La abogada de las denunciantes de Julio Iglesias celebra la admisión de la querella: “Sienta un precedente importante”
La organización Women’s Link, que representa a las denunciantes de Julio Iglesias, ha celebrado este miércoles la admisión de la querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos contra la libertad sexual, lesiones y maltrato.
“Hoy se confirma lo que hemos sostenido desde el principio: los tribunales españoles tienen jurisdicción sobre lo denunciado, y Rebeca y Laura tienen derecho a que sus denuncias se investiguen”, afirma Clara Serra Baiget, abogada de la organización, en declaraciones a elDiario.es.
La admisión por parte del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha llegado tras la presentación de una querella el pasado mes de septiembre, que incluía otros delitos que no han sido admitidos, como la trata con motivos de explotación laboral y varios delitos contra los derechos de los trabajadores. El magistrado ha tomado la decisión después de solicitar un informe a la Fiscalía sobre si España tenía jurisdicción o no para juzgar delitos de un español cometidos en el extranjero. El informe del fiscal fue favorable en ese sentido.
“Esta decisión sienta un precedente importante”, recalca Serra. La admisión se ha producido a pesar de que en un primer momento la Fiscalía se pronunció de manera contraria, considerando que España no tenía jurisdicción en este caso.
“Este es un triunfo para Rebeca y Laura, y también para las niñas y mujeres que buscan justicia”, ha señalado también Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link, en un comunicado remitido a la prensa. “Hoy, la justicia española envía un mensaje claro sobre el deber de garantizar el acceso a la justicia a mujeres racializadas, no españolas y trabajadoras del hogar. Todas las personas deben tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y dignidad, sin importar quién sea la persona querellada”, añade.
No serán testigos protegidos
Piña no solo ha rechazado algunos de los delitos propuestos, sino también el conceder a Rebeca y Laura —nombres ficticios para proteger la identidad de las denunciantes— la consideración de testigos protegidos. Las querellantes lo habían solicitado tanto para ellas como para tres testigos propuestos. Pero, según el magistrado, la querella “no aporta elemento en concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley para la consideración de testigo protegido”.
“Reiteramos la importancia de conceder medidas de protección a las querellantes a lo largo del procedimiento, incluida su identidad frente a terceros, y para evitar situaciones de revictimización”, indica Clara Serra.
Tanto Rebeca como su marido denunciaron vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español después de interponer la denuncia contra la Fiscalía en enero, tal y como reveló elDiario.es. El auto del juez señala también que “el marido de la querellante 1 localizó un aparato de geolocalización en su vehículo que atribuye, referencialmente, a la acción del querellante” y que la otra querellante indicó “la existencia de un tercero que se aproximó a un familiar a recabar información”.
Además, a pesar de que la Fiscalía sí concedió esta protección cuando se produjo la denuncia ante esta instancia en enero, Julio Iglesias reveló su identidad desde su cuenta de Instagram. E incluso una página web publicó videos de las declaraciones de Rebeca y Laura ante los fiscales, después de que un juzgado concediera a Julio Iglesias acceso a la denuncia ya archivada a pesar de las reticencias de la Fiscalía.
“El haber denunciado ha generado riesgos reales a su vida e integridad personal; por ello, el Estado tiene la obligación de proteger a Rebeca y Laura”, ha recalcado Women's Link en un comunicado.
El juez no acepta el delito de trata
Para el magistrado, los hechos “no presentan indicios” de delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre. No encuentra “engaño ni artificio” en el método de contratación —anuncios en redes sociales— o las conversaciones durante el proceso. Tampoco observa una “situación de vulnerabilidad como la que se describe en la querella” y añade que la “situación laboral” de Rebeca “no era diferente a la de sus compatriotas”, por lo que no puede considerar “a todo el país en situación de vulnerabilidad”.
Por tanto, la petición de investigar este delito de trata que se incluía en la querella ha sido rechazada, algo que ha provocado también la preocupación de Women’s Link. “España está obligada por los estándares internacionales y regionales a investigar diligentemente posibles delitos relacionados con la trata de personas”, señala Clara Serra. “Excluir su análisis es incompatible con una investigación respetuosa de los derechos humanos”, añade.
“Reiteramos el deber del Estado de investigar con debida diligencia los presuntos delitos relacionados con la trata de personas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos sobre la materia, los cuales son de obligatorio cumplimiento para España”, indica el comunicado de la organización. “No puede haber una investigación respetuosa de los derechos humanos que excluya el deber de investigar el potencial delito de trata de personas”.