El peso chileno siguió desplomándose este miércoles y el precio del dólar se anotó un nuevo récord al rozar los 800 pesos, la cifra más alta desde 2002, debido a las incertidumbres que genera el estallido social que vive Chile y que está a punto de cumplir cuatro semanas.
La divisa estadounidense cerró este miércoles en 795,5 pesos frente a los 781,7 pesos del día anterior, pese a la intervención verbal del Banco Central (BC), que no logró calmar los ánimos.
La institución dijo el martes que está monitoreando la situación y que tiene los instrumentos necesarios para intervenir, y aseguró que el país cuenta con un “sistema financiero solvente, una situación fiscal sólida, un nivel adecuado de reservas internacionales y fondos soberanos y expectativas de inflación ancladas en 3 %”.
El ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, mostró por su parte cierta inquietud y dijo que la depreciación del peso chileno frente al dólar “tiene impacto en los precios, la inflación y una parte importante de bienes que consumimos”.
“Es fundamental que los chilenos, todos, hagamos un esfuerzo por contribuir a la normalidad del país, a la vida cotidiana, porque si vuelve la vida cotidiana, las empresas vuelven a funcionar normalmente y los trabajadores vuelven a trabajar cotidianamente”, apuntó Briones.
El alza histórico del precio del dólar está afectando también a la bolsa, cuyo principal índice, el IPSA, registró el martes una caída del 3,6 %, su segundo mayor desplome desde el inicio de las protestas, y acumula desde el estallido de la crisis social un desplome acumulado del 12,5 %, lo que se traduce en una pérdida de 27.884 millones de dólares en capitalización bursátil.
El estallido social que vive Chile, el más grave desde el retorno a la democracia en 1990, ya se ha cobrado la vida de veinte personas -cinco de ellas a manos de las fuerzas de seguridad- y ha causado miles de heridos y detenidos, así como denuncias de abusos y torturas por parte de los agentes.
Las protestas se iniciaron el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.
El Gobierno ha presentado desde entonces una serie de medidas sociales, que no convencen a los manifestantes, y el domingo anunció el inicio de un proceso constituyente, que ha sido criticado por la oposición porque pide un mecanismo más participativo para escribir una carta magna y que no sean los parlamentarios los que redacten el nuevo texto.