Del gas de la calefacción central al IVA de la luz: las medidas del Gobierno por la crisis energética suman ya 38.500 millones

El esfuerzo para intentar proteger a los consumidores de la escalada de precios de la luz, el gas y los carburantes desde el inicio de la actual crisis energética, exacerbada por la guerra en Ucrania, supera ya el 3% del PIB de España.

El ahorro obtenido por los consumidores gracias a las medidas adoptadas desde el verano de 2021 va a alcanzar ya los 38.500 millones de euros, según cálculos realizados a partir del último anuncio del Gobierno y de la última estimación del think tank europeo Bruegel. El Ejecutivo afirma que España es el cuarto país europeo en el que más recursos se han destinado a proteger a los consumidores.

Esa cifra incluye los 3.000 millones en nuevas ayudas que anunció este jueves en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El nuevo paquete busca aliviar las facturas energéticas de hogares vulnerables y rebajar el gas de las calefacciones centrales. El 40% de los hogares se verá beneficiado, según Sánchez.

38.500 millones de euros suponen casi un 3,2% del PIB español a precios corrientes del ejercicio 2021, que fue de 1,26 billones de euros, según la última revisión del INE. Es prácticamente el crecimiento que el Gobierno espera para el PIB en todo 2022 (de un 4,4%) y supera la factura de intereses de la deuda pública prevista en los Presupuestos para 2023 (más de 31.000 millones).

También se acercan a los 40.000 millones que ha asumido el Estado por decisiones fallidas del Gobierno de Mariano Rajoy: del banco malo a los varapalos judiciales por el rescate del almacén de gas Castor o el fallido canon a las hidroeléctricas.

Esa multimillonaria cuantía no corre íntegramente a cargo del Estado. Una parte muy importante comprende rebajas fiscales, como la bajada al 5% del IVA de la luz y el gas o la suspensión del impuesto a la generación, con un impacto en la recaudación de este año de unos 12.200 millones de euros. Y a esos recortes impositivos se suman las ayudas públicas y avales del Plan de Respuesta a la Guerra, valoradas en 16.000 millones, o la subvención a los carburantes.

El cómputo también incluye la minoración de ingresos extra de las eléctricas por la subida del gas, inicialmente calculada en 2.600 millones y luego recortada a la baja; y el ahorro generado por la denominada solución ibérica, cifrado en junio por la Comisión Europea en unos 6.300 millones. El coste de ese tope al gas (la compensación para las centrales que usan ese combustible) recae en este caso sobre los consumidores. Podemos ha propuesto que lo sufrague el impuesto extraordinario a las energéticas que se tramita en el Congreso.

España tomó las primeras medidas en junio de 2021, cuando el gas empezaba ya a encarecerse en plena recuperación tras la gran reclusión. Fue uno de los primeros países europeos en hacerlo ante lo que se venía encima, quizá por la vinculación directa entre el mercado mayorista y la tarifa regulada de la luz, que se va a reformar para hacerla menos volátil, vinculándola a los precios de futuros.

Ya en septiembre de 2021, la mayor preocupación en el seno del Ejecutivo de coalición no era tanto la evolución del recibo de la luz como lo que había detrás: la explosiva subida del gas, que, meses después, tras la guerra de Ucrania terminó de descontrolarse y ha acabado pulverizando todos los registros con la invasión rusa. Y el Gobierno español ha liderado en la UE las propuestas en asuntos clave como el desacople de precios de la luz y el gas, que Europa se plantea ahora hacer suya la solución ibérica.

El influyente medio europeo Político ha llegado a calificar de “visionaria” a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera [“lo vio venir”, sostiene] en su ranking anual sobre personas más influyentes en la implantación de la agenda verde europea.

320.000 millones

Según Bruegel, en el último año y hasta septiembre, los países de la UE habían anunciado medidas por cerca de 320.000 millones de euros para apoyar a hogares y empresas ante la rampante inflación derivada de la crisis energética. Un tercio de esa cifra (100.000 millones) correspondía a Alemania, según datos recopilados por el think tank hasta el 21 de septiembre, que no incorporaban todavía el polémico macroplan de 200.000 millones anunciado luego por el Gobierno alemán. Ese manguerazo de la primera economía europea, una de las más dependientes del gas ruso, ha suscitado recelos en la UE y ha propiciado que se abra paso la idea de un nuevo fondo europeo ante la crisis energética.

De acuerdo con ese análisis de Bruegel, España había destinado hasta septiembre el 2,9% de su PIB en ayudas, con 35.500 millones, a los que se sumarían los 3.000 millones que ahora acaba de anunciar Sánchez, con lo que el porcentaje se elevaría al citado 3,2% del PIB. Por detrás de Alemania (que con el macroplan recientemente anunciado va a alcanzar ya el 5% de su PIB) y de Italia (59.000 millones, un 3,3% de su PIB) o Francia (71.600 millones, 2,9% de su PIB).

Desde junio de 2021 el Gobierno español ha implantado o anunciado una treintena de medidas para proteger a los vulnerables, apoyar a la industria y reforzar la seguridad de suministro. El Plan de Seguridad Energética aprobado el martes, antes del nuevo anuncio de Sánchez, señala que “en España, el esfuerzo económico desde que se empezaron a adoptar medidas, supera los 35.000 millones de euros, casi el 3% del PIB”.

España es “la cuarta economía de la UE que mayor esfuerzo ha realizado ya para reducir la factura de los consumidores en términos económicos, y la segunda en términos de diversidad de medidas adoptadas”, dice el documento.

A las 25 medidas aprobadas hasta ahora se suman las anunciadas este jueves, que aparecían esbozadas con escasa concreción en el Plan de Contingencia aprobado el martes: se va a acometer un refuerzo del bono social eléctrico y térmico y se va a implementar la esperada solución para las calderas comunitarias de gas, con la extensión de la tarifa regulada (la denominada TUR), que lleva ya un año con las subidas trimestrales limitadas, a las comunidades de vecinos. El objetivo es proteger a este colectivo (1,7 millones de hogares) de las subidas que habrían llegado este invierno al estar expuestos al mercado libre.

En cuanto a quién asumirá el coste de esa medida, que para el resto de suministros acogidos a la TUR hasta ahora se ha cargado (en diferido) entre los consumidores, el plan aprobado esta semana, que ya avanzaba la creación de un mecanismo de protección para ese colectivo, señalaba que “el Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación”.

Además, con el decreto que se va a aprobar la próxima semana se van a implantar nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos, con una ampliación del bono social; se incrementará un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y se elevarán la rebaja para vulnerables (del 60% al 65%) y vulnerables severos (del 70% al 80%). También se amplían las ayudas en metálico del bono social: aumentan desde la horquilla de 35 a 350 euros al año (según la zona climática del beneficiario) hasta la horquilla de 40 a 375 euros al año.

La medida ha sido bien recibida entre las asociaciones de consumidores, aunque piden más. La OCU considera que la ampliación de los beneficiarios del bono social “se debe completar con la extensión del descuento a todo el consumo y medidas que agilicen la tramitación y su aplicación a todos los hogares que tendrían derecho al bono social y lo desconocen”. Por su parte, Facua reclama “ir más allá”, “agilizar protocolos e invertir en una campaña institucional de información para conseguir llegar a un mayor número de usuarios”.