Siete de cada diez empresas en España no tienen en cuenta el impacto en la infancia en su actividad
Los niños y adolescentes están presentes en la actividad de prácticamente cualquier empresa: utilizan plataformas digitales, reciben publicidad, consumen productos, dependen de las condiciones laborales de sus familias o se ven afectados por las decisiones empresariales sobre el medioambiente. Sin embargo, siete de cada diez empresas españolas siguen sin tener en cuenta ese impacto en sus políticas. Esa es la principal conclusión del informe ‘Todas las empresas impactan en la infancia’, elaborado por UNICEF España junto al Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE University.
El estudio analiza 75 empresas a través de 34 indicadores relacionados con los derechos de la infancia. Las compañías pertenecen a diez sectores representativos de la economía española y han sido elegidas por su capacidad de influencia.
El trabajo sitúa a los sectores de energía, consumo y salud como los que más han avanzado en la integración de esta perspectiva. Mientras que turismo y viajes, tecnología y gaming (sector de los videojuegos) y estética obtienen las peores puntuaciones. Según los investigadores, una de las razones es que los sectores más regulados o con una relación más directa con la infancia han incorporado antes mecanismos de protección específicos.
“Todas las empresas impactan en la infancia”, resumió durante la presentación del informe el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera. “El reto principal no es crear nuevas estructuras de gestión, sino evolucionar las actuales para que integren de forma explícita, transversal y medible los derechos de la infancia”, añadió.
Algoritmos que enganchan, publicidad y prevención
Más allá de las puntuaciones, el informe identifica las principales fortalezas y debilidades de cada sector. En tecnología y gaming, una de las principales preocupaciones es el diseño de plataformas y videojuegos pensados para maximizar el tiempo de uso. Los investigadores alertan de algoritmos concebidos para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo y de una escasa evaluación de riesgos en funciones como los chats, donde menores pueden interactuar con adultos. Como contrapartida, destacan el buen cumplimiento de la normativa sobre privacidad y protección de datos.
En alimentación y consumo, muchas empresas impulsan campañas para fomentar hábitos saludables y algunas cuentan con catálogos de productos especialmente orientados a una alimentación sana. Sin embargo, el estudio detecta una contradicción: los productos menos saludables continúan situándose con frecuencia en los puntos de pago y a la altura de los niños, favoreciendo decisiones de compra impulsivas.
El sector de la estética recibe una de las peores valoraciones por sus estrategias de marketing. Los autores del informe muestran su preocupación por campañas que fomentan la adultificación infantil mediante la promoción de determinados productos o modelos estéticos.
En turismo, las empresas suelen disponer de protocolos para actuar cuando ya se ha producido una situación de riesgo, pero presentan importantes carencias en prevención y en la formación específica del personal sobre derechos de la infancia.
El estudio también detecta debilidades en el sector textil, donde muchas compañías cumplen la legislación local pero apenas ofrecen información sobre el control de las condiciones laborales en proveedores internacionales, y en el sector energético, donde, pese al avance en políticas ambientales, apenas existen referencias a medidas relacionadas con la pobreza energética o el apoyo a familias vulnerables.
Mucho más que evitar el trabajo infantil
El informe insiste en que integrar los derechos de la infancia va mucho más allá de impedir el trabajo infantil. También implica evaluar cómo afectan las decisiones empresariales a la conciliación familiar, la maternidad y la paternidad, la protección de trabajadores jóvenes, las condiciones de las comunidades proveedoras o el bienestar de niños y adolescentes como consumidores y usuarios.
En este sentido, UNICEF alerta de que el 76% de las empresas analizadas se limita al cumplimiento regulatorio básico en materia de conciliación y condiciones laborales familiares, mientras que el 93% no aporta evidencias de que supervise de forma efectiva las condiciones de trabajo en su cadena de suministro más allá de declaraciones generales de compromiso. Además, el 82% carece de mecanismos verificables para garantizar una publicidad y un marketing responsables dirigidos a menores.
Para José María Vera, las empresas tienen una oportunidad para convertir ese impacto inevitable en un impacto positivo. “La infancia debe ser considerada un grupo de interés, igual que otros colectivos cuyos riesgos ya forman parte de la estrategia empresarial”, defendió.
El entorno digital, uno de los grandes retos
Sobre las restricciones al acceso de menores a las redes sociales impulsadas por países como Australia o Reino Unido. UNICEF considera que limitar el acceso puede formar parte del debate, pero advierte de que una prohibición por sí sola no resolverá el problema. “Solo con una medida prohibicionista no va a cambiar nada”, afirmó el director ejecutivo de la organización, que defendió una estrategia más amplia basada en plataformas diseñadas pensando en la seguridad de los menores desde el inicio, una mejor verificación de edad, educación digital para familias y adolescentes y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas.
El informe concluye con una batería de recomendaciones que pasan por reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés en la estrategia empresarial, medir el impacto de las decisiones sobre la infancia, incorporar la protección infantil desde el diseño de productos y servicios, desarrollar políticas de marketing responsables y escuchar de forma sistemática a niños y adolescentes en aquellas decisiones que les afectan.
Las recomendaciones
El informe concluye que las empresas tienen margen para convertir ese impacto inevitable sobre la infancia en una oportunidad de mejora. “Proteger a la infancia no consiste en aislarla, sino en diseñar productos, servicios y entornos que tengan en cuenta sus derechos desde el principio”, concluyó Vera.
Entre sus principales recomendaciones, figuran reconocer a niños y adolescentes como un grupo de interés específico. Incorporar indicadores para medir el impacto de las decisiones empresariales. Garantizar entornos digitales seguros desde el diseño de productos y servicios. Reforzar las políticas de protección frente a cualquier forma de violencia, adoptar prácticas responsables de marketing y publicidad y escuchar la opinión de la infancia en aquellos ámbitos donde las decisiones empresariales les afectan directamente.