El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia (excepción) en el distrito andino de Chalhuahuacho, en la región sureña de Apurímac, cuyos pobladores mantienen desde hace casi dos meses un conflicto con la mina de cobre Las Bambas, operada por el consorcio australiano-chino MMG.
La medida, oficializada en un decreto publicado en un boletín extraordinario de normas legales, tendrá una vigencia de 15 días y suspende los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y a la libertad de reunión en la zona.
También prorrogó por el mismo plazo el estado de emergencia desde el kilómetro 130 hasta el kilómetro 160 del corredor vial de la ruta nacional, que comprende el distrito de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, en la región del Cusco.
El decreto señala que se controlará hasta 500 metros a cada lado del corredor vial y que la vigilancia del orden interno de la zona en emergencia estará a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán conforme a lo dispuesto en decretos que regulan el uso de la fuerza en el territorio nacional.
La disposición legal fue firmada por el presidente Martín Vizcarra, el primer ministro Salvador del Solar y los ministros del Interior y Justicia y Derechos Humanos, Carlos Morán y Vicente Zeballos, respectivamente.
A pesar de la medida, medios locales reportaron que un grupo de comuneros mantiene bloqueado este viernes el acceso a Chalhuahuacho y exigen la presencia en la zona del presidente Vizcarra y del gerente general de Las Bambas, así como la liberación del dirigente Gregorio Rojas y el reajuste del importe del canon minero.
Los dirigentes de Chalhuahuacho y de la comunidad de Fuerabamba, por donde pasa un camino que es usado por los camiones que transportan el mineral, no participaron este jueves en una reunión con una comisión integrada por tres ministros, que se celebró en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas.
Los miembros del Ejecutivo conversaron con autoridades locales y representantes de otras comunidades que también exigen un pago por el derecho de uso de la vía que atraviesa sus territorios y acordaron que la próxima cita se hará el 9 de abril en Lima.
El encuentro se concretó un día después de que desconocidos lanzaron piedras al helicóptero militar que transportaba a la comitiva de ministros hacia la zona de Yavi Yavi, en la región Apurímac, donde buscaban establecer un diálogo con los comuneros.
Los comuneros exigen desde el pasado 4 de febrero que la mina pague por el derecho de uso del camino, que las autoridades afirman que ya existía desde antes del proyecto minero, y se quejan de que fue declarado, sin consultarles, como vía nacional por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Las Bambas se encuentra a más de 4.000 metros de altitud, en la provincia de Cotabambas y tiene reservas de 7,2 millones de toneladas de cobre y 12,6 millones de toneladas de recursos minerales.
La tensión se elevó en esa zona rural desde el pasado viernes, tras las detenciones de los dirigentes y asesores legales de los comuneros, estos últimos acusados por la Fiscalía de presunta extorsión contra la empresa.
En medio del conflicto, las comunidades de Chalhuahuacho comenzaron este miércoles un paro en solidaridad con Fuerabamba, que incluyó una marcha de protesta de cientos de campesinos y obreros hasta las puertas de la mina.
El primer ministro Del Solar aseguró esta semana que el Gobierno busca “no solo retomar el diálogo, sino llevarlo a una conversación verdaderamente importante sobre cuál es el desarrollo” que se quiere para toda la zona de influencia de la minera.