Trabajo acuerda con sindicatos y patronal una mesa para monitorizar los efectos de la guerra en Irán en la economía española

Laura Olías

5 de marzo de 2026 13:32 h

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, citó este jueves a los líderes de los agentes sociales para abordar la situación de empresas y trabajadores ante la guerra iniciada en Oriente Medio, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán. El encuentro, al que no ha asistido el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, por problemas “de agenda”, se ha saldado con un compromiso de crear una mesa de monitorización sobre cómo afecta esta crisis internacional a la economía y el tejido productivo en España, que han pedido los agentes sociales, ha explicado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha comparecido tras la reunión para mandar un “mensaje de tranquilidad” a los trabajadoras, las empresas y los autónomos del país. “Lo que estamos haciendo simplemente es prepararnos”, ha explicado Yolanda Díaz, que ha destacado la experiencia del Gobierno en gestionar varias crisis en los últimos años, como la pandemia, la desatada por la guerra en Ucrania y por el volcán de la Palma o la dana de Valencia.

Tanto Díaz como los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han sostenido que este primer encuentro ha sido muy inicial, de valoración de la situación, aún muy marcada por la incertidumbre. No solo por la guerra en Oriente Medio, sino también por las amenazas comerciales de Donald Trump, aún sin definir en la práctica y con muchas dudas sobre su legalidad e, incluso, su verdadera intención de aplicarlas.

Los líderes sindicales han mostrado su apoyo explícito a la postura de España en este contexto internacional, resumida en el “no a la guerra” de Pedro Sánchez, y han reclamado una postura “fuerte” y “unida” de la Unión Europea en este sentido. “El posicionamiento del Gobierno de España nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos”, ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ha sostenido que la soberanía “no se demuestra con pulseras” sino con acciones en el día a día como estas.

Primeras consecuencias: aumento de precios energéticos

De momento, la primera consecuencia inmediata de este conflicto internacional ha sido el aumento repentino de los precios del petróleo y del gas, que ya se está repercutiendo a los ciudadanos y las empresas, por ejemplo en el precio de la gasolina.

Los líderes sindicales han recordado que este aumento de costes energéticos, que aún se desconoce hasta dónde llegará, puede desembocar en aumentos del precio del transportes y, “en cascada”, repercutir en un aumento de precios del resto de la economía y presionar al alza la inflación. En este escenario de nuevo aumento de precios, son especialmente vulnerables los colectivos más desfavorecidos, con menor poder adquisitivo, han recordado.

Así, la herramienta de monitoreo permitirá valorar la situación en cada momento y evaluar qué medidas son necesarias, como ha ocurrido con crisis anteriores, como la de Ucrania, en la que se desplegaron ayudas en los carburantes para los transportistas y el resto de la población, por ejemplo.

Aunque Yolanda Díaz ha afirmado que esta herramienta de monitoreo la han reclamado los dos agentes sociales, fuentes de la patronal precisan que la petición de este “observatorio” ha partido de los sindicatos.

Sin medidas aún, pero “preparados”

Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez han explicado que el encuentro de este jueves no se ha saldado con ninguna medida específica que tomar, pero sí se han recopilado todas las que ya hay disponibles en la legislación vigente.

El que Díaz ha llamado como “escudo laboral”, como los ERTE o el Mecanismo Red para proteger a empresas y trabajadores en caso de crisis, así como otras medidas que se han implementado en el pasado, como topes a precios energéticos en la llamada excepción Ibérica y el “escudo social” con medidas de apoyo a los hogares más vulnerables, cuya prórroga tumbó recientemente la derecha en el Congreso. “Estamos preparados”, ha reiterado la vicepresidenta segunda.

Los dirigentes de CCOO y UGT han reclamado además que el Gobierno explique el coste fiscal de todas las políticas de apoyo con dinero público que se pongan a disposición de la ciudadanía y las empresas por esta crisis. “No puede ser que desde los recursos públicos se hagan los esfuerzos que se hacen y luego cale en la sociedad española esta trampa anti impuestos, esta idea de que hay que rebajar los impuestos”, ha sostenido Unai Sordo, secretario general de CCOO.