Una reforma del sistema de pensiones escalonada, por fases, hasta finales del año que viene. La próxima parada: la nueva fórmula de subida anual de las pensiones en base al IPC y varias medidas para incentivar el retraso de la jubilación. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado este jueves en el Senado el calendario que maneja el Gobierno para aprobar los cambios en el sistema de pensiones y que ha presentado en Bruselas, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia. Según esta hoja de ruta, el nuevo sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales se espera que esté listo para el segundo trimestre de 2022.
El ministro de la Seguridad Social ha comparecido esta mañana en la Cámara Alta para explicar cómo avanzan las distintas políticas dependientes de su Ministerio, como la política migratoria y el ingreso mínimo vital (IMV). Aunque Escrivá ya había explicado que pretendía aprobar los cambios en el sistema de pensiones en dos fases, este jueves ha presentado a los senadores un eje temporal detallado de la puesta en marcha de las distintas medidas, según la previsión del Ejecutivo que ha enviado a la Comisión Europea.
José Luis Escrivá confía en enviar al Parlamento de manera “inminente” la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones, según ha comunicado en el Senado, pero esta aún se está ultimando en las negociaciones del diálogo social con los sindicatos y la patronal.
El nuevo mecanismo, que sustituirá al de Mariano Rajoy que provocaba las subidas anuales del 0,25%, pretende mantener el poder adquisitivo de los pensionistas por periodos de tres años, según fuentes del diálogo social. El objetivo marcado por el Gobierno es que las pensiones nunca bajen, aunque así lo hagan los precios de media en un año, pero también que esto se tenga en cuenta en los años posteriores, de manera que se equilibren las subidas absorbiendo las ganacias de poder adquisitivo pasadas.
Así, el Ejecutivo prevé que la nueva fórmula de revalorización esté aprobada ya en el último trimestre del año, según figura en su calendario. En ese mismo periodo, antes de terminar 2021, el ministro Escrivá pretende que estén listas también las medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación. Es decir, que la edad real a la que se retira la población se acerque a la edad legal de jubilación (de 64,6 años y 66 años, respectivamente). Para conseguirlo, el ministro plantea varias iniciativas, entre las que destacan más incentivos a la jubilación demorada (más allá de la edad legal) y endurecer la jubilación anticipada voluntaria, sobre todo a las pensiones más altas.
Nueva cotización de autónomos en 2022
Tras ese bloque, la hoja de ruta del Gobierno fija la siguiente parada en el segundo trimestre de 2022. Para entonces, el Gobierno prevé poner en marcha el nuevo sistema de cotización de los autónomos, según sus ingresos reales, y el nuevo fondo público de pensiones, para impulsar los planes de pensiones complementarios. José Luis Escrivá ha afirmado que las negociaciones sobre la cotización de los autónomos están “muy avanzadas” y ha asegurado que el esquema propuesto por el Ministerio supone una rebaja en la cotización para “el 70%” de los trabajadores por cuenta propia.
Finalmente, el esquema temporal recoge un último paquete de reformas para el cuarto trimestre del año que viene, en el que se pondrán en marcha reformas sobre “nuevas carreras de cotización”, dentro de las cuales el ministro Escrivá ha mencionado la revisión “del periodo de cómputo” de la pensión. Este punto generó una fuerte polémica dentro del Gobierno, por la iniciativa de ampliar el periodo de cómputo a los 35 años, que finalmente el Gobierno no envió a Bruselas.
El último bloque de reformas, con las que el ministro espera alcanzar a tocar el conjunto de recomendaciones del Pacto de Toledo, también incluye el nuevo factor de “equidad intergeneracional” que el Gobierno prometió a Bruselas y los cambios en las bases máximas de cotización.
El ingreso mínimo vital llegará a 203.000 hogares en marzo
José Luis Escrivá también ha presentado los últimos datos sobre la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal contra la pobreza que puso en marcha el Gobierno de coalición. El ministro ha explicado que llega la prestación llegará a 203.000 hogares este marzo, en los que viven 565.000 personas, de las que más del 43% son menores.
Los datos de reconocimiento del IMV siguen muy lejos de la meta inicial del Ejecutivo, que estimó alcanzar los 850.000 hogares en 2020. El ministro ha explicado que el Ministerio ha registrado un gran número de denegaciones de la ayuda, de unas 600.000 resoluciones, mayor del esperado. Escrivá ha explicado que la Seguridad Social está estudiando estas negativas, que se deben en un 60% a que los solicitantes superan el nivel de renta fijado para recibir el IMV.
El ministro ha subrayado que gran parte de esas denegaciones motivadas por la renta, superan por mucho el umbral establecido por el Gobierno. El 40% de estas negativas “superan el límite de renta en más del doble”, ha sostenido Escrivá.
El Ministerio ha ido retocando el IMV desde su puesta en marcha con el objetivo de ampliar los beneficiarios hasta el objetivo marcado. Las organizaciones sociales han destacado varios problemas de la renta mínima, como algunos criterios excluyentes, y su desconocimiento entre algunos colectivos necesitados. Sobre los umbrales de renta que dan acceso a la prestación que son garantizados en la ayuda, las ONG ha destacado que –aunque son más elevados que en muchas rentas mínimas autonómicas– aún están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que el IMV está pensado para solventar las situaciones de pobreza más aguda, pero aún así los hogares siguen viviendo en una situación de gran precariedad.