Proyecto Rifle: el oscuro papel del Deutsche Bank en el pelotazo de la armamentística española Defex en Angola
El 9 de julio de 2014, las oficinas del Deutsche Bank en España recibieron, en palabras de un informe interno del banco, “una visita no anunciada” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes buscaban documentación sobre una operación de venta irregular de armas y equipamiento policial por 153 millones de euros de la empresa semipública Defex en Angola entre 2008 y 2009. Fue el mayor pelotazo del escándalo de corrupción de la compañía -detonante de su disolución-, en una parte de la trama que todavía está a la espera de sentencia y cuyo juicio está programado para inicios de 2027.
La falta de fiscalización y las “deficiencias de supervisión” de la sede española del banco alemán posibilitaron este pelotazo en Angola. Así se desprende de documentos internos de la entidad revelados por elDiario.es a través de la investigación transnacional ‘Inside Deutsche Bank’, en la que han participado más de 200 periodistas. La filtración fue obtenida por el periodista indio Josy Joseph y la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife.
Deutsche Bank, que se definía internamente como “principal socio financiero” de la compañía armamentística, respaldó otras operaciones millonarias de Defex en Camerún y Brasil que acabó investigando la justicia. Y tardó más de dos años desde esa orden de registro en avisar de nueve millones en transferencias sospechosas de la compañía al servicio de prevención de blanqueo de capitales en España (Sepblac).
La investigación de Angola llevó a juicio a 24 personas. Descubrió una trama de corrupción internacional y lavado de dinero organizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Defex con la madrileña Comercial Cueto, también involucrada en el 'caso mascarillas', para asegurarse contratos públicos en el país africano entre 2008 y 2009. El principal, esa adjudicación para suministrar armas y equipamiento a la policía angoleña por 153 millones.
Para maximizar los beneficios y multiplicar artificialmente los costes, los miembros de la trama aplicaban el llamado “factor mágico” o “factor sexy” a los contratos. El auto de procesamiento que dictó hace más de ocho años el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata recogió que la compañía solo destinó 59 millones a la ejecución del contrato. Los 94 millones restantes fueron a pagar sobornos a las autoridades angoleñas, comisiones para los intermediarios, beneficios para las empresas de la trama y sobresueldos para los directivos involucrados.
El escándalo fue la sentencia de muerte para Defex, fundada durante la dictadura –en 1972– para promover las exportaciones españolas de armamento y participada en un 51% por el Estado y en un 49% por empresas privadas como Expal, Instalaza o Sapa.
Deutsche Bank jugó un papel central en el caso, según la investigación policial y los documentos internos del banco. La operación la gestionó su equipo de Structured Trade and Export Finance (STEF) en España, que asumió la revisión documental y el papel de agente de pagos. Entre 2008 y 2011, el banco alemán procesó decenas de transacciones fundamentales para la trama. Ahora sabemos que los controles sobre esos movimientos de fondos fueron escasos o nulos.
La entidad fue la puerta de entrada de esos 153 millones del Gobierno de Angola a través de la agencia estatal china de crédito a la exportación Eximbank. El dinero lo recibió en cuentas internas y lo fue liberando a la cuenta de la UTE tras determinados hitos como adendas, facturas o avisos de embalaje. Con esta operación, el banco se llevó una comisión del 0,5%, unos 765.000 euros.
La investigación judicial detalló el papel clave de Deutsche Bank al canalizar el movimiento de dinero desde las cuentas de la UTE Cueto-Defex hacia la red de sociedades de la trama en España, Luxemburgo y Angola. Según el juez, las actividades de prevención de blanqueo implementadas por las entidades bancarias como Deutsche Bank fueron “absolutamente insuficientes para prevenir e impedir el blanqueo de capitales”.
Bajo esta inacción, la entidad alemana autorizó el desvío de casi cuatro millones a la sociedad luxemburguesa JTL Financial, una alerta que el propio banco comunicó al Sepblac a nombre del director financiero de Defex y no de la UTE, lo que desviaba el foco de la empresa, además de transferencias por 851.000 euros al Fondo Social de la Policía de Angola y abonos millonarios a las sociedades de los comisionistas de la trama.
