Un juez da la razón a Giselle: las cláusulas de alquiler social de Sareb son abusivas
El juez de la sección civil de Madrid Enrique Agudo ha dado la razón a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y considera abusivas algunas de las cláusulas de los alquileres sociales de Sareb. Giselle, la primera denunciante, vio cómo su alquiler pasaba de 100 a más de 600 euros de repente y además el contrato le obliga a abrir las puertas a la propiedad o a pagar si no se marcha cuando se lo requieren, entre otras irregularidades, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Desde la PAH esperan, a expensas de los recursos que presente el 'banco malo', que siente precedente primero para los cientos de inquilinos que tienen controlados y, después, para los 10.000 contratos de este tipo que tiene la Sareb.
El juez anula hasta siete cláusulas de un contrato que ha complicado la vida de Giselle, tal y como explicó elDiario.es en 2024. La inquilina firmó un contrato social con la Sareb por 110 euros tras haber ocupado la vivienda y, un año después, la empresa le subió el alquiler un 630%, hasta 693 euros, de forma unilateral.
El magistrado considera ilegal esa unilateralidad a la hora de fijar el precio en una de las cláusulas, así como la obligación de abrir las puertas al arrendador dos veces al año, la falta de transparencia de las bonificaciones y también de las renovaciones y pérdidas de las mismas. También declara nula la vinculación del contrato de alquiler con el acompañamiento social y su novación.
La Sareb recurrirá “algunas cuestiones”
Fuentes de Sareb aseguran que “respeta la resolución judicial” y pondrá un recurso “exclusivamente respecto determinadas cuestiones técnicas relacionadas con los efectos económicos de la nulidad y la determinación futura de la renta”. Consideran además que el acompañamiento social que brindan es en general satisfactorio, aseguran que los precios no suelen subir y que han permitido a 1.000 personas a acceder al mercado laboral así como más del 20% de las familias afectadas han contado con ayuda burocrática para acceder a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Desde Sareb advierten que el contrato no será modificado mientras dure el recurso, pero se muestran sobre todo sorprendidos por tener que retirar las bonificaciones, es decir, los precios sociales, que benefician al inquilino. El alquiler medio que pagan los inquilinos es de 200 euros.
Una de las cláusulas del contrato establece que la Sareb, la entidad semipública que absorbió los activos tóxicos en forma de vivienda y deuda de la banca, firma el contrato social de forma “voluntaria” y que como tal puede cambiar el precio del mismo cuando el inquilino o inquilina deje de ser vulnerable.
La PAH puso la denuncia al considerar que esa cláusula viola la Ley de Consumidores y Usuarios, que establece que debe existir un equilibrio entre arrendador y arrendatario a la hora de negociar las condiciones. Cuando a Giselle le subieron el alquiler de manera repentina, ella no tenía capacidad para pagarla.
El juez declara nula esta cláusula y hasta seis más. También invalida un artículo que establece que la inquilina debe pagar una indemnización si no desaloja la vivienda cuando se le exige, así como la imposición de gasto y costas judiciales en procesos legales, que, por tanto, tendrá que abonar Sareb.
El juez tampoco considera es legal que el contrato de alquiler contemple que “el arrendatario permitirá al arrendador visitar la vivienda dos veces al año” y lo limita a casos de obras de urgencias.
También anula por “falta de transparencia” las bonificaciones de los contratos y las renovaciones y pérdidas de las mismas, por considerar que no queda claro en qué supuestos se dan. La vinculación del acompañamiento sociolaboral al contrato y la novación del mismo son las dos otras cláusulas que el juez anula.
Desde Sareb muestran buena voluntad a adaptar los contratos a la sentencia, si bien pretenden con el recurso poder mantener los descuentos del alquiler.
De todas formas, los 10.000 contratos de alquiler social deben ser asumidos durante este año y el que viene por Casa 47, la nueva empresa pública estatal de vivienda que debe absorber hasta 40.000 viviendas del 'banco malo, muchas de ellas ya alquiladas. De hecho, la incertidumbre no solo la sufren inquilinas con acompañamiento social como Giselle, sino también otras que se encuentran en un limbo después de que la Sareb no les ofreciera renovar sus contratos.
La absorción por parte de Casa 47 pondrá fin a esta polémica entidad que impulsó en 2012 el Gobierno de Rajoy para asumir la deuda y los activos tóxicos que dejaron los rescates bancarios. Con accionariado público y privado, el FROB asumió la mayoría de su capital en 2022 para convertirla en empresa predominantemente pública con un mandato social que, no obstante, no ha puesto fin a las polémicas. En 2025, se decidió que el nacimiento de Casa 47 se impulsara con estas viviendas y que la deuda restante, de 27.000 millones, pase a asumirla el Estado.