El Tribunal Supremo ha acordado hoy pedir al Ministerio de Industria las auditorías de los costes de mantenimiento y operatividad por parte de Enagás en relación con las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, para determinar si los costes eran o no pertinentes.
El Alto Tribunal responde así a un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, que se oponía a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas.
En concreto, se trata de establecer si las cantidades abonadas -una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de los gastos de operación y mantenimiento de una cuantía adicional de 42,3 millones de euros- son pertinentes “o responden a otros intereses”.
En su recurso, la administración catalana consideraba que el coste de mantenimiento de la instalación no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio.
Además, el Tribunal Supremo solicita que Industria entregue la notificación a la Comisión Europea del pago a Enagás de 17,3 millones de euros, en caos de haberse efectuado el pago, y en caso contrario, que acredite que no se llevó a cabo.
Enagás finalizó el pasado mes de marzo el proceso de hibernación -cierre temporal- del Castor; en septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.