La banca española tiene asumido que este año va a producirse un aumento de la morosidad. Todos los ojos se dirigen a los créditos otorgados a empresas y, para ellos, se han realizado durante el último año provisiones milmillonarias entre las principales entidades para poder abordar este aumento de los préstamos fallidos. La duda: cuántos créditos entrarán en morosidad y qué incidencia tendrán en sus balances. En el debate de cómo evitar que las empresas caigan en un problema de solvencia y afecten a la de la banca, una propuesta está sobre la mesa y no convence a todas las partes: las quitas de deuda.
Desde Europa han llegado distintas advertencias sobre el riesgo para la economía española que tienen las posibles insolvencias empresariales “concentradas principalmente en los sectores más afectados por las restricciones de actividad, que se materialice a medida que se reduzcan las medidas públicas de apoyo”. En este contexto, el Ministerio que dirige Nadia Calviño ha planteado a Bruselas un programa de medidas para evitar las insolvencias empresariales que contienen distintas alternativas, como es el caso de las quitas. “Es imprescindible que los bancos, el sector financiero, sea parte de la solución”, aseguró la ministra de Asuntos Económicos en una rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo de esta semana.
La posible condonación parcial de préstamos de empresas se encuentra todavía en una fase germinal y no se ha traducido por el momento en un plan concreto. Desde el Ministerio explican que están valorando junto con las patronales bancarias, el Banco de España y la consultora Oliver Wyman, un estudio para cuál es el estado actual de las empresas españolas, qué sectores están en peor situación y cuál es el nivel de endeudamiento. Con estos datos, Asuntos Económicos prevé presentar el próximo mes una hoja de ruta que contemple distintas alternativas de apoyo al sector empresarial.
Sin embargo, esta alternativa no convence en la banca española, que evita valorar, por el momento, esta posibilidad. “En este momento no estamos en una situación de extrema urgencia”, aseguró este jueves el responsable de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, en un foro sobre la gestión de la morosidad en el sector financiero. “Haremos lo que siempre hemos hecho, la gestión de la morosidad es parte de la gestión habitual de la banca”, añadió al ser preguntado por esta posibilidad.
Entre las posibilidades que hay sobre la mesa, el sector bancario no esconde que las quitas de deuda no serían una prioridad. “Puede ser una solución injusta y una llamada a incumplir los contratos”, planteaba en el mismo foro que Roldán este jueves Iñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente de Rotschild en España. “Se habla de posibles condonaciones de créditos avalados por el ICO y una pega fundamental es que discrimina a empresas que están menos endeudadas y que han podido hacer un esfuerzo de incremento de sus recursos propios para hacer frente a la crisis y ahora se verían penalizadas”, señalaba el que fuera vicepresidente del fondo de rescate bancario, FROB.
La alternativa por la que apuestan en el sector es la de las “ayudas directas” a las empresas. Distintos directivos, encabezados por la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, han hecho llamamientos al Gobierno para que aprobasen este tipo de ayudas a pymes y autónomos como vía para evitar que incurran en impagos por su alto endeudamiento. “Todos los países europeos han anunciado ayudas directas. Debemos ser conscientes que hay que aumentar las ayudas del Ejecutivo al sector privado, es importante que lleguen y lo hagan cuanto antes”, aseguró la citada banquera en la presentación de resultados de su banco. “En una crisis como esta hay dos tipos de ayuda, de liquidez y directas. En España se ha optado mas por la primera y en el del apoyo directo más a personas que al tejido empresarial. Hemos tenido una asunción del riesgo por parte del sector bancario más grande que en otros países”, lamentó este jueves Roldán. “No desvistamos un santo para vestir a otro. Preservemos la fortaleza del sector bancario porque lo vamos a necesitar”, advirtió.
El citado vicepresidente de la CEOE marcó una línea similar a la de Roldán, al defender que el Estado debe preparar un programa de ayudas directas a las empresas, con el fin de que las que sean viables no tengan que acabar echando el cierre o se vean en situaciones de insolvencia. “Las medidas de carácter económico no deben causar mas deuda. Las ayudas directas son la respuesta”, apuntó Fernández de Mesa. “Muchos países complementaron estas medidas con reducciones fiscales y ayudas directas”, añadió, defendiendo que los últimos préstamos vinculados al ICO deberían haber sido, en realidad, una ayuda de Estado.
