El sector de los centros de datos cree que el nuevo decreto del Gobierno también es “incumplible” y tiene “ilegalidades”
El sector de los centros de datos ve “incumplible” el nuevo borrador de decreto del Gobierno para regular estas infraestructuras, en el que las empresas afectadas aprecian “bastantes alegalidades o ilegalidades”, niegan que se haya “suavizado” y aseguran estudiarán recurrirlo en los tribunales si finalmente se aprueba en su redacción actual.
La patronal del sector, Spain DC (que dirige la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís) todavía no ha hecho pública su posición tras conocer el nuevo texto remitido el lunes a ese órgano consultivo por el Ejecutivo, que quiere aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes del sector reclaman “que se acabe con la urgencia” para aprobarlo y creen que si llega a entrar en vigor las empresas valorarán acudir a los tribunales, aunque es “muy pronto” para detallar qué vía utilizarán por no conocer qué texto se aprobará finalmente.
Spain DC cifró hace unas semanas en 9.000 millones la inversión que está en riesgo con el primer borrador. Las citadas fuentes del sector aseguran que esos 9.000 millones “no es que estén en peligro”, es que se están retirando ya de España, y que están “en riesgo” los 67.000 millones anunciados en inversiones del sector en nuestro país. “Sin duda” hay inversiones que se van a trasladar a otros países, afirman.
Las citadas fuentes aseguran que la nueva propuesta “invade competencias” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de las comunidades autónomas, carece de proporcionalidad y adecuación y no existen motivos de urgencia para aprobarla.
El nuevo texto, afirman, es “el peor escenario posible”. “Se nos hace elegir el tipo de soga con el que queremos ahorcarnos”. Niegan que el nuevo borrador suavice la propuesta inicial, al ofrecer un periodo transitorio para adaptarse a los requisitos de consumo de renovables a cambio de aceptar cortes de suministro si hay tensiones en el sistema mediante un mecanismo que gestiona Red Eléctrica. El consumo hora a hora con un mínimo de renovables (la llamada correlación horaria) “es una barbaridad”. Piden que se calcule con un periodo más amplio. “Mensual, anual, tendría sentido”.
Lo que se plantea, afirman, supone “estar expuestos a que se nos apague a voluntad del Gobierno”, de forma “indefinida” y “no remunerada”. “Estamos pagando las consecuencias del apagón del Gobierno”, aseguran. “Nos consolidamos como el peor sitio para invertir en centros de datos” en Europa, cuando son “la estructura más estratégica a la que puede aspirar un Estado”.
Esas fuentes rechazan la no invocación de la normativa TRIS (Technical Regulation Information System) europea, al afectar a asuntos relacionados con la sociedad de la información, que tienen que ver con los datos y la libre competencia. Según esas fuentes sectoriales, “este procedimiento debe ser invocado para que la Comisión Europea dé su visto bueno al trámite. Entendemos que se tiene que hacer por el Gobierno esta petición”. Ese dictamen llevaría dos meses, lo que impediría la aprobación del decreto (que solo requiere del visto bueno del Consejo de Ministros) antes de las elecciones.
El sector lamenta que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las recomendaciones de la CNMC y que los cambios son tan relevantes que ese organismo debería de volver a analizar el nuevo texto. Si bien consideran “buena noticia” que el umbral de potencia por el que aplicaría esta nueva normativa pase de 1 a 10 megavatios (MW), “tampoco hay tantos” centros afectados. Afirman que ese periodo transitorio es “insuficiente”, porque “un data center no puede nunca cortar el suministro” y “es un sistema que funciona 24/7”.
“Es inaceptable que podamos ser cortados de la red n veces”. “Puede producir caídas y apagones en el sector digital”, siendo “la única industria a la que se aplica esto si quiere aliviar ese 80% de adicionalidad y correlación horaria. Es como si no se hubiera hecho nada en este punto”.
Doble rasero
Las empresas vinculadas al negocio de data centers ven además un doble rasero en la nueva propuesta. Aseguran que existe una “discriminación” para la gigafactoría de IA que el Gobierno promueve en Tarragona, que queda “exenta” porque “no cumple” esos requisitos. Piden al Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones, “del color que sea”, que les tenga “en cuenta”. Subrayan que las condiciones de España “probablemente no son las más idóneas para unos parámetros de eficiencia energética tan exigentes”. Y rechazan “soluciones transitorias” para infraestructuras que son “para 15-20 años”.