El último movimiento desde la cuenta de la UTE en el Deutsche Bank que recogió el juez se produjo el 19 de julio de 2011, dos años después del vencimiento del contrato: 100.160 euros para Guilherme Taveira, el intermediario de la trama fugado de la justicia. Fue uno de los involucrados en la trama junto a directivos de Defex como el expresidente José Ignacio Encinas Charro, el exdirector comercial Manuel Iglesias-Sarriá y el coronel retirado Ángel María Larumbe; los administradores de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto y su esposa Icíar de Yraola; o la abogada Beatriz García Paesa, radicada en Luxemburgo y sobrina de Francisco Paesa (el famoso espía que fingió su muerte en 1998).
“Proyecto Rifle”: el papel del Deutsche Bank
Los documentos internos de la entidad revelan cómo la sede central del banco alemán encargó una auditoría y abrió una investigación sobre el escándalo de Angola tras conocer el operativo policial en sus oficinas en España. La investigación interna se bautizó como “Proyecto Rifle”, en referencia a los 1.000 fusiles que la trama incluyó en una de las adendas al contrato original.
Las revisiones internas del banco, que analizaron la documentación y entrevistaron a los empleados responsables de la operación en las oficinas de Madrid, revelaron que el departamento encargado (STEF) “no estableció un procedimiento suficientemente robusto” de fiscalización que derivó en múltiples “deficiencias” en la supervisión por parte de la sede española.
El informe final del ‘Proyecto Rifle’ concluyó que en las oficinas del Deutsche Bank en España hubo "falta de controles" en el pelotazo de Cueto-Defex en Angola
Entre ellas, la auditoría identificó que la operación no se presentó al equipo de riesgos reputacionales del banco para su aprobación, un paso obligado para transacciones de armamento según las directivas internas.
Los auditores también criticaron que no se inició un procedimiento de aprobación para “nuevos productos”; no se activaron los controles habituales de alerta temprana para prevenir transacciones sospechosas, lavado de dinero y sanciones internacionales (conocidos como Embargo Checks, PCR y Hotscan). Y tampoco se solicitó aprobación cuando el contrato fue enmendado para incluir esos 1.000 rifles.
Las adendas sospechosas
El juez instructor del caso criticó con dureza la falta de fiscalización de las adendas al contrato enviadas por la trama al Deutsche Bank para “justificar la transferencia de los fondos”. Entre la documentación requerida a la entidad bancaria durante el operativo policial están esas adendas al contrato, cuatro en total, que estaban en poder del banco.
De la Mata concluyó que los ejecutivos de Cueto-Defex ocultaron activamente la adenda real, que comprometía a la UTE a pagar 1,4 millones de euros al Fondo Social de la Policía angoleña. Para justificar las transferencias, la empresa presentó una adenda Nº 3 falsificada que copiaba palabra por palabra el texto de la adenda Nº 4 (que simplemente ampliaba los plazos de ejecución). Deutsche Bank aceptó el documento sin preguntarse por qué el cliente le presentaba dos adendas distintas con exactamente el mismo texto. “No parece que se molestasen en aclarar este aspecto”, afirmó el magistrado.
Deutsche Bank avaló una fianza de 5,4 millones para evitar el embargo de los bienes de una ex empleada imputada en el caso por un presunto delito de blanqueo, según un informe confidencial
Las conclusiones del juez coinciden con la investigación interna del banco. El informe final del “Proyecto Rifle”, de marzo de 2017, concluyó que las oficinas del Deutsche Bank en España no “revisaron diligentemente” esas adendas y que hubo “falta de controles” en el pelotazo de Cueto-Defex en Angola. Sin embargo, el banco no tomó ninguna medida disciplinaria contra los empleados de la filial española. Según las conclusiones del informe, “no se identificó” que tuvieran conocimiento de la supuesta trama de corrupción o que los controles fueran “intencionadamente más laxos que en operaciones similares”.