La morosidad de la banca española acabó el año pasado en mínimos históricos pese a la pandemia. Sin embargo, esta situación se ha visto como un cierto espejismo, puesto que todos los bancos asumen que subirá. Recientemente, en las presentaciones anuales de resultados, los banqueros que comparecieron ante la prensa coincidieron en señalar que este año se vivirá un incremento, aunque contenido. No se espera que la morosidad venga del mercado hipotecario, donde tras el levantamiento de algunas moratorias no se han apreciado crecimientos en los créditos dudosos, sino de los créditos empresariales.
Esas mismas cuentas financieras muestran que los bancos se han visto ampliamente beneficiados por los préstamos ICO. Tras años en los que la concesión de préstamos se ha mantenido sin grandes cambios, puesto que tanto hogares como empresas aprovecharon para amortizar deudas pasadas, los bancos vivieron un año de crecimiento, sobre todo en el campo empresarial. Por ejemplo, Bankia disparó un 17% los préstamos a empresas, Bankinter un 11,5% más o un 6,5% de incremento en BBVA, entre otros. Esto tiene un impacto sobre la tasa de morosidad de las entidades. Explicado de manera simplificada: si crece la inversión en créditos de un banco (en este caso además respaldados por el Estado), aumentan sus activos; y al no haberse producido un aumento de los préstamos impagados (gracias a moratorias o periodos de carencia) el peso que tienen los activos dudosos (los que acumulan retrasos) es inferior.
Desde que se implantara el plan de avales del ICO y hasta el cierre de 2020, se cerraron 944.000 préstamos respaldados por el Estado que han beneficiado a casi 600.000 empresas, fundamentalmente pymes y autónomos. Estas operaciones suman una financiación de 114.000 millones de euros que han pasado del sector financiero a las empresas, según los datos recopilados por el Ministerio de Asuntos Económicos. Algunos bancos estiman en sus balances que entre el 20% y el 25% de sus préstamos a empresas están vinculados actualmente al programa ICO, lo que da muestra del interés por que estas empresas no incurran en impagos.
Dos años de carencia
Cabe recordar que estos préstamos obtuvieron un balón de oxígeno a finales de otoño. En un primer momento, el programa de avales ICO daba un año de carencia de pago, en espera de que una recuperación económica permitiera a las empresas volver a activarse y acometer la devolución de los préstamos. El retraso en la recuperación sanitaria y la aparición de nuevas limitaciones a la actividad económica llevaron al Gobierno y a la banca a acordar una prórroga de este programa y actualmente se permite que la carencia pueda prolongarse hasta dos años. Esta flexibilización es la que utiliza ahora la banca para asegurar que no existe esa “urgencia” por plantear quitas, como planteó el presidente de la patronal AEB. “Es importante que en momentos de tan elevada incertidumbre, cuanto más tiempo pase, más conocimiento tendremos”, aseguró Roldán. Eso sí, señaló que se debe trabajar “sin prisa pero sin pausa”, en referencia a los programas de ayudas públicas a empresas que reclaman.
La idea de plantear una quita a los préstamos de empresas que sean viables no ha sido únicamente propuesta por el Gobierno. El Banco de España la incluía en su Informe de Estabilidad Financiera del pasado otoño. “Para las empresas en esta situación que no presenten problemas de viabilidad empresarial a largo plazo, la reestructuración de su deuda (mediante carencias, alargamientos de los plazos de devolución, quitas o la conversión de la deuda en acciones) podría ser una alternativa factible”, apuntaba el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos. “Aunque esta vía supone la materialización de pérdidas para los acreedores, en muchos casos, estas serían probablemente más acotadas que las que experimentarían con la liquidación empresarial. Por otra parte, la supervivencia de la empresa evita el coste económico que supondría su cierre en términos de pérdidas de empleo y tejido productivo”, añadía.
En caso de que el plan presentado por el Gobierno en las próximas semanas contemple la alternativa de la quita para las deudas de las empresas para evitar así que su solvencia se viera afectada, cabe recordar que el coste de esa condonación no recaería por completo en la entidad financiera. Puesto que lo que se está debatiendo es para los préstamos que están avalados por el ICO, ese coste se repartiría entre la entidad acreedora y el Estado, por lo que la pérdida que pudiera provocar en el sistema financiero se vería respaldado en gran parte por el erario público.