Muchas familias que llegan justas a fin de mes en España, si es que llegan, ven cómo mes a mes gran parte de sus escasos ingresos se van al pago del alquiler. El precio de alquilar ha aumentado mucho en los últimos años, especialmente en grandes ciudades y enclaves turísticos, pero quienes tienen menos dinero se ven abocados a pagar estas rentas. Les resulta mucho más caro que una hipoteca, pero esta les es a menudo inaccesible. El resultado: un bucle sin salida, en el que el bolsillo se vacía cada vez más.
La vivienda es una de las “dianas” de pobreza en España que señala la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que ha presentado su XIII informe anual este 17 de octubre, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Así, pese a que la vivienda es un derecho protegido en la Constitución, a día de hoy es “uno de los más importantes factores que generan pobreza”, recoge el estudio.
Hay que recordar que en países ricos como España la pobreza se mide en términos relativos respecto al resto de la sociedad, cuando los ingresos se sitúan por debajo del 60% de la renta mediana. Además, se suelen tener en cuenta indicadores de exclusión social y de privación material severa, que les mantienen al margen de prácticas de consumo consideradas básicas, como puede ser comer proteínas (carne/pescado) o mantener la casa a una temperatura adecuada.
Se demuestra que “las personas pobres tienen menos acceso a la propiedad y, por tanto, alquilan más” y que “el alquiler, además de generar inseguridad, resulta mucho más caro que la hipoteca y consume una parte importante de los recursos disponibles, especialmente entre las personas en riesgo de pobreza”, apunta el informe, que dirige Juan Carlos Llano Ortiz.
Más alquiler y se come más ingresos
Al tener más difícil la compra, sin ahorros para una entrada ni una seguridad económica para lograr una hipoteca en un banco, las personas en riesgo de pobreza residen más en viviendas de alquiler: un 34,9%, “más del doble que entre las personas no pobres (14,5 %)”. Además, la mayor parte lo hace en alquileres a precio de mercado: un 28,7% frente a “un 6,2% a un precio inferior”.
Con los precios disparados, y opciones muy limitadas de alquiler social, pagar la vivienda supone un gran bocado en las cuentas de las familias de escasos ingresos. En concreto, consume casi 4 de cada 10 euros que entra en los hogares en pobreza (el 39,1%), “un esfuerzo más de tres veces superior al que realizan las personas no pobres (12,5%)”.
Cuando la vivienda consume el 40% o más de la renta disponible de un hogar se habla de “gasto elevado”, una situación sobre la que alertaba el Banco de España hace unos meses respecto a las personas en alquiler y que sitúa a España entre los peores puestos de la UE. Más de una de cada tres personas en pobreza (el 35,8%) se enfrenta a un gasto elevado en vivienda, “quince veces más que el resto de población (2,4%)”, subraya el estudio de la EAPN.
La red de ONG contra la pobreza advierte de que, además del círculo de la vivienda, también destacan otras “dianas” de pobreza como la desigualdad de género que afecta a las mujeres y la mayor incidencia entre las familias con niños, que requieren de medidas específicas para evitar que se conviertan en trampas para estos colectivos.
Ojo a repuntes por la crisis de inflación
La EAPN reconoce la reducción de la pobreza y de la desigualdad tras la pandemia, según los últimos datos oficiales (de 2021) que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Tras el repunte por la COVID, la tasa de pobreza cayó al 20,4% hogares, el dato más bajo en los últimos nueve años, desde 2013. La brecha entre ricos y pobres se situó en niveles de 2008, previos a la crisis financiera.
Las ONG vinculan ambos avances al mayor esfuerzo del Estado en proteger a la población debido a la pandemia, el llamado 'escudo social', fundamentalmente los ERTE, con el que “se evitó que aproximadamente 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza”.
Sin embargo, las cifras de pobreza en España eran muy elevadas, especialmente tras la Gran Recesión, por lo que –pese a los avances– lo siguen siendo a día de hoy: unos 9,6 millones de personas están en riesgo de pobreza y 12,3 millones de personas viven en pobreza y exclusión social (según la definición AROPE), en el sexto y quinto peor puesto de la Unión Europea, respectivamente.
Además, las ONG alertan de un posible “proceso de regresión” vinculado a la crisis de inflación “si no se implementan medidas adecuadas y potentes”. Los últimos datos de pobreza ofrecen información de la renta de 2021, pero la encuesta también incluye preguntas de privación material en 2022, año clave en la subida de los precios.
Esta mostró varios empeoramientos, como el incremento de las personas que no pueden afrontar gastos imprevistos, que aumentó al 35,5%; el de personas que tienen alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes, que alcanza prácticamente a la mitad de la población (47,8%); la pobreza energética, que ascendió al 17,1%; y el alza de aquellas personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que llegó al 5,4% de la población española.
Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de ampliar y mejorar las políticas públicas para erradicar la pobreza. “Se ha constatado que las políticas sociales son eficaces, pero hay que ser más ambiciosos y acompañarlas con políticas de justicia fiscal. Acabar con la pobreza es una decisión política y una cuestión de derechos”, señala Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.