España vive un “cambio de régimen” que transita de la democracia a una “dictadura” por culpa de un presidente del Gobierno “ilegítimo”. PP y Vox han extendido esa tesis los últimos seis años, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Periódicamente, la deslegitimación del Ejecutivo pero también de las instituciones u organismos que no controla la derecha –como RTVE o el Tribunal Constitucional– se verbaliza de forma habitual por parte de los dirigentes conservadores desde 2018 y se amplifica por parte de algunos medios afines.
Recientemente, en la última semana, las direcciones de PP y Vox volvieron a desplegar sus argumentarios tras la “reflexión” de Sánchez y su posterior decisión de seguir en el poder.
“Lo que necesita España es un nuevo Gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”, dijo esta misma semana Alberto Núñez Feijóo, dando a entender que el actual Ejecutivo no es democrático. “España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad”, añadió. Santiago Abascal, por su parte, responsabilizó a Sánchez de un “escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano”.
Esas mismas reflexiones llevan repitiéndose desde hace años. Y ese permanente cuestionamiento de la vigencia de la democracia ya tiene consecuencias en la ciudadanía, según constatan varias analistas consultadas por elDiario.es. “La ruptura de legalidad y legitimidad que pronuncian constantemente las derechas en sus discursos es uno de los mayores riesgos de futuro”, explica Carmen Lumbierres doctora en Ciencia Política y de la Administración y docente en la UNED. “La hipérbole continua sobre golpes de Estado, ruptura constitucional o la violación de la división de poderes consigue que el entramado democrático pierda valor”, añade.
Un fenómeno que se remonta a la victoria de Zapatero
Según su lectura, “la actitud constante en la derecha española, con unos años de excepción de Mariano Rajoy, es no dar legitimidad al gobierno de izquierdas con apoyos de los nacionalismos periféricos”. El fenómeno se da, según ella, desde la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, con “su cuestionamiento” el bloqueo por parte del PP “a las principales leyes de reformas de derechos” o el “intento infructuoso de reforma del Estatut catalán”. Pero todo se agravó con el discurso de la ilegitimidad de la moción de censura de Sánchez.
“A partir de aquí, además, se le une el coro de la extrema derecha cuando aparece en las primeras votaciones nacionales. No ponen en duda la normativa que regula los procedimientos, pero cada vez más añaden incertidumbre sobre el proceso en sí mismo, la eficacia de Correos para desplegar el derecho al voto o las fechas elegidas para votar”, concluye.
La deslegitimación institucional de aquellos organismos de la izquierda fue también la principal política de la oposición de Pablo Casado, el líder del PP desde 2018 hasta 2022. En el Pleno de investidura de Sánchez de enero de 2020 Casado llamó “sociópata” y “presidente 'fake'” a Sánchez. En 2019, en un acto de su partido, el entonces líder del PP había llamado “traidor”, “felón”, “incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” y “okupa” al jefe del Ejecutivo.
Dos años después, dirigentes del PP mantienen esa misma estrategia. El pasado martes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida llamó a Sánchez “macho alfa”, “caudillo populista” y “jefe de una trama corrupta”, entre otros descalificativos. Ayuso, que tampoco ha escatimado nunca en insultos contra el presidente del Gobierno, sumó esta semana más elementos a la tesis de la ilegitimidad al considerar que el Ejecutivo progresista defiende un “proyecto a la bolivariana”. A raíz de la carta con la que Sánchez anunció un periodo de “reflexión” la presidenta madrileña dijo que “es un hombre a la deriva, busca confundir, embarrar y victimizarse para promover el sentimiento de agravio”.
El efecto sobre los ciudadanos excluidos
María Elena Martínez Barahona, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, remarca que la permanente deslegitimación de las instituciones democráticas por parte de las derechas “puede tener y tiene un impacto en la percepción de las instituciones públicas”. “Puede socavar la confianza ciudadana en las mismas y, de hecho, la confianza hacia los políticos, partidos, justicia, gobierno o parlamento se encuentra resentida en la multitud de encuestas que se realizan”.
En su opinión, todo esto “debilita la democracia aumentando la desafección política”. “Si percibimos que las instituciones no representan nuestros intereses, se encuentran manipuladas por intereses partidistas o simplemente no confiamos en ellas lo más probable es que esto suponga un descrédito en las instituciones democráticas y un alejamiento de los canales de participación política activa. Y más entre aquellos ciudadanos que se sienten excluidos o marginados del sistema político”, remacha.
La profesora recuerda, además, que “otra de las consecuencias” de la estrategia de las derechas “es la polarización política tanto ideológica como afectiva” que “resiente también la confianza en las instituciones. ”Esta polarización afectiva hace referencia a las emociones: la distancia emocional entre aquellos que nos despiertan simpatía y aquellos que consideramos nuestros rivales“, apunta. ”Esa distancia, ese 'hooliganismo político', hace que no toleremos al otro. Los discursos anti-el otro conllevan a un aumento de esa polarización afectiva que nunca puede traer buenas consecuencias para las democracias que se basan en los consensos, en la tolerancia del otro, en el pluralismo, en la convivencia entre diferentes“, zanja.
En cuanto a la polarización afectiva el diagnóstico es similar por parte de Araceli Mateos, también profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, aunque “más que con desafección” ella vincula la estrategia de la deslegitimación “con un descontento o insatisfacción con cómo se gestionan algunas cuestiones políticas”.
El papel de los medios
Cuando se pregunta a la ciudadanía en encuestas de opinión pública qué sentimientos le inspira la política, algunos de esos sentimientos suelen tener connotaciones algo negativas. Mateos señala que, “generalmente”, el más mencionado es “desconfianza”, seguido de “aburrimiento”. “Pero esto no significa que la política sólo despierte sentimientos negativos, sino que también encontramos un porcentaje de personas que muestran su interés por la política y valoran el compromiso que implica”, apunta.
Actualmente, añade, los datos de desconfianza “están lejos de otros más llamativos y preocupantes como los que hubo en torno a 2007 (donde la desconfianza alcanzó sus máximos) y que pudieran ser un indicador de agotamiento de la ciudadanía con la situación política”. Por eso relaciona la situación actual “con la afinidad política, o la experiencia más directa que cada persona tiene con la política, para poder entender los grados de desconfianza, o qué hay detrás de esa desconfianza”.
Respecto a comportamientos antidemocráticos que pudieran surgir ante la deslegitimación permanente del sistema por parte de las derechas Martínez Barahona señala que ya hay indicios de que la citada “polarización afectiva” como “causa de muchas de estas estrategias” de PP y Vox “influye en las actitudes y en los comportamientos políticos”, aunque apunta que “la evidencia del impacto de la polarización afectiva en el apoyo a la democracia es, hasta ahora, escasa”.
“Lo que es incontestable”, a su juicio, “es que el aumento de los niveles de polarización afectiva plantea retos considerables al proceso democrático”. Por lo tanto, en su opinión “es un deber inexcusable y un ejercicio de responsabilidad política tratar de reducir dichos niveles”. “Y para esto se necesita también el concurso de unos medios de comunicación que no desinformen ni 'toxifiquen' el ambiente político amplificando discursos extremistas y polarizantes”, concluye.