Ignacio Ramiro, responsable de STEF del banco alemán en España, y Joaquín Santo-Domingo, que trabajaba a sus órdenes en ese departamento, fueron los dos responsables entrevistados por la auditoría del Deutsche Bank. elDiario.es contactó con Ignacio Ramiro a través del banco y con Joaquín Santo-Domingo, sin obtener respuesta.
Aunque nunca fueron imputados en la causa, ambos declararon como testigos en diciembre de 2014. Manifestaron que “su responsabilidad terminó cuando la totalidad de los fondos fueron transferidos” de las cuentas internas del banco a la cuenta de la UTE Cueto-Defex, gestionada por otra empleada de Deutsche Bank.
Esta gestora es la única empleada de la entidad alemana imputada en el caso por un presunto delito de blanqueo. Aunque ya no trabaja allí, Deutsche Bank avaló una fianza de 5,4 millones para evitar el embargo de los bienes de su entonces ya ex empleada, según un informe confidencial fechado en enero de 2020.
La repetida falta de controles con Defex
Esa falta de controles no fue un episodio aislado. Mientras la sede central del banco auditaba el caso Defex en Angola, el escándalo no parecía pesar en las decisiones del departamento encargado de aprobar las operaciones con riesgo reputacional.
En septiembre de 2014, apenas tres meses después de esos registros policiales, la filial española volvió a pedir luz verde para facilitar dos ventas de munición y vehículos blindados de Defex al Ministerio de Defensa de Irak por valor de 90 millones. Días después, el 22 de septiembre, la filial española remitió las operaciones para obtener la autorización del equipo de riesgos reputacionales, según las bases de datos internas de la entidad alemana.
En un primer momento, recibieron luz verde. Pero la aprobación despertó dudas en el banco y las operaciones se elevaron a la máxima autoridad de la entidad para la gestión de riesgos reputacionales, el Group Reputational Risk Committee (GRRC). En el último trimestre de 2014, este órgano se reunió dos veces para decidir sobre estas ventas de armas de Defex a Irak.
El rechazo a la operación con municiones no impidió al Deutsche Bank mantener como cliente a Defex casi dos años más. Hasta el 7 de junio de 2016 –dos años después del registro de las oficinas del banco– la entidad alemana no inició con urgencia un “ejercicio de recopilación de información” sobre Defex
Las preguntas planificadas por el comité GRRC para los responsables que aprobaron las operaciones de Defex en Irak muestran que para entonces ya conocían el escándalo de la armamentística española en Angola: “¿Por qué no hay ninguna objeción a trabajar con Defex a pesar de que hay pendiente un caso de corrupción?”, planteaban.
El informe trimestral confirmó la marcha atrás del banco sobre esta operación y el rechazo final a participar en la venta de munición. En el documento, los autores subrayaban que la primera autorización “había sido una gran excepción a la política del banco de rechazar transacciones que involucren munición en circunstancias similares”.
El rechazo no impidió al Deutsche Bank mantener como cliente a Defex casi dos años más. Hasta el 7 de junio de 2016 –dos años después del registro de las oficinas del banco– la entidad alemana no inició con urgencia un “ejercicio de recopilación de información” sobre Defex, según varios correos confidenciales. Este procedimiento, clasificado como “plan de emergencia”, buscaba identificar la exposición del banco con Defex –a principios de 2016 rondaba los 1,8 millones– y datos de las cuentas de la armamentística semipública.
La urgencia del dispositivo, clasificado internamente como “Fire Drill Report”, llevó al banco a moverse con velocidad. Un día después, el 8 de junio, bases de datos internas muestran que Deutsche Bank incluyó a Defex en una lista de control de pagos con una medida cautelar para “evitar los pagos salientes” al considerarla una “entidad crítica”.
El banco bloqueó operativamente a Defex en junio de 2016 para contener el riesgo, pero tardó meses en remitir información al organismo encargado de la prevención del blanqueo de capitales en España. Hasta diciembre de 2016 Deutsche Bank no envió al Sepblac un reporte de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) de Defex, según un informe confidencial de la entidad alemana.
El documento, enviado dos años después de que la policía irrumpiera en las oficinas en España y de las primeras detenciones por este caso, revela que el banco había identificado 9,1 millones en transacciones sospechosas de Defex entre 2011 y 2016 vinculadas con Brasil, Bahamas, Camerún, Suiza y Reino Unido.
