La nueva tarifa regulada de la luz dará más peso a los precios anuales para reducir la volatilidad

La nueva tarifa regulada de la luz dará más peso a los precios anuales para reducir la volatilidad del sistema actual, que está indexado a la cotización horaria del mercado mayorista. El Ejecutivo está ultimando la reforma de esta tarifa, que fue una condición impuesta por Bruselas para dar luz verde a la denominada excepción ibérica.

Según avanza la SER y confirma el Ministerio para la Transición Ecológica, el nuevo sistema de cálculo del denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que el Ejecutivo va a sacar a consulta pública de forma “inminente”, va a dar más peso a las referencias más estables, las anuales (que supondrán el 54% del total de las referencias a plazo) para evitar las fuertes fluctuaciones que actualmente caracterizan a los precios del PVPC a lo largo del día. En concreto, de esa cesta de futuros, el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.

Con ello, el Ejecutivo calcula que las oscilaciones entre la hora más cara y la más barata serían del 17% durante el día, frente al 27% actual.

La propuesta está abierta a cambios cuando, una vez publicada, lleguen las aportaciones de los distintos agentes del sector, ha subrayado este miércoles en Galicia la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. El Ejecutivo plantea introducir “a principios de 2023” este sistema, que se irá aplicando gradualmente, de forma que entre en vigor el año que viene y que en 2025 las referencias a largo plazo representen más de la mitad del mercado regulado.

En concreto, para el primer año, el peso de la señal a plazo supondrá un 25% e irá “incrementándose dicha representatividad un 15% hasta alcanzar un 55% en el año 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria”, indica el borrador que ha sacado a consulta el ministerio.

Antes de octubre

Según Transición Ecológica, “con esta combinación de señales a corto, medio y largo plazo, se conseguiría salvaguardar la variación de precios del mercado diario, incentivando el desplazamiento de la demanda a las horas más baratas, con mayor producción renovable, a la vez que se lograría una mayor estabilidad”.

El Ejecutivo va a presentar fuera de plazo esta reforma, que llega porque “cuando el mercado mayorista de electricidad está tan distorsionado como en el momento actual, se nos han disparado los precios y hemos aceptado una volatilidad que no pueden aceptar las familias”, ha explicado Ribera. “Lo que proponemos es crear una cesta de indicadores que estén razonablemente ponderados y que permitan dar una mayor estabilidad al precio” una vez entre en funcionamiento.

En el Real Decreto-Ley que aprobó la solución ibérica, el Gobierno español se comprometió a poner en marcha “antes del 1 de octubre de 2022” las modificaciones necesarias para hacer menos volátil el PVPC.

A esta tarifa regulada están acogidos los titulares de unos nueve millones de puntos de suministro, el 35% del país, y está reservada a suministros con una potencia contratada menor o igual 10 kilovatios. Hasta la actual crisis energética, fue siempre más barata que las ofertas del mercado libre. Pero el descontrol que ha vivido en los últimos meses el denominado pool eléctrico por la crisis energética que azota Europa ha convertido su diseño en perverso, al estar indexada a la cotización que marca cada hora el mercado mayorista.

Transición Ecológica ya abrió a finales del año pasado una consulta pública de cara a la reforma del PVPC, y se comprometió a reformarlo en el decreto de la excepción ibérica. El texto preveía que “la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023” y reconocía que reformar esta tarifa (una vieja petición de las eléctricas) era “una de las condiciones” de Bruselas para la aprobación de ese mecanismo temporal.

La norma aprobada en mayo obligaba al Gobierno a modificar la normativa del PVPC antes de octubre para, a comienzos de 2023, “introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario”.

Para esa cesta de precios, decía el texto, “podrán utilizarse futuros anuales, futuros trimestrales y futuros mensuales, e incluirá una componente de precio del mercado diario e intradiario que garantice una cierta exposición de estos consumidores a la señal de precio de corto plazo e incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda”.

Los futuros del mercado mayorista para 2023 actualmente se sitúan en 195 euros/MWh, un nivel superior a los cerca de 150 euros que marcaba esa referencia cuando se aprobó el decreto en mayo. Aunque están significamente por debajo de los casi 600 euros/MWh previstos para Francia o los 421 euros/MWh de Alemania, son cifras disparatadas en comparación con los niveles de unos 50 euros/MWh del pool en los años previos a la actual crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. Los actuales futuros de Omip no prevén precios inferiores a los 100 euros/MWh en España hasta 2025.