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Otro 'parche' frena la deportación de Paul a un país con ébola: “Llegará otra carta de expulsión”

El Juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid ha suspendido por segunda vez la deportación del nigeriano Paul Edionseri, ciudadano que desde el día 11 de septiembre vive al filo de la expulsión, a pesar de que Europa ha cancelado los vuelos de repatriación a países con casos de ébola. Este martes Interior iba a culminar su devolución pero su defensa presentó 'in extremis' una demanda por vulneración de derechos fundamentales con medidas cautelarísimas“: aunque finalmente su admisión fue denegada, la tramitación de la demanda ha obstaculizado la ejecución de la deportación. ”Es solo un parche. Sigue la lucha“, ha reconocido su abogado. Tirita tras tirita, Paul va a cumplir un mes encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid (CIE), la mitad del periodo máximo que un interno puede estar privado de libertad en los CIE.

“La deportación estaba programada para las 16 horas. Como la resolución de las cautelarísimas no llegó a tiempo, se obstaculizó la ejecución de la expulsión. Sinceramente, fue cancelada porque con la demanda la entorpecimos”, explica su abogado, Alfredo Arrien, a eldiario.es.

Se trata, por tanto, de un parche que en breve acabará despegado. Su orden de repatriación continúa activa. “Próximamente le entregarán otra notificación de expulsión”, explica Arrien. Su defensa intenta alargar los plazos lo máximo posible para lograr que Paul se quede en España. La próxima acción: interponer una demanda de vulneración de derechos fundamentales en la Audiencia Nacional.

La primera cancelación de su deportación se produjo debido a la solicitud de protección internacional por “riesgo de epidemia” en Nigeria, país que ha registrado al menos 19 contagiados por el virus - uno de los estados con menor número de casos-. El Ministerio de Interior se vio obligado a suspender la deportación de forma temporal, mientras estudiaba la admisión a trámite de la petición. Ésta fue denegada y, unas semanas más tarde, Paul recibió la última notificación de repatriación.

El nigeriano, tras 15 años de residencia en España, ha labrado un fuerte arraigo en España. Su mujer e hijas menores, con las que vivía antes de su detención, continúan en Zaragoza pendientes, en vilo por el futuro de Paul. Su orden de expulsión se justifica con los antecedentes penales derivados de un delito por estafa por el que ya cumplió condena en 2011.

Después de permanecer cerca de una semana en huelga de hambre y sin tomar la medicación necesaria para tratar su hipertensión, Paul ha frenado esta batalla personal que estaba empeorando su estado de salud. El pasado 19 de septiembre tuvo que ser trasladado a Urgencias de un hospital de Madrid debido a que sus elevados niveles de tensión no descendían, aunque finalmente fue dado de alta “con tratamiento ajustado por el médico del centro perteneciente al centro penitenciario”, según indica el certificado emitido por el centro sanitario. Los Centros de Internamiento para Extranjeros son centros no penitenciarios, según el Ministerio de Interior.

“Sigue con la tensión alta, pero está tranquilo. Está convencido de que no le van a poder meter en el avión. Dice una y otra vez: 'Para subirme, tendrían que matarme antes”, describen a eldiario.es fuentes ligadas a las ONG que realizan seguimiento de los internos. Si llega el día en el que Paul sea trasladado al aeropuerto, existe una posibilidad de frenar la deportación: si su resistencia motiva que el piloto y su tripulación se niegen a despegar.

¿Por qué es deportado?

Desde su llegada a España hace 15 años, ha trabajado en este país hasta que, en 2008, se quedó en paro. Pero su arraigo en este país va más allá: está casado y tiene dos hijas pequeñas. En 2011 fue condenado por un delito de estafa, por el que cumplió un año de prisión, según explica su abogado, Alfredo Arrien Paredes. La sanción no fue conmutada por una orden de expulsión, asegura. “Paulo ya pagó por lo que hizo”, agregó su defensa en conversación con eldiario.es.

“Para emitir su carta de expulsión se acogieron al articulo 57.2 de la Ley de Extranjería”, denuncia Arrien. Este punto de la legislación establece como causa de expulsión “que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.

Hasta su detención en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, Edionseri ha cobrado un subsidio de desempleo por sus años de trabajo legal en España.