Un portavoz del banco alemán no respondió a las preguntas concretas sobre Defex. Se limitó a señalar que no hace comentarios “sobre relaciones con clientes potenciales, antiguos o actuales”. Las sospechas “se revisan a través de procesos establecidos” y que “se toman las medidas oportunas cuando está justificado”. “Deutsche Bank no tolera ninguna forma de soborno o corrupción”, añade.
Los otros negocios sospechosos de Defex
La investigación de Defex descubrió que los negocios de la empresa pública en Angola eran solo la punta del iceberg. Las pesquisas de la Guardia Civil tras el inicio de la investigación revelaron un patrón de presuntos sobornos en otros países como Arabia Saudí, Camerún o Brasil. Varias de estas tramas tuvieron en común la presencia del banco alemán como facilitador financiero de las operaciones. A diferencia de Angola, los documentos a los que ha accedido elDiario.es no reflejan que el banco revisara después cómo se aprobó su financiación ni si aplicó suficientes controles.
El caso más claro es el de Camerún, el único de estos negocios que ya ha acabado en condena.
A finales de 2011, se cerró la financiación de uno de los mayores contratos de defensa de la historia de Defex: un macroproyecto de 100 millones para dotar al Gobierno camerunés de un sistema integral de vigilancia costera frente a la piratería marítima. Lo financió la filial del Deutsche Bank en España y fue respaldado con fondos públicos a través de la aseguradora CESCE, con mayoría accionarial del Estado. Para esta operación, Defex subcontrató los servicios de Deimos Space (filial de Elecnor), Aresa Marine y Airbus. Elecnor y Airbus eran también clientes del banco alemán.
El pasado septiembre, el Tribunal Supremo ratificó la condena de la Audiencia Nacional de dos años de prisión al ex directivo de Defex Manuel Iglesias-Sarriá por organizar un esquema de sobornos para asegurarse adjudicaciones con el gobierno camerunés mediante el pago de “gastos y dádivas” a autoridades locales, en un modus operandi similar al de la pata de Angola, caracterizado por el pago de mordidas, comisiones y regalos a intermediarios y funcionarios públicos.
La investigación reveló una red de intermediarios y sociedades interpuestas que canalizó casi 15 millones en comisiones. Las sentencias dieron por probado que Defex pagó “regalos, viajes, estancias hoteleras y operaciones de cirugía estética” al jefe militar del proyecto y a su esposa. La investigación destacó la “participación decisiva” en la trama del contralmirante camerunés Pierre Njine Djonkam, jefe del proyecto de vigilancia costera, que recibió regalos escondidos en contenedores marítimos, viajes a España y cirugía plástica para su mujer en una operación definida en un mail como “recauchutado” por el entonces director comercial de Defex, Iglesias-Sarriá, primo carnal del cantante Julio Iglesias.
Entre 2011 y 2014, al menos seis operaciones de Defex en Camerún –incluyendo el macrocontrato de 100 millones– recibieron “luz verde” del equipo de riesgos reputacionales del Deutsche Bank tras ser elevadas a la sede central por la filial española de la entidad alemana, según los informes internos a los que ha accedido elDiario.es en la investigación ‘Inside Deutsche Bank’. Todas las aprobaciones se emitieron antes de esos registros en julio de 2014.
Brasil: armamento, sobornos y Lava Jato
En Brasil, el rastro del dinero llevó a los investigadores hasta una cuenta de Defex en el propio Deutsche Bank. La empresa de armamento aterrizó en Brasil en 2011, al adjudicarse un macrocontrato para suministrar apiladoras y cintas transportadoras en Porto Sudeste, una terminal de mineral de hierro que construía la minera MMX.
Deutsche Bank estructuró la financiación del proyecto con dos líneas de crédito de 90 y 105 millones de dólares respaldadas con dinero público a través de CESCE. En diciembre de 2012, José Luis Pastor y Eduardo Más, dos directivos del departamento que llevaba la relación con Defex, enviaron un correo celebrando la firma de la segunda operación, muy rentable para el banco.
