienen a su cargo, pero ninguna de estas reformas modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos. “No he encontrado pronunciamientos que declaren nulas por abusivas estas prohibiciones generalizadas”, señala Maridalia Rodríguez.

¿El casero puede echarte por tener perro o gato?

“Hay viabilidad, pero no es automática”; apunta Rodríguez. El propietario puede acudir a los tribunales si el inquilino incumple una prohibición de mascotas incluida en el contrato, pero eso no significa que vaya a conseguir automáticamente el desalojo. “Los jueces deben valorar la gravedad del incumplimiento y las circunstancias de cada caso”, aclara la profesora, que considera importante distinguir entre dos situaciones. 

Si la presencia de animales provoca molestias graves o situaciones de insalubridad debidamente acreditadas, estas circunstancias pueden justificar por sí mismas la resolución del contrato. Es decir, que el propietario tiene más argumentos cuando el animal provoca daños importantes, problemas de higiene o molestias graves a los vecinos.

La Ley de Arrendamientos Urbanos somete el alquiler de vivienda a lo pactado por las partes y no reconoce un derecho general a tener mascotas ni prohíbe pactar su exclusión

Si, por el contrario, el único problema es que el inquilino tiene un perro o gato pese a la prohibición, habrá que examinar cómo está redactada la cláusula. Si dice de forma expresa que incumplir esa condición puede provocar la resolución del alquiler, la posición del propietario es más sólida. Si no se concreta esta consecuencia, su incumplimiento no supone por sí solo la extinción del arrendamiento. En todo caso, el casero puede reclamar los daños que consiga demostrar, y que el tribunal valore si el incumplimiento tiene suficiente entidad.

Según explica Maridalia Rodríguez, de la UIC, el inquilino tendrá que respetar la cláusula de prohibición aunque la comunidad de propietarios las permita. El caso contrario es algo más complejo. Si el contrato permite animales, pero los estatutos de la comunidad establecen una prohibición válida, esta debería respetarse y podrían iniciarse acciones legales. No bastaría con que los vecinos aprueben una norma interna, sino que debe contar con respaldo legal. “El arrendador debería informar a su futuro arrendatario sobre dichas limitaciones para evitar conflictos”, añade.

Cambiar la mirada para evitar la exclusión

“En la práctica muchas familias ni siquiera llegan a firmar un contrato porque son descartadas de entrada por convivir con animales”, denuncia Noe Terrassa, coordinadora del Área Social de FAADA, criticando que los inquilinos tienen muy pocos mecanismos efectivos para defenderse de estas situaciones. “Cuando la exclusión se produce antes de acceder a una vivienda, las posibilidades de reclamar son todavía más limitadas”.

El proceso suele ser siempre el mismo: las restricciones se aplican de forma automática y se producen en los propios anuncios o en los primeros contactos, sin que la familia tenga siquiera la oportunidad de presentar su solicitud. Recuerdan que estas situaciones pueden provocar separaciones forzadas y, en los casos más extremos, llevar al sinhogarismo o al abandono de los animales.

“La pregunta de fondo es otra: ¿por qué seguimos considerando normal que una familia pueda quedarse sin vivienda simplemente porque convive con animales?”, señala la organización. “No son objetos que podamos dejar atrás cuando cambiamos de casa. Son individuos con intereses propios, con los que compartimos nuestra vida y establecemos relaciones de cuidado y pertenencia. El acceso a la vivienda no debería estar condicionado por prejuicios, sino por las mismas responsabilidades de respeto y convivencia que exigimos a cualquier familia”, concluyen. 

Una de sus principales propuestas es modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar las prohibiciones indiscriminadas. “En España hay una cuestión cultural, porque durante mucho tiempo hemos tratado a los animales como propiedades”. En otros países europeos las familias con animales tienen más garantías. Por ejemplo en Francia, con determinadas excepciones, se tiene por no escrita la cláusula que prohíbe la tenencia de animales de compañía, aunque esta se condiciona a que no causen daños al inmueble ni molestias a sus ocupantes. En Italia, la legislación impide que las comunidades de propietarios prohíban tener animales domésticos. 

Por su parte, los tribunales alemanes han establecido que no se pueden aplicar prohibiciones generales de perros y gatos mediante cláusulas contractuales estándar, sino que deben valorarse las circunstancias de cada caso. Y Reino Unido cuenta con una legislación pionera, en vigor desde mayo de 2026, que reconoce a los inquilinos de determinados alquileres el derecho a solicitar permiso para convivir con animales, sin que los propietarios puedan rechazarlo de forma injustificada.

No queremos que se considere un privilegio ni una excepción que alguien nos concede, sino que se reconozca como una realidad social que merece respeto

Pactar condiciones proporcionadas y valorar individualmente cada situación de convivencia

“Es necesario cambiar la manera en que se entiende la convivencia con animales dentro del mercado inmobiliario”, exigen desde FAADA, cuyo propósito es romper con la creencia de que los animales no pueden vivir en pisos de alquiler y evitar que los portales inmobiliarios y los profesionales del sector apliquen esta exclusión como un filtro automático. 

“Debería valorarse cada situación de convivencia de manera individual. No queremos que se considere un privilegio ni una excepción que alguien nos concede, sino que se reconozca como una realidad social que merece respeto”, anota. Entre otras labores, han conseguido facilitar el acceso a recursos residenciales a personas atendidas por servicios sociales en el marco del programa Mejores Amigos, evitando que tuvieran que separarse de sus animales. 

La experta en derecho inmobiliario Maridalia Rodríguez considera que los anexos de mascotas pueden ser un buen instrumento para prevenir conflictos y facilitar posibles reclamaciones. Añadidos a los contratos, permiten dejar por escrito qué animal se autoriza, cuáles son las condiciones de convivencia y qué responsabilidades asume el inquilino. 

“Recomiendo acompañarlos de un inventario y fotografías del estado de la vivienda y del mobiliario al inicio del alquiler para demostrar qué desperfectos se han producido durante la estancia, aunque no significa que el propietario pueda imponer cualquier condición ni responsabilizar al arrendatario de todos los daños de la vivienda”, añade. 

La recomendación de esta especialista es pactar condiciones proporcionadas sobre el número y las características de los animales, su cuidado, la higiene y la prevención de molestias. En lo económico, no considera adecuado aumentar la fianza legal por tener mascota, aunque sí puede pactarse una garantía adicional dentro de los límites que establece la ley. 

En materia de seguros, puede pedirse que el inquilino acredite el seguro de responsabilidad civil del animal cuando esté legalmente obligado a tenerlo. El contrato puede especificar compromisos para que el inquilino responda de los daños que realmente cause su mascota, sin hacerle responsable de desperfectos que no le correspondan o de reparaciones que son obligación del propietario.

“A mi juicio, una prohibición general excluye de antemano, sin distinguir entre la mera convivencia con un animal y los daños o molestias que pueda causar. Por eso, apostaría por condiciones de tenencia responsable y mecanismos claros de reparación de daños, en lugar de una exclusión preventiva. Se trata de proteger el inmueble sin restringir innecesariamente las posibilidades de acceso a la vivienda”, concluye.