La situación de los derechos humanos en Afganistán es “terrible” y los avances en esta materia obtenidos en los últimos 20 años “corren riesgo de derrumbarse”, según un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado este martes. Los talibanes aseguraron que iban a respetar los derechos de la población cuando se hicieron con el control del gobierno, pero la investigación presentada por la organización recoge una lista de abusos contra los derechos humanos, como el bloqueo de la ayuda humanitaria en el valle de Panjshir, que constituyen “crímenes de derecho internacional”. Además, la organización afirma que se han vuelto a imponer restricciones a las mujeres, a la libertad de expresión y a la sociedad civil.
“Hemos presenciado ya una oleada de violaciones [de los derechos humanos]: desde ataques de represalia y restricciones a las mujeres, a la represión de protestas, los medios de comunicación y la sociedad civil”, ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, Dinushika Dissanayake.
Escondidos de los talibanes
Los talibanes han llevado a cabo búsquedas de personas defensoras de los derechos humanos puerta a puerta, lo que obliga a muchas a esconderse y a moverse clandestinamente de un lugar a otro. Sus vidas están “colgando de un hilo”, según la organización.
La violencia ya estaba presente antes de que los talibanes tomaran el poder: desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021, un total de 17 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, entre ellos nueve periodistas, según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC). En este mismo periodo, más de 200 defensores de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación informaron de que estaban recibiendo graves amenazas a la AHRDC y al Comité de Seguridad de los Periodistas de Afganistán. Un informe publicado en febrero por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán señala que 65 profesionales de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos habían sido asesinados desde 2018 y, en la mayoría de estos casos, no se exigieron responsabilidades a los autores.
En un testimonio recogido por Amnistía, Mahmud*, un defensor de los derechos humanos que ha logrado huir del país, explica que, incluso antes de que los talibanes se hicieran con el control del país, él y sus colegas habían recibido amenazas de muerte y habían tenido que trasladarse temporalmente. Una compañera, directora de proyecto, había recibido anteriormente llamadas de los talibanes informándole de que su trabajo no se ajustaba a los valores islámicos.
El día en que los talibanes entraron en Kabul, Mahmud recibió una llamada en la que le pedían que entregara los vehículos, el equipo y el dinero de su organización. La llamada la realizó alguien que sabía su nombre. Le advirtió que no tenía otra opción que cooperar.
Los días siguientes, el activista recibió más llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, para pedirle su dirección de su casa y comunicarle que querían reunirse con él en lugares designados, pero él no se presentó. Días después de que consiguiera salir del país, los talibanes agredieron físicamente a empleados de la ONG. Las imágenes, que Amnistía Internacional y un perito patólogo han verificado, muestran señales de latigazos en su espalda y hematomas amarillentos en el brazo izquierdo de la víctima.
Mahmud ha asegurado que las minorías están en “grave peligro”, concretamente las comunidades chiítas, hazaras, hindúes y sijs.
Persecución de periodistas
El informe de Amnistía también denuncia las limitaciones de los periodistas para poder realizar su trabajo y recoge incidentes donde “se ha golpeado a los periodistas, les han obstaculizado el ejercicio de sus funciones y han registrado sus domicilios”.
Abdul*, un periodista afgano, ha explicado que han recibido instrucciones de los talibanes de que solo podrían trabajar de acuerdo con lo establecido en la Sharia y las normas y reglamentos islámicos.
“No he vuelto al trabajo desde la caída de la república. Los talibanes vinieron a mi casa varias veces, pero me escondí. Desde el momento de la caída, nuestra oficina permanece cerrada”, ha declarado.
Abdul ha contado que llevaba varios años en la “lista del terror” de los talibanes, una lista que utilizan para atacar a periodistas y otras personas, según explica. Él consiguió salir de Afganistán pero ha afirmado que muchos periodistas han sufrido represalias desde que los talibanes tomaron la capital. “Desde la caída de la república, un número incontable de periodistas han sido amenazados y acosados, y en algunos casos golpeados, incluyendo cuatro casos en Balkh y 14 casos en Kabul”, ha dicho.
En otro incidente investigado por Amnistía, cinco periodistas que trabajaban para Etilaatroz en Kabul fueron detenidos el pasado 8 de septiembre por los talibanes mientras cubrían las protestas en la ciudad. Según recoge la organización, fueron golpeados hasta el punto de que, cuando fueron liberados cuatro horas más tarde, al menos dos de ellos fueron hospitalizados para recibir tratamiento, con sangre y hematomas visibles en sus rostros.
Mujeres sin derechos
Aunque en un principio, y debido a la presión internacional, los talibanes prometieron respetar los derechos de las mujeres, estos “han empezado a desaparecer”, denuncia Amnistía.
La organización critica la exclusión de las mujeres de la política, evidenciada en su ausencia del Gobierno, y de sus puestos de trabajo. El informe explica que algunas mujeres han podido seguir trabajando, pero a otras los combatientes talibanes les han prohibido físicamente la entrada a su lugar de trabajo y “muchas más se han quedado en casa por precaución”.
Las juezas y las fiscales también se han visto amenazadas, no solo por los talibanes, sino también por hombres que habían sido condenados y encarcelados por cargos de asesinato o violencia doméstica y liberados tras la caída del Gobierno. Según Amnistía, hay informes de combatientes talibanes que han saqueado las casas de las juezas.
La organización también denuncia las limitaciones a las mujeres para recibir educación. En las zonas que ya estaban bajo el control de los talibanes antes de la caída de Kabul, AI afirma que muchas escuelas fueron destruidas por los talibanes o se prohibió a las niñas asistir a la escuela más allá del cuarto curso. El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Educación promulgó un decreto imponiendo el uso de una túnica islámica negra tipo abaya y un niqab que cubriera el cabello, el cuerpo y la mayor parte del rostro, así como guantes a todas las estudiantes y trabajadoras en institutos y universidades. Además, se ha prohibido la coeducación, especificando que las clases deben estar segregadas por sexos, y las alumnas solo recibirán clases de mujeres cuando sea posible, o estarán separadas por una cortina.
Sin poder huir
Amnistía también ha documentado las dificultades para huir del país y buscar asilo en el extranjero. Según la organización, los afganos vieron su salida frustrada por los talibanes y algunas personas han sido “torturadas o maltratadas” cuando intentaban abandonar el país.
Habiba*, una mujer afgana que estaba en una lista de evacuación, ha dicho a Amnistía Internacional que el 17 de agosto los talibanes golpearon a la gente dentro del aeropuerto después de que se produjera un saqueo. “Los talibanes querían que todo el mundo abandonara el aeropuerto. Estábamos esperando fuera de la sala de espera, cerca de la pista. Ellos [los talibanes] me azotaron tres veces en las piernas con un cable. Había miles de personas y vi cómo golpeaban a muchas personas que intentaban escapar”, ha relatado. Habiba ha contado que, cuando su amigo Ahmad llegó a un puesto de control cercano al aeropuerto y dijo que quería entrar, los talibanes le golpearon y le dijeron: “¿A dónde escapas?”.
“Medidas concretas”
La responsable de programas de la Federación Internacional de Derechos Humanos para Asia meridional, Juliette Rousselot, ha insistido en que “la comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante las violaciones que están cometiendo los talibanes”.
Rousselot ha pedido la adopción de “medidas concretas” por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De lo contrario, “no solo enviará el mensaje de que no se tolerará la impunidad, sino que también contribuirá a prevenir violaciones a una escala más amplia”, ha dicho la responsable, que ha recalcado que la necesidad de apoyar la investigación en curso en la Corte Penal Internacional para “garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por todas las partes”.
*Los nombres han sido modificados.