Tras sindicar –repartir– el crédito de 105 millones con otras entidades, el banco se quedó el 20%, unos 21 millones de dólares, con el riesgo cubierto al 99% por CESCE, y calculaba ganar con ello 5,1 millones a lo largo de su vida. Simon Sayer, jefe global de STEF del Deutsche Bank, festejó los números: “Excelente operación de STEF Madrid con un valor actual neto de más de 5 millones de dólares”.
La estrecha relación de Defex con Deutsche Bank la señalan los propios responsables del banco en esa cadena de comunicaciones internas: “Este acuerdo es la tercera operación [en referencia a Camerún y los dos créditos de Porto Sudeste] que cerramos con Defex en 12 meses y nos hemos posicionado como su principal socio financiero. De hecho, estamos trabajando con Defex en otros negocios”.
En 2016, El Economista y El Mundo revelaron una investigación de esta operación en una pieza separada de la causa de Angola por el supuesto pago de entre 7 y 10 millones de euros en presuntas comisiones, que afloraron tras una serie de transferencias sospechosas detectadas “a raíz del rastreo de una cuenta abierta por Defex en el Deutsche Bank”. Entre los beneficiarios, el español Gregorio Marín Preciado, acusado por la Fiscalía brasileña en la operación Lava Jato de ser uno de los intermediarios de sobornos de la petrolera estatal Petrobras.
Los contratos que Defex logró en Brasil “han podido ser concertados previo o mediante abono de cantidades o servicios a terceros, que pueden estar conectados con autoridades públicas”, según un auto de julio de 2016 que citó El Economista. La pieza fue archivada provisionalmente en marzo de 2025, aunque no se descarta su reapertura si aparecen nuevos indicios.
El banco inició una auditoría de la actuación de la filial española en la operación en Angola, pero los documentos a los que ha accedido elDiario.es no reflejan que revisara la actuación en el resto de proyectos de Defex investigados por la justicia. En el caso de Camerún, con una condena que el Supremo confirmó hace unas semanas.
El banco no explica por qué no investigó las operaciones de Camerún y Brasil y asegura a preguntas sobre este asunto que su marco de diligencia debida prevé “aprobaciones adicionales, escalados y, cuando procede, una revisión o investigación adicional” cuando se cumplen los criterios definidos.
Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), responsable de la liquidación de Defex a través de una entidad llamada Cofivacasa (la misma que gestionó la liquidación de la antigua Rumasa), no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este asunto.
Cesce subraya que, en la gestión de seguros por cuenta del Estado, como agencia de crédito a la exportación española, su modelo de gobernanza “garantiza la plena independencia en la toma de decisiones, manteniéndolas al margen de la propia sociedad aseguradora y de sus accionistas privados. Este esquema se sustenta en un modelo de gestión riguroso que contempla el análisis exhaustivo de riesgos y un estricto control documental previo a cada desembolso”.
Hasta el 22 de julio de 2014, las operaciones por cuenta del Estado de Cesce las aprobaba una comisión específica del consejo con mayoría de consejeros públicos y un vocal en representación de los privados. Desde entonces (tras estallar el escándalo Defex), competen a la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado (CRE), órgano interministerial 100% público. “Los accionistas privados no tienen representación ni intervienen en las decisiones de la cuenta del Estado”.
“Cesce cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales en prevención de la corrupción al aplicar las directrices de la OCDE, exigir declaraciones obligatorias de integridad a los exportadores y reservarse la capacidad legal de cancelar o retirar la cobertura ante cualquier práctica irregular”.
Entre esta actividad y la que ejerce por cuenta propia en condiciones de mercado “existe una estricta separación legal, operativa y financiera, que garantiza la imposibilidad de cualquier trasvase de operaciones; cuenta con contabilidades separadas y un modelo de gobernanza que aísla formalmente la aprobación de las operaciones por cuenta del Estado del ámbito societario de Cesce y, por lo tanto, de su Consejo de Administración”.
Edición de Natalia Chientaroli. Con información de Craig Bentley-McKune, periodista del Financial Mail (Sudáfrica)