El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis De Guindos, ha admitido este lunes, en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas, que el BCE no incluirá el paro entre sus objetivos prioritarios. El ex ministro de Economía con el Partido Popular (PP) entre 2014 y 2018 declara que las decesiones de política monetaria en la eurozona seguirán focalizadas en luchar contra la inflación pese a reconocer el riesgo de recesión y que las subidas de los tipos de interés no actúan sobre los precios de la energía ni de los alimentos, “que explican dos tercios de la inflación actual”, según recalcó.
“Nuestro mandato es claro, la inflación”, incidió Luis De Guindos, quien detalló que cuando el BCE realiza sus previsiones “mira el tipo de cambio [el euro] o el desempleo”, pero que “el objetivo es claro: la estabilidad de precios, definida por el 2% de inflación a medio plazo”. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sí tiene el mercado laboral entre sus metas prioritarias. Es decir, sus decisiones no pueden dañarlo.
Actualmente, la estrategia del BCE de subir los tipos de interés para “enfriar la economía” es una grave amenaza para la actividad económica en general y pone en riesgo un aumento del desempleo. Pero De Guindos volvió a insistir en que la institución continuará incrementando el 'precio del dinero', y por tanto elevará el coste de las hipotecas, o de las préstamos de las empresas. Y también de la financiación que necesitan los estados en pleno esfuerzo para sofocar el golpe de la inflación, sobre a todos a los más vulnerables.
Y eso que el propio vicepresidente calculó que la energía y los alimentos explican dos tercios de la inflación actual, y que dependen de los factores geopolíticos. Y no de “la demanda agregada, sobre la que incide la política monetaria”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido una de los principales voces que en los últimos meses ha pedido que el BCE incluya el paro entre sus objetivos prioritarios. Aunque esta posición está lejos de ser escuchada. “Dijimos que las consecuencias de la guerra de Putin no podían pagarlas los de siempre. Europa ha dado pasos muy importantes en esa dirección, pero el anuncio del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés pone en riesgo lo avanzado hasta el momento”, denunció la también ministra de Trabajo en julio, tras la primera subida del 0,5%, a la que siguió otra en septiembre del 0,75%.
Lo que sí señaló De Guindos es que “la política fiscal de los gobiernos no debe entrar en contradicción con la política monetaria del banco central, como ha sucedido en Reino Unido”. El vicepresidente del BCE recomienda que los gobiernos no apliquen políticas fiscales expansivas, que impliquen empeorar los desequilibrios entre ingresos y gastos [el déficit], que se agudizaron en la pandemia.
“La política fiscal tiene que ser selectiva y enfocada a los más vulnerables”, sentenció. Esta línea la mantuvo igualmente la semana pasada Óscar Arce, director general de Economía del BCE, quien consideró que “es el momento de hilar fino con la política presupuestaria”. Justo antes de comentar que la política monetaria es “más un machete que un bisturí”, y que, por lo tanto, no puede actuar con mucha precisión. O con ninguna en lo relacionado con la energía. Más allá de acabar influyendo en los precios cuando hayan ahogado definitivamente la demanda, con el riesgo de que eso signifique una recesión profunda y larga, y entonces un incremento del desempleo, según advirtió recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) al BCE y al resto de bancos centrales.
La volatilidad de la energía depende exclusivamente del impacto de la invasión rusa de Ucrania en la oferta y, por tanto, de la evolución de la guerra (principalmente en el caso del gas y la electricidad) y de las decisiones de las dictaduras que conforman el cártel de productores de petróleo OPEP+, que incluye a la propia Rusia (en el caso de los carburantes).
Las previsiones ya apuntan a que Alemania sufrirá una contracción de la actividad en 2023, mientras España es la economía que saldría mejor parada por la menor amenaza de tener que aplicar racionamientos de gas durante los próximos meses.
El economista del BCE aceptó que la inflación en la eurozona no es producto de “recalentamiento” de la economía, para lo que se refiere a un incremento moderado de los salarios, “de entre un 2,5% y un 3% según las subidas pactadas en los convenios”, o a que, principalmente en el sector industrial, la mayor parte de las presiones sobre los precios tienen que ver con la oferta (por la energía, los cuellos de botella en las cadenas de suministro del comercio mundial, la depreciación del euro...), y no con la demanda.
Perseguir a la Fed
La cuestión es que la crisis es muy diferente en Estados Unidos, donde su banco central, la Reserva Federal (Fed), comenzó antes y está siendo muy agresivo con su lucha contra la inflación, donde entre las causas sí aparece un recalentamiento de la economía —los salarios, por ejemplo, están subiendo a un ritmo del 7%, según apunto Arce—. Las mayores subidas de tipos de la Fed favorecen que el dinero y las inversiones en los mercados financieros busquen la mayor rentabilidad que ofrecen los activos en dólares, lo que se traduce una depreciación el euro que precisamente encarece las importaciones de gas o petróleo.
De esta manera, el BCE está condenado a perseguir a la Fed, pese al riesgo de recesión, o incluso pese a que la misma institución confía en que la inflación se moderará hasta el objetivo del 2% en 2024 en el conjunto de la eurozona, tras el récord del 10% en septiembre, respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, Arce enumeró distintos síntomas que favorecerían esa moderación de las subidas de precios: la propia desaceleración de la actividad; la mejoría de los cuellos de botella, por la disminución de la congestión en los puertos y, de nuevo, la caída de la demanda; el agotamiento de la explosión de demanda embalsada en la pandemia de ocio y turismo; y los planes de choque de los gobiernos.