Bruselas otorga competencias a Frontex para que sea “el brazo operativo” de la expulsión de emigrantes de la UE

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.