BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha asegurado este martes que “respetará” la nueva fecha límite que se ha marcado la OCDE para acordar a nivel global un impuesto a las multinacionales digitales, a mediados de 2021, lo que significa que no propondrá por ahora un gravamen sobre este sector a nivel europeo.
Bruselas había prometido en multitud de ocasiones que presentaría una propuesta legislativa al respecto para la UE si los trabajos en el seno de la OCDE no daban sus frutos como muy tarde a finales de este año. Pero ahora ha flexibilizado su posición y prefiere dar margen a que sigan las discusiones en el marco del organismo internacional.
“La Comisión Europea se ha comprometido a actuar si no se logra un acuerdo en la OCDE. Por supuesto respetaremos la fecha límite de la primera mitad del próximo año”, ha asegurado en una rueda de prensa el portavoz de Fiscalidad del Ejecutivo comunitario, Daniel Ferrie.
El portavoz, sin embargo, ha enfatizado que este nuevo plazo “debe ser el último”. “Debemos proteger la credibilidad del proceso y sólo podemos hacerlo trabajando juntos para alcanzar un acuerdo político lo antes posible”.
Por ello, Bruselas ha pedido a “todos los socios internacionales” que “sigan comprometidos” con las negociaciones y que “trabajen sin retrasos” en seguir avanzando en los detalles técnicos de la medida.
A juicio de la Comisión Europea, el último documento elaborado por la OCDE en el marco de estos debates globales incluye una serie de progresos “tangibles” y representa una “base sólida” para continuar las negociaciones.
Algunos países, como España, han adoptado impuestos sobre las multinacionales digitales a nivel nacional ante la falta de avances en la OCDE. Bruselas siempre ha defendido las negociaciones en este foro internacional para evitar un mosaico de normativas, pero también ha enfatizado muchas veces que actuará de manera unilateral si no llegan a ninguna conclusión.
Pero lo cierto es que la idea de establecer un gravamen a los gigantes digitales a nivel europeo no cuenta con el respaldo de todos los Estados miembros. Mientras que Francia o España han urgido a adoptarlo en el pasado, otros como Irlanda, Dinamarca o Suecia son muy reticentes. Para sacarlo adelante tendría recibir un visto bueno unánime de las capitales.