La primera ola de la pandemia no lo paró todo. La pena de muerte ha acabado en 2020 con al menos 483 vidas en 18 países del mundo. Son un 26% menos que las detectadas el año anterior, según el balance anual de Amnistía Internacional presentado este miércoles. La cifra vuelve a ser la más baja registrada por la organización en los últimos 10 años.
Aunque la COVID-19 ha influido en una parte de la reducción de la cifra total de ejecuciones, la crisis sanitaria también ha agravado las condiciones de las personas condenadas. La organización denuncia que muchas de las personas ejecutadas no pudieron acceder a asistencia letrada, por lo que no tuvieron un juicio justo; y pasaron sus últimos días sin apenas visitas del exterior debido a las restricciones sanitarias.
“En un momento en que el mundo se centraba en proteger vidas frente a la COVID-19, [la pena capital] es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. La disminución del 26% respecto al total de 2019 da continuidad a la reducción registrada año tras año desde 2015, y está vinculada a la importante caída del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han comunicado cifras altas de condenas (Arabia Saudí e Irak) y, en menor medida, a algunas interrupciones declaradas en respuesta a la pandemia. Desde la ONG matizan que los datos oficiales son “conflictivos” pues no incluyen las ejecuciones de China, donde Amnistía Internacional (AI) tiene constancia de que siguieron teniendo lugar miles de ejecuciones y condenas de muerte clasificadas como secreto de Estado, lo que impide elaborar un escrutinio independiente.
Los países que más penas de muerte llevaron a cabo fueron Irán (246), Irak (45), Arabia Saudí (27) y Egipto (107), que en total suman el 88% de todas las ejecuciones de las que se tuvo conocimiento en 2020. Si bien Irak y Arabia Saudí fueron los grandes responsables de la reducción mundial de ejecuciones, en Egipto ocurrió justo lo contrario. El uso de la pena capital en este país triplica las del año anterior, escalando hasta un total de 107 muertes. Además, la organización por los derechos humanos ha probado que 23 de ellas se produjeron tras juicios “manifiestamente injustos, empañados por ”confesiones forzadas“ y otras ”violaciones graves de derechos humanos, como tortura o desaparición forzada“.
En Irán también detectaron la misma tendencia. Mohammad Hassan Reazaiee, un joven ejecutado en la prisión de Lakan (Irán), fue sometido a “reclusión prolongada en régimen de aislamiento sin acceso a familiares ni abogados”, recoge el examen de Amnistía Internacional sobre el caso de Mohammad Hassan Reazaiee. Además, en este país, a pesar de que continúa el descenso de las ejecuciones, se sigue utilizando la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios —como kurdos de la minoría etnica bualchi—, según el informe.
Otros de los nombres escondidos tras esas “prácticas atroces” son Ruhollah Zam, periodista disidente ejecutado “en secreto”, y Mostafa Salehi, un manifestante que también fue condenado a la pena capital a pesar de las denuncias sobre las condiciones en las que se desarrolló el juicio de su caso.
Los delitos de drogas en Indonesia o Singapur, la corrupción en Vietnam, o la blasfemia en Pakistán también conllevaron la muerte. Además, en China se tiene constancia de que por lo menos un hombre fue condenado y ejecutado por actos delictivos en relación con las medidas de prevención de la COVID-19 y bajo el paraguas de una campaña contra la delincuencia que aceleró la tramitación, según recoge Amnistía, que sigue definiendo al país asiático como el “verdugo más prolífico”.
La huella de Trump
Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han suprimido en la ley o en la práctica. Pero, aunque la lista de países que han erradicado esta práctica sigue en aumento, otros estados las han reanudado, como la India, Omán, Qatar y Taiwán. A ellos se les suma el caso de Estados Unidos, donde el Gobierno de Trump retrocedió 17 años tras reactivar las ejecuciones federales en julio de 2019 –un cambio legislativo sobre el que por ahora Biden ha evitado pronunciarse–. Según señala el informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros cinco meses y medio de 2020 se acabó con la vida de 10 personas, entre ellas Lisa Montgomery, ejecutada, convirtiéndose en la primera mujer presa federal ejecutada en 67 años.
A las ejecuciones se le suman un corredor de la muerte que aglutina multitud de casos que evidencian el “defectuoso sistema de pena capital del país”. El afrodescendiente Rocky Meyers, a quien se le diagnosticó diversidad intelectual siendo un niño, lleva más de 26 años en el corredor de Alabama. Durante el proceso judicial, los tribunales se basaron principalmente en pruebas sobre cociente intelectual —criterio que es considerado inadecuado desde 2014— y los testimonios estaban cargados de contradicciones, según AI. Tras un veredicto de cadena perpetua, el juez hizo caso omiso a la recomendación y lo condenó a muerte. Actualmente, se encuentra a la espera de programarse de nuevo su ejecución, “probablemente cuando Alabama finalice un nuevo protocolo de ejecución mediante asfixia por gas inerte”, señala Amnistía Internacional.
Pasos firmes hacia la abolición
“A pesar del afán de algunos gobiernos de seguir aplicando la pena capital, la imagen general de 2020 fue positiva. Chad abolió la pena de muerte, al igual que el estado estadounidense de Colorado”, ha apuntado Callamard. Sin embargo, el gran objetivo de Amnistía, así como de múltiples organizaciones e instituciones internacionales, de acabar con el “exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante” en todo el mundo aún no ha llegado.
Por ello, hacen un llamamiento para que crezca la presión sobre aquellos países que se mantiene “al margen”. “Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”, ha zanjado Callamard.