El PP ha abrazado este miércoles en el Congreso las tesis de las casas de apuestas online sobre la supuesta proliferación del juego ilegal como consecuencia de la práctica prohibición de la publicidad de estas empresas durante el confinamiento.
La senadora popular Patricia Rodríguez Calleja, que ha intervenido en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, ha reprochado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que esa regulación, que restringió por decreto-ley la publicidad de las apuestas a la franja de madrugada, “ha estrangulado al juego legal”.
Según Rodríguez Calleja, el decreto, que “no decimos que no fuera necesario dadas las circunstancias excepcionales en las que nos encontrábamos”, ha “abierto las puertas a un juego escondido, al juego ilegal, al que no paga impuestos y al que las personas con necesidad de jugar compulsivamente han acudido sin ningún tipo de control durante el estado de alarma”.
La senadora popular, que en la intervención que ha leído ha asegurado que el nuevo decreto propuesto por el Gobierno para regular la publicidad del juego online es “idéntico” al 70% al que en su día redactó el Gobierno del PP (que se quedó en un cajón), ha hecho así suyas las tesis de la patronal del juego online, Jdigital.
El pasado 9 de julio, esta asociación aseguró, basándose en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Popular, que esa medida de emergencia había provocado una “proliferación del juego ilegal”, al haber requerido la Dirección General del Juego la interrupción de forma indefinida del servicio a un total de 414 dominios entre abril y mayo, frente a 196 webs ilegales cerradas un año antes. Esto “prueba, con datos del propio ministerio, que en tan solo 2 meses la actividad de operadores ilegales en España duplicó la actividad que se produce en un año normal”, según Jdigital.
Antes de la intervención de la senadora popular, el ministro Garzón ha hecho una valoración muy distinta de ese veto a la publicidad durante el confinamiento. Según ha explicado, el número de jugadores nuevos creció en las tres primeras semanas de confinamiento un 58% interanual, “incluso contando con la desaparición de las apuestas deportivas” por la suspensión de las competiciones. Tras las fuertes restricciones a la publicidad y la prohibición de los llamados bonos de bienvenida por Real Decreto-Ley, “el número de jugadores nuevos cayó un 32%”.
El ministro ha anunciado que convocará próximamente a los consejeros autonómicos con competencias en materia de juego para abordar la “espectacular” expansión del juego presencial, que es competencia autonómica. El objetivo de ese Consejo del Juego que se convocará el próximo semestre y que no se pudo celebrar por la pandemia, es “coordinar una respuesta” con los gobiernos autonómicos y “poner en marcha un enfoque integral” ante lo que el ministro ha definido como la “gran laguna” en materia de regulación del juego, ahora que ya está en tramitación un nuevo borrador de publicidad del juego online.
Según Garzón, existe un interés mayoritario entre los gobiernos autonómicos en homogeneizar la regulación a lo largo de todo el país con el objetivo de reducir la exposición a la población vulnerable. El ministro ha recordado que la encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes) 2018-2019 plantea que un 10% de los estudiantes de 14 a 18 años “apuestan con dinero en el ámbito online” y “más de un 22%” lo hacen en apuestas presenciales. Esto “refleja la magnitud de algo que no debería estar sucediendo”. “Tenemos ahí un problema claro”.
Nueva regulación en octubre
Garzón ha calificado de “buena noticia” el aval de la Comisión Europea al nuevo borrador de decreto de publicidad del juego, que el Gobierno pidió tramitar por vía urgente ante Bruselas ante el temor a nuevos confinamientos y que supone una regulación “enormemente estricta” frente a la “ley de la selva” actual. El siguiente paso será el dictamen del Consejo de Estado con el objetivo de que el Consejo de Ministros apruebe la nueva regulación el próximo octubre.
Garzón, que ha dicho que quiere regular de forma “estricta” las denominadas loot boxes o cajas de recompensa de los videojuegos, que funciona de forma “similar a las tragaperras” y en muchos casos va a dirigido a menores de edad, se ha referido al trabajo que están desarrollando los Ministerios de Consumo y Hacienda para la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea.
El fin es destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego. Garzón ha dicho que pretende que parte de lo recaudado se destine a minimizar las externalidades negativas que provoca la actividad